Vivimos una época altamente politizada, que se puede resumir como la definición entre dos posturas claramente divergentes. Por un lado están quienes privilegian un Estado más pequeño abrazando el ideario neoliberal, y por otro los que apoyan la filosofía del bienestar social garantizada por el Estado.

El economista austríaco Friederich Hayek, muy seguido en Occidente y en Chile, entrega desde el liberalismo una argumentación en contra de cualquier tipo de intervención estatal exagerada en la vida de las personas, y en especial desde el punto de vista económico.

La idea de justicia social, identificada plenamente con los resultados de las políticas del Estado Social de Derechos, es para Hayek algo sencillamente indeseable. Reconoce sin objeciones que la distribución de la riqueza es injusta, y lo sería más aún si hubiera sido deliberadamente planificada. Sin embargo, cree que al ser tales "injusticias" creadas por el ·mercado· en condiciones de total libertad, es muy difícil aceptar que dicha distribución sea verdaderamente injusta, dado que el mercado no puede hacerse cargo del carácter moral de sus actos. Hablar de justicia e injusticia con respecto a una distribución que nadie ha creado, es para Hayek un error.

El mercado es libre, y como tal, produce resultados que no han sido previstos ni planeados, sino que son espontáneos. Indudablemente, los resultados podrían manejarse, pero sólo en aquellos casos que sean considerados como excepcionales.

Hayek rechaza de plano la intervención sistematizada del Estado en búsqueda de la justicia social, pero sí reconoce que éste debe utilizar mecanismos coercitivos para obligar a sus ciudadanos a prestar una ayuda a los más desfavorecidos (discapacitados, ancianos, desempleados, etc.), con el objetivo de asegurar la supervivencia primero, y también insertarlos dentro de la sociedad de la mejor manera posible. Los ciudadanos, más que el Estado, deben cooperar y apoyar.

He aquí el liberalismo en su clásica acepción, y aunque en Chile hay variantes que si bien suscriben estos postulados, le agregan componentes sociales que hacen menos ortodoxos dichos planteamientos. Es más, me atrevería a decir que el pensamiento de las grandes mayorías está bastante alejado de estas ideas conservadoras.

La buena noticia para Chile es que hay una argumentación innovadora que revitaliza la filosofía política y económica. Es el concepto de una sociedad regida por la economía de mercado, y a la vez diseñada desde su estructura básica para beneficiar socialmente a los menos aventajados, sin instaurar un régimen redistributivo del ingreso basado en principios arbitrarios, como se intentó hacer desde la fallida Convención Constitucional (y como continúan intentando hacerlo varios miembros del actual gobierno).

Es decir, una nueva argumentación que propone la idea de un Estado sólido cuya meta es la justicia social, pero con plena libertad de elegir democráticamente, para evitar una ruptura a través del excesivo intervencionismo estatal.

Este concepto se constituye en una respuesta maciza a la doctrina ultra conservadora, pero más contundente aún ante las propuestas "estatizantes" de la extrema izquierda que pretenden asfixiar el libre albedrío, coartando las posibilidades de elegir entre diferentes alternativas y maniatando la libertad de emprender con autonomía democrática.

Con esta filosofía moderna de mercado, en cambio, se incentiva y favorece la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir los principios de la justicia social, sin que ello implique la opresión de un segmento de la población, ni la destrucción de las libertades individuales.

"El mercado es libre, y como tal, produce resultados que no han sido previstos ni planeados, sino que son espontáneos. Indudablemente, los resultados podrían manejarse, pero sólo en aquellos casos que sean considerados como excepcionales".

El ejercicio periodístico y académico obliga constantemente a poner en tensión las estructuras de poder, y criticar abiertamente la gobernanza local y nacional. Es un deber que la academia tenga su opinión política (no ideológica) sobre temas país-región, sustentada en análisis teóricos y la experiencia práctica de hacer docencia, investigación y vinculación con el medio. Es a raíz de estas consideraciones que, aunque saquen ronchas a quienes 'se deban poner el saco', es tremendamente cuestionable hacer lecturas sesgadas de la construcción de realidades sin exponer la multiplicidad de variables que tiñen la política contingente, e imponer una 'tiranía del pensamiento'. Aun cuando las discusiones podrían ser de 'poca monta' como los espectáculos bochornosos que se dan en el Concejo Municipal de Antofagasta, una baja política, vale la pena al menos ofrecer una visión crítica sobre nuestra idiosincrasia política y cuestionarnos las narrativas imperantes en el Chile actual.

