Claudio Cerda Santander

La alta presión por demanda de viviendas para asentar nuevos campamentos en la ciudad de Antofagasta, en medio de la fuerte alza de este tipo de asentamientos a nivel país, ha determinado sucesivos operativos de autoridades locales para contener la ocupación irregular de terrenos.

Como muestra de este panorama la Delegación Presidencial Regional en un período de 10 días ha erradicado tres veces una toma incipiente en el sector El Ancla. Un área de terrenos fiscales en el borde cerro de la ciudad, donde grupos de personas han insistido en instalar viviendas. "Este tipo de tomas no las vamos a permitir y vamos a seguir en nuestro afán como Delegación Presidencial, con Carabineros, la PDI y todas las instituciones necesarias para cumplir, además, con el compromiso que hicimos en la última visita del Presidente Gabriel Boric", dijo la delegada presidencial regional, Karen Behrens.

Un comunicado del Ministerio de Bienes Nacionales, del 26 de octubre pasado, detallaba las medidas adoptadas en un intento de ocupación previa en el mismo sector. "Se realizó un desalojo en el cerro El Ancla de Antofagasta de una ocupación ilegal incipiente en terrenos fiscales, caracterizada por la instalación de palos y mallas junto con un tizado para demarcar el terreno. En paralelo y en un terreno colindante, separado por una calle, se efectuó un segundo operativo de desalojo en una ocupación instalada en un terreno del Serviu".

"Las ocupaciones ilegales son un problema para la seguridad y dignidad de las personas, que como gobierno y como ministerio nos ocupa y nos preocupa. Estamos enfocados en frenar esta situación, especialmente en evitar que se expanda y que no sigan usando indebidamente terrenos fiscales para estafar a personas con necesidades, a costa de terrenos que pertenecen a todos y todas y que deben ser gestionados para diversos fines públicos, sociales y económicos", agregaba la información, que reportaba denuncias sobre violencia y amenazas provenientes de los ocupantes irregulares del sector El Ancla.

Según datos de la Delegación Presidencial Regional (DPR), la labor de control para evitar la instalación de nuevos campamentos en la provincia de Antofagasta suma desde enero hasta el viernes pasado 58 notificaciones de desalojos, 38 desalojos ejecutados y ocho restituciones de terrenos fiscales. Un registro al que se agregan siete detenidos por maltrato a obra de Carabineros la semana pasada, por un anterior operativo de desalojo en el mismo sector El Ancla el 26 de octubre pasado.

En el incremento de este tipo de asentamientos ha incidido la habitual comercialización ilegal de terrenos en estos sectores de alto riesgo, según han denunciado habitantes de algunos campamentos del sector centro norte de la ciudad de Antofagasta. "La venta de terrenos influye en que sigan aumentando los campamentos. Hay un vecino chileno que ha vendido (terrenos), y ya se podría decir que tiene una villa detrás de su vivienda. Yo diría que ha vendido como unas siete casas y terrenos ahí. Los vende en $2 millones, en $3 millones. Yo le digo a nuestros vecinos: 'no metamos más gente, porque no sabemos quiénes están llegando a nuestra comunidad'. La nuestra es una comunidad buena, tranquila; pero ellos por la plata meten a cualquiera", comentó recientemente una dirigenta vecinal colombiana de un campamento de la ciudad.

De acuerdo al catastro nacional de campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a nivel país se registran 1.091 campamentos y 71.961 hogares. En este catastro la Región de Antofagasta contabiliza 85 de estos asentamientos y 7.384 hogares.

Además, según este registro, tres regiones del país concentran el 83% de las personas migrantes que habitan en campamentos: Tarapacá (27%), Antofagasta (24%) y Metropolitana (31%). En el mismo orden las nacionalidades que destacan en estos asentamientos corresponden a la boliviana, colombiana y haitiana.

Toma vip

Para afrontar la frecuente ocupación de "tomas" de terrenos el senador Pedro Araya (ind-PPD) planteó que la DPR debe abordar mediante un plan de trabajo la proliferación de ocupación irregular de terrenos para instalar viviendas. "Queremos insistir a la delegada presidencial regional en la necesidad de poder contar con un plan que señale con claridad cuáles van a ser los desalojos de las 'tomas' que se han desarrollado en las distintas comunas de la región", expresó.

"Le hemos denunciado una serie de 'tomas' que hoy se han transformado en verdaderos problemas de seguridad pública para los vecinos, el caso del de lo que ocurre al lado del conjunto habitacional Bellavista 1 es solo uno más. Por esa razón, esperamos que la DPR presente un programa de trabajo de cómo se va a enfrentar esta situación, que está afectando a numerosos barrios de las distintas comunas de la región (…) así como se actuó con mucha celeridad para desalojar la 'Toma VIP', se consiguieron recursos, esperamos que se actúe con la misma celeridad para desalojar las tomas en aquellos lugares de zonas más humildes de nuestra región", agregó Araya.

El mes pasado, en tanto, el diputado Sebastián Videla (ind-PL) denunciaba una nueva toma ilegal en el sector Sierra Nevada de Antofagasta, en la zona norte de la ciudad. "Hemos identificado a una serie de personas de nacionalidad extranjera que están tomándose los terrenos. Hemos informado a Bienes Nacionales de esta situación. Están con palos e incluso electricidad y los vecinos están muy molestos por esta situación", afirmó. Según vecinos de este sector, tras la ocupación de este terreno se ha advertido un aumento de delincuencia próximo a las viviendas del lugar, donde habita un alto número de menores de edad y adultos mayores.