Tras casi un año y medio desde que se reveló el escándalo de dos veterinarios que inocularon a un número indeterminado de calameños con vacunas "óctuple", utilizada para tratamiento de enfermedades en canes, el litigio en los tribunales de la capital loína sumó un importante capítulo.

Ello a raíz que la inverosímil historia obligó al Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) a iniciar una inédita reclamación ética ante el primer juzgado civil de Calama. Una acción sin antecedentes en la historia judicial reciente y que, de acuerdo al Colmevet, permitiría establecer un precedente para casos similares, y a la vez impedir, eventualmente, la asociación de ambos profesionales al colegio de la especialidad.

Allanamiento parcial

El miércoles pasado se realizó la audiencia de conciliación que buscaba llegar a un acuerdo o salida alternativa al juicio con ambos acusados sostienen ante el primer juzgado civil de Calama. Sin embargo, de acuerdo Diego Gallegos, abogado representante del Colmevet, ello no fue posible por cuanto, C.R.P.C., principal profesional acusado del caso, solo propuso como condiciones para el acuerdo, ofrecer disculpas públicas por la conmoción causada. C.P.C. sin embargo, representado por el abogado Alfredo Calderón, insistió en su declaración que se autovacunó, pero que no inoculó familiares, ni tampoco propició la vacunación en terceros, esto pese a reconocer ante la seremi de Salud que fue el autor del falaz informe "Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19" el que habría distribuido entre la comunidad de veterinarios de Calama a inicios de la pandemia y que sirvió de sustento "teórico" para realizar las múltiples inoculaciones.

"No se dio lugar a la conciliación", sostuvo Diego Gallegos, abogado del Colmevet "ambos reclamados comparecieron. En el caso del reclamado C.R.P.C. ofreció allanarse en sus propios términos, es decir, ofrecer disculpas públicas a través de un comunicado y no reconocer las inoculaciones a terceros. En el caso de M.F.M.B. fue la primera vez que comparecía en el proceso y no mostró mucho interés tampoco. Nos preocupa mucho que esta persona refiera estar en una clínica veterinaria. Una persona que afirma que experimentó con seres humanos, inoculándolos con óctuple canina, nos parece que se debe evaluar cómo es que sigue operando en una clínica veterinaria", sostuvo.

Para los representantes del Colmevet las afirmaciones de C.P.C., quien sostuvo que redactó el polémico informe para fines personales, resultan abiertamente contradictorias, por cuanto, existen pruebas documentales de la circulación del reporte entre numerosos médicos veterinarios de la ciudad.

"Es muy contradictorio afirmar algo de ese modo. Nadie hace un informe personal, para informarse a sí mismo. Nadie hace eso. Es tan absurdo que la misma M.F. M. indicó que tomó ese informe para vacunar a terceros", indicó Gallegos.

Inédita reclamación

La revelación respecto al centenar de loínos que habrían sido vacunados con vacunas caninas durante el primer semestre del 2020, impactó transversalmente a la comunidad de profesionales veterinarios del país. Defender la práctica responsable de la profesión fue en parte, lo que animó a la directiva del colegio, encabezada por María José Ubilla, a interponer la inédita reclamación ante un tribunal civil.

Entre los antecedentes presentados ante el primer juzgado civil de Calama, resalta un compendio de al menos 15 publicaciones de diversos medios internacionales donde se reprodujo la insólita situación.

Para Gallegos, este documento no solo refleja el impacto del hecho, sino que contribuyó a perjudicar abiertamente a toda una comunidad de profesionales chilenos.

Tras la fallida audiencia de conciliación, el proceso continúa con la fijación de los hechos controvertidos que deberán ser probados o documentados durante el juicio. Entre ellos, la efectividad de haber inoculado a terceros, la elaboración del informe y las diversas transgresiones a la práctica ética de la medicina veterinaria.

"Tenemos bastante material probatorio", afirma Gallegos. "El problema va a ser al final del día, y es lo que nos tiene nerviosos, que el tribunal declare que sí se cometieron transgresiones graves a la ética. Y esto porque los códigos de ética no son ley, pero la Corte Suprema se pronunció el 2018 en relación al valor de los códigos de ética para construir estándares de conducta y, por ejemplo, son usados para efectos médicos para definir lo que se llama lex artis que es utilizado para determinar si hubo o no negligencia médica".

"Lo que creemos es que nuestro código puede determinar un estándar de conducta. Creemos que esta es una apuesta jurídica, que el tribunal de Calama se tiene que atrever y sancionar éticamente a estas personas. Es cierto que no hay precedentes, pero si hay que llegar hasta la Corte Suprema lo vamos hacer porque el nombre de los médicos veterinarios a lo largo del país se ha mancillado de forma, de verdad, vergonzosa", puntualizó.