Fue por allá en 2018, en plenas movilizaciones feministas, que escuché del mismo estudiantado el concepto de 'adultocentrismo', refiriéndose a la capacidad de los/as adultos/as de imponer sus puntos de vistas para resolver los conflictos estudiantiles. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este fenómeno es definible como una especie de dictadura de los mayores hacia menores de 18 años, que refuerza la idea de que la adultez es la que "lleva el sartén por el mango" (diario Uchile, 03/11/2017). En Estados Tóxicos (El Mercurio de Antofagasta, 24/05/2020), los grados de madurez sólo están dados por las exigencias de la institucionalidad hacia la ciudadanía, pero las responsabilidades estatales están muy limitadas en función de una pobre subsidiaridad tan obvia en modelos neoliberales. Esta sensación me dejan las lecturas de intelectuales como Carlos Peña (La Tercera, 16/10/2022) y las narrativas que hablan de un 'estallido delincuencial' o de un 'lumpen anarquista organizado' (biobiochile.cl, 19/10/2022), caracterizando a la violencia, saqueo y desmanes ocurridos a tres años del 18/O.

Las construcciones de las historias de los países tienen profundos componentes políticos e ideológicos, inclusive de género y raciales. Asimismo, no es posible la justificación de la violencia bajo ningún punto de vista, dado que atenta contra las democracias saludables y el derecho a vivir en paz (Víctor Jara, 1971) de cualquier/a ciudadano/a. Un Estado responsable debe asegurar una sana convivencia del pueblo y su protección. Por ende, las lecturas de Estallido/Revuelta social debieran motivar análisis antropológicos y sociológicos que nos permitieran entender por qué el país pareciera estar en una eterna 'revuelta y desobediencia civil' (Henry David Thoreau, 1849). El informe "Radiografía del Cambio Social" del Centro de Estudios y Cambio Social (COES) de la Universidad Alberto Hurtado, y otras instituciones asociadas, precisa que el 18/O sólo fue el momento máximo de ebullición de una serie de movilizaciones, producto de demandas sociales. Posterior a esto, las reivindicaciones se fragmentaron, y si bien la Pandemia del Covid-19 paralizó las expresiones callejeras, la misma división hizo que la calle fuera desarrollando otros tipos de violencia.

La Directora del COES, María Luisa Méndez señala que los problemas de confianza institucional se agudizaron con el 18/O y la Pandemia, lo que generó problemas de legitimidad, pues las instituciones ya no se percibieron como lugares para apoyarse; de aquí que aparece el fenómeno de hacer violencia con las propias manos y el cuestionamiento de quienes tienen la legitimidad para ejercer violencia (Radio Cooperativa, 17/10/2022). Este análisis es uno de los tantos que se han escrito sobre el aumento de la inseguridad ciudadana, y la academia como élite intelectual no brilla por su ausencia como diría Carlos Peña (La Política de la Identidad, 2021). En su oportunidad, también me referí al Estallido como una crisis institucional-ciudadana y la serie de artículos y libros en torno a la problemática han ido generando discursos más cercanos a la realidad y no sólo a la teoría simplista de una 'marginalidad desbocada'. Sin duda, el país requiere un real pacto político en torno a la violencia e inseguridad ciudadana, pero también necesitamos mecanismos de inteligencia que monitoreen el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Esto no puede ser un saludo a la bandera, sino la necesaria articulación de toda la actoridad política nacional, regional y local en función de la paz cívico-ciudadana.

"De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este fenómeno es definible como una especie de dictadura de los mayores hacia menores de 18 años, que refuerza la idea de que la adultez es la que "lleva el sartén por el mango".