Rodrigo Ramos Bañados

Un análisis -con datos emanados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir)- precisó que 244 empresas del sector de la construcción solicitaron su quiebra durante los últimos tres semestres. El caso más bullado fue la liquidación de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV).

Respecto a este crisis sectorial, desde la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta afirmaron que si bien el panorama económico no es muy auspicioso, en la Región de Antofagasta la construcción, así como otros sectores de la economía están inevitablemente vinculados a la industria minera y por ende actúan como actividades secundarias. Lo anterior ha mitigado en cierta medida y hasta ahora los efectos negativos que se han visto en otras zonas del país, pero no podemos asegurar que esto se mantenga en el tiempo.

Marcela Torres, presidenta de la CChC Antofagasta, detalló que el alza de los costos de materiales, la inflación y el alza de la tasa de interés de los créditos hipotecarios indudablemente ha impactado en el costo final de los proyectos tanto públicos como privados. "No obstante, esta no debería ser una crisis estructural, sino momentánea, causada por factores externos a nuestro sector. Los fundamentos de la actividad siguen siendo muy sólidos, pero se necesita actuar con rapidez para que este mal momento no se profundice y dure lo menos posible", afirmó.

En la práctica, sostuvo que los principales problemas de la industria tienen que ver con falta de liquidez para responder a sus compromisos y de acceso a financiamiento para nuevos proyectos. "Por eso, si se quiere evitar que la crisis se haga más profunda y se extienda en el tiempo, hay que actuar ahora con sentido de urgencia y dando énfasis a lo ya señalado en varias oportunidades, en lo que se refiere a avanzar con colaboración público-privada", indicó.

Burocracia

Respecto si hay desinterés de las empresas constructoras por los proyectos de viviendas sociales, Marcela Torres aclaró que las empresas siempre están dispuestas a trabajar con el Estado, ya sea en obras de vivienda social o de infraestructura pública, "sin embargo, la excesiva burocracia incide en el retraso de los pagos que terminan afectando financieramente a las empresas, principalmente a las Pymes del sector que no tienen espalda económica para sostener el negocio el tiempo que demora el pago de sus servicios. Esta situación deriva en que solo grandes empresas puedan postular a esos proyectos, pero en algunos casos, incluso esas empresas terminan viéndose afectadas".

Dijo que otra arista tiene que ver con que muchas veces los montos asignados para proyectos de vivienda social no alcanzan a cubrir el desarrollo total de los proyectos, los cuales se encarecen a raíz de exigencias normativa y regulaciones como la Ley de Aporte al Espacio Público, Ley del Ducto, Informe de Mitigación de Impacto Vial y la exigencia de estacionamientos por la Ley de Copropiedad.

Quiebras

Una de las situaciones que afecta al sector es que el gobierno en general se retrasa con los pagos a empresas de obras para proyectos lo que a fin de cuentas además del aumento del valor de los insumos, a la larga genera la quiebra de las empresas. Hay dos casos emblemáticos en Antofagasta como el Teatro Pedro de la Barra y la ruta de Tocopilla a Iquique. En este contexto, Marcelo Torres afirmó que como gremio han impulsado siempre las mesas de trabajo con el sector público en las que se abordan los principales inconvenientes que afectan la ejecución normal de los diferentes proyectos.

"Esto nos ha traído buenos resultados hasta ahora. Desconocemos cuál es la situación particular de la o las empresas a cargo de las obras mencionadas, porque a nivel local las empresas socias hasta el momento no se han visto en una situación similar, y los llamados nudos críticos que pudiesen afectar la continuidad de una obra, son abordados y resueltos en esas mesas de trabajo que conformamos conjunta y colaborativamente en alianza público y privada", aclaró.

"Si se quiere evitar que la crisis se haga más profunda y se extienda en el tiempo, hay que actuar ahora con sentido de urgencia".

Marcela Torres, Presidenta de la CChC Antofagasta

Durante tres meses estudiantes y docentes de las carreras de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la Universidad de Antofagasta, se trasladarán a la comuna de Mejillones para evaluar y entregar apoyo en diagnóstico a 14 menores del Aula Hospitalaria que funciona en esa comuna y que atiende a niños con distintas condiciones neurológicas, como parálisis cerebral, trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual.

Esta iniciativa es impulsada por la Dirección de Vinculación con el Medio, Extensión y Comunicaciones de la UA, con respaldo de la empresa Molynor, y entre sus particularidades está que los equipos visitarán a los beneficiarios directamente en sus hogares, permitiendo un abordaje familiar de cada caso.

El proyecto fue lanzado la semana pasada durante una ceremonia en las dependencias del Aula Hospitalaria, en calle Serrano 750 de Mejillones, donde participaron autoridades universitarias, de Molynor, además de representantes del municipio y familiares de los niños y niñas que serán atendidos.

La directora de Vinculación con el Medio, Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta, Monique Olmos Carrasco, destacó el valor de la alianza formada entre la UA, la empresa privada y la Municipalidad de Mejillones para llevar adelante este programa, que favorecerá directamente a familias de esa comuna a través de la visita de estudiantes y docentes de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.

"Para nosotros este es un hito muy importante, porque cumple con nuestros lineamientos al ser una universidad estatal, cuyo proyecto de vida es hacia la comunidad. Este es un proyecto bidireccional y esperamos que a futuro se unan otras carreras del área de la salud y de otras facultades de nuestra universidad", explicó la directora.

Proyecto

El proyecto permitirá evaluar en sus domicilios desde las áreas de la Fonoaudiología y Terapia Ocupacional a 14 niños y niñas, usuarios del Aula Hospitalaria de Mejillones.

La iniciativa contempla el desplazamiento hasta esa comuna de académicas y estudiantes con el objetivo de evaluar a los pacientes en sus hogares, apoyar los diagnósticos previos realizados por el Aula Hospitalaria, sugerir innovaciones y desarrollar un ciclo de talleres para las familias y el equipo multidisciplinario a cargo de los menores.

La seremi de Salud, Jéssica Bravo, prohibió el funcionamiento e inició un sumario sanitario en contra de la Panadería Prosepan, entidad encargada de la elaboración del pan dentro del supermercado Unimarc del Parque, ubicado en el sector de la avenida Brasil.

Esto, en el marco de una fiscalización que se llevó a cabo luego de que se difundiera un video a través de las redes sociales, donde se veía a uno de los funcionarios de la panadería poniendo saliva a la masa que estaba preparando. Durante la visita constataron que los administradores de Prosepan no habían tomado ninguna medida de revisión de sus protocolos ni procedimientos para asegurar que los hechos no volvieran a ocurrir.

La personera puntualizó que las personas a cargo de la panadería se conformaron con la eliminación de toda la masa que habría sido afectada por esta transgresión sanitaria lo cual dijo "resulta absolutamente insuficiente", agregando que lo que correspondía era que la empresa tomara acciones rápidamente en materia de capacitación de manipulación de alimentos, asegurando registros que acrediten la comprensión de estas acciones de parte del personal junto a la elaboración de mecanismos capaces de vigilar la inocuidad del pan y el resguardo de la salud de la ciudadanía.

Por concepto del sumario sanitario, Prosepan arriesga multas que pueden variar entre 10 y mil UTM.