Franco Bruna Ortiz

Esta proposición se sustenta en tres pilares fundamentales: la mantención de la capitalización individual por medio de aportes obligatorios, la creación de un seguro social que otorgara un 6% adicional con cargo al empleador, y un aporte estatal por medio de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual será aumentada paulatinamente a 250 mil pesos, siempre y cuando sea aprobada la reforma tributaria también presentada por el gobierno.

Adicionalmente, esto conllevaría el final de las AFP, las cuales serían reemplazadas por Inversiones de Pensiones Privados (IPP) que solo se centraran en invertir y no en administrar las cotizaciones. A su vez, también se creará un ente público que se centre en esta función, siendo los trabajadores libres de escoger en cual sistema participar.

La respuesta a esta revelación ha sido de impresiones encontradas. A la hora de preguntarle a especialistas sobre la reforma, se hallan puntos de confrontación en torno a la interpretación de ciertas medidas y los aspectos que esta propuesta no consideró en detalle.

"En mi opinión es un cambio positivo. Si bien hay preocupación por el uso de los fondos y el rol que tendrá el Estado, creo que la gran mayoría estaba de acuerdo que se necesitaba una inyección de dinero, considerando que otros caminos como instalar mayores sueldos serían muy difíciles de instaurar en el corto plazo", señaló el profesor del Departamento de Economía de la UCN, Dusan Paredes.

Por su parte, el director del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Rafael Sanchez considera que "si bien la propuesta tiene varios elementos positivos, tiene un par de temas bien importantes en donde se necesita más información, ya que pueden ser extremadamente negativos dependiendo de cómo se hagan".

¿SISTEMA DE REPARTO?

Uno de los temas a los que Sanchez hace referencia es el seguro social. Se ha hecho énfasis en que este 6% adicional sería dado de manera gradual, con la idea de que se puedan cubrir las llamadas "lagunas previsionales". A su vez, este porcentaje iría a un "Fondo Integrado de Pensiones", el cual busca complementar los fondos que reciban las familias de menos recursos.

Mientras un 70% de ese 6% se registrará de acuerdo con el valor cotizado por el empleador, el 30% restante se registrará como el valor promedio de todas las personas inscritas en el sistema, dando una cantidad de dinero idéntica a cada una en esa fracción.

Para el académico esto implicaría el primer paso para la instalación de un sistema de reparto, desde la base que más allá de que sea solo en una fracción, los trabajadores ya tendrán que otorgar fondos orientados a financiar la pensión de otras personas.

"Dentro de los antecedentes que conocemos, se crea este seguro social donde se generan las cuentas nacionales, lo que básicamente equivale a un sistema de reparto. El trabajador cotiza, y parte de esa plata en el fondo irá a los jubilados, contribuyendo a su pensión. Ahora, esta cuenta llevaría un registro de todo lo que cotiza la persona y eventualmente recibirá una pensión en base a la fórmula señalada", explicó Sanchez.

"Hay que ver como se plantea el proyecto en detalle, pero a primeras estaríamos pasando a eso, además de que se plantea que dejaran de existir las AFPs, y la estructura entre lo administrativo y lo que envuelve inversión se divide", agregó el docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Rodrigo Henriquez.

Paredes discrepa con sus pares al respecto: "Este es un sistema mixto, que requerirá de un largo plazo para establecerse, pero en ningún caso implica la instalación de un sistema de reparto. Además de que este no tiene evidencia de ser viable a largo plazo".

MERCADO LABORAL

Uno de los puntos en los cuales los especialistas coinciden, es en la poca consideración que la propuesta tuvo con respecto al mercado laboral y las condiciones de productividad que tienen los trabajadores chilenos. Para ellos, los cambios en pensiones deben ir de la mano con intervenciones en temas como la edad de jubilación o la informalidad.

"Mientras no se aborden las problemáticas en esa área, seguiremos teniendo problemas con las pensiones, independiente de todos los cambios que se le puedan hacer al sistema. Hubiera sido bueno ver una nivelación de la edad de jubilación, y luego una indexación de esta de acuerdo a la expectativa de vida, al igual que lo hacen muchos países de la OCDE. Esta reforma no hace nada por tratar esos problemas", concluyó Sanchez.

Dusan Paredes es también parte de la Comisión Asesora Nacional de Evaluación y Productividad. Según él, esta institución le ha hecho saber al presidente Boric de la importancia de estos temas.

"La reforma de pensiones descansa totalmente en la productividad de las personas, porque esa es la que da los salarios, y lo que se quiere en el fondo es subir eso. En consecuencia, la productividad es un gran problema. Desde la comisión tratamos de levantar este punto, ya que si nosotros queremos mejorar las pensiones, el camino que se d

ebe transitar es la forma en la cual hacemos que la gente sea más productiva", indicó Paredes.

La jornada del jueves estuvo marcada por las diversas reacciones y análisis que causó la propuesta de reforma previsional presentada por el presidente Gabriel Boric. La medida apunta a cambiar drásticamente el sistema de pensiones, por medio de la creación de un sistema mixto.