Fue durante el concejo municipal del miércoles 27 de julio, del presente año, que el concejo municipal de Antofagasta (después del mega incendio en el sector de La Chimba a inicios de junio), aprobó el traspaso de $130 millones para la contratación de personal de seguridad para el exvertedero municipal, a fin de evitar nuevas quemas y posibles nuevas emergencias. No obstante, a poco más de tres meses de dicho concejo, el exvertedero municipal sigue sin el resguardo necesario, generándose nuevos focos de basura y quemas.

Para la concejala Karina Guzmán, la demora en estas gestiones particulares, es precisamente por ineficiencia de la actual administración. "El alcalde no tiene las competencias necesarias para realizar las acciones que permitan solucionar de forma real el problema de las quemas. Pregunté en el último concejo ordinario, no hay ningún avance, ninguna fiscalización (...) el día martes fui a la quema grande que hubo en el PET, fui hasta el sector de Abracita con Héroes de la Concepción, y noté que hay cerros de basura, y en cantidades que nunca antes habían estado. Ese mismo día hubo un incendio adentro del vertedero, situación que informé y todo, pero hasta le fecha no hay guardias, no hay cámaras, no hay cierre, no hay nada. No se nos ha informado de nada".

Agregó que "esta administración, este alcalde no dirige bien los equipos, no tiene plan de trabajo. Sé que hay profesionales tratando de hacer la pega, pero creo que el problema está en el alcalde, quién no tiene la capacidad de realizar una gestión en conjunto con las autoridades que también pueden ver el tema. Solo sabe hacer sus shows mediáticos. Para el lado norte, estamos todos abandonados", dijo.

Una opinión similar manifestó que el concejal Luis Aguilera, al sostener que "lamentablemente hasta la fecha no hay avances, hoy el vertedero no cuenta con guardias, por lo tanto siguen habiendo quemas, además de un potencial abandono de deberes por parte del alcalde al no hacerse cargo de un bien inmueble municipal, que está por decreto, traspasado de Bienes Nacionales al municipio", indicó.

Plan Comunal de Seguridad Pública

Consultado respecto a los avances del plan comunal de seguridad pública, el cual fue presentado y aprobado el 9 de septiembre por el director de seguridad pública Luis Fres, Aguilera manifestó que tampoco existen avances, y que el cumplimiento de algunos objetivos parecen difícil de implementar.

"Creo que ha habido mucha rimbombancia respecto a ese plan y el objetivo de instalar 100 cámaras de televigilancia. Hay que esperar que a la brevedad posible el municipio pueda generar la instalación de cámaras en la comuna porque hoy solo tiene 4. No hay que olvidar que el tema de las cámaras, dentro del plan comunal, es parte de un proyecto al que todavía hay que postular", dijo.

Cabe indicar que el nuevo plan de seguridad compromete, además 30 patrullas municipales y 4 pórticos lectores de patentes.

Antecedentes

Consultado por ambos temas, el concejal Camilo Kong, explicó que "respecto del personal de vigilancia en el ex vertedero, el próximo miércoles se va a votar el tema al concejo ordinario, y estaremos revisando los antecedentes (...) respecto del plan de seguridad pública, lo que he manifestado desde el principio es que ese plan es una orientación solamente y que todavía le falta traducirlo en programas y políticas publicas más concretas, como agregar el tema de los patrullajes 24/7. Entre eso y otras cosas más no se ven avances concreto. Creo que durante este año tampoco se verán, pero espero que el próximo año sí se puedan dar y podamos tener mayor seguridad en el sector".

Consultado por algunos avances, ya sea en la contratación de guardias, como con el plan comunal de seguridad pública, ni el alcalde Jonathan Velásquez, ni el director de Seguridad Pública del municipio, Luis Fres, quisieron referirse al tema.

Generar una efectiva integración de los trabajadores con discapacidad es el espíritu de la Ley 21.275 que entra en vigencia a partir del 1 de noviembre, a dos años de su promulgación, y que modifica el Código del Trabajo, estableciendo nuevas exigencias para promover políticas que garanticen de manera eficaz la inclusión laboral.

Las obligaciones son para aquellas empresas que cuentan con 100 o más trabajadores que deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

Uno de los aspectos relevantes de esta normativa es la figura del gestor de inclusión laboral en el área de recursos humanos, quien deberá contar con los conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral.

La seremi del Trabajo Camila Cortés sostuvo que las nuevas disposiciones de la ley " buscan promover prácticas que fomenten condiciones de trabajo con estándares adecuados para personas con discapacidad, promoviendo que todos los trabajadores puedan propender a una mayor realización de manera igualitaria y, teniendo como objetivo principal avanzar hacia relaciones laborales más integrales".