Con una inédita resolución, el Juzgado de Familia de Antofagasta instruyó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de la capital regional implementar cámaras de seguridad y detectores de metales o de armas en todos sus establecimientos educacionales.

De acuerdo con al documento -al que tuvo acceso este diario-, con fecha el 7 de noviembre de este año, la medida se basa a raíz de un caso ocurrido en la Escuela D-136 Padre Patricio Cariola, donde alumnos de 13 y 14 años de edad ingresaron al colegio con un arma de fuego que "aparentemente habrían adquirido en la feria de las pulgas de esta ciudad por la suma de veinte mil pesos, según sus propios dichos; que además con dicha arma procedieron a amenazar a otros alumnos".

Se argumenta que, además, se trata de casos reiterados "al interior de recintos educacionales de la red municipal especialmente", complementando que se repiten "denuncias y solicitudes de medidas de protección por hechos de similar naturaleza (…)".

Por esto, el Juzgado instruyó a la CMDS "implementar en todos los recintos educacionales administrados por la referida corporación, cámaras de seguridad en lugares de libre desplazamiento e instalar dispositivos de detección de metales o de armas".

Lo anterior, se precisa en el escrito, desestimando "decidir ordenar una medida de carácter local como lo es la instalación de dispositivos de seguridad en un establecimiento respecto de otros de la red municipal porque altera el principio constitucional de igualdad ante la ley".

De esta forma, el Juzgado dictó que la acción preventiva debe enfocarse "en el alumnado desde octavo año básico a cuarto año de enseñanza media", y que "se le otorga un plazo de treinta días" para que se le informe "a este Juez de Familia sobre las medidas a implementar, bajo apercibimiento legal".

El oficio está dirigido a María Luz Gálvez, directora de la CMDS. Mientras, el juez que determinó la medida fue Jorge Saavedra Bentjerodt, magistrado que en 2019 instruyó al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, de Calama, prohibir el uso de celulares en estudiantes de octavo a cuarto medio, luego de una riña que involucró a dos estudiantes del recinto y que fue grabado y luego subido a redes sociales.

Medida de protección

Al respecto, la jueza vocera del Juzgado de Familia, Mae Valdebenito, explica que la resolución "se dicta en el marco de una causa por medida de protección correspondiente a un grupo familiar, en el que algunos integrantes son alumnos de este establecimiento de las CMDS". Aclara, además, que "el proceso, junto a sus antecedentes, como las partes involucradas, son reservadas con el fin de resguardar el derecho a la intimidad del grupo familiar, y de los niños, niñas y adolescentes que lo componen".

Consultada por si existen más denuncias similares de estudiantes con armas en su poder, la jueza Valdebenito señala que, "como tribunal, nuestros sistemas no permiten tener un registro de estos procesos. Primero porque son antecedentes vertidos en cada causa proteccional, y no existe un ítem o nomenclatura computacional para detallar este tipo de situaciones. Y, además, este tipo de causas son reservadas".

Sobre por qué el dictamen abarcó a todos los colegios de la Corporación, la vocera del Juzgado comenta que "esta responde a una sugerencia efectuada por el juez que tomó la audiencia en la causa de protección, y se funda en la gravedad de los antecedentes que se ventilaron y que tomó conocimiento en dicha audiencia".

Finalmente, sobre los siguientes pasos que podrían venir en esta causa, la jueza Valdebenito argumenta que "primero se establece la notificación de la resolución a la CMDS, institución que, si considera que existe un agravio para sus intereses, puede entablar los recursos que como parte o tercero la legislación le concede a todas las personas que se sientan afectadas por resoluciones judiciales".

Este diario se contactó con la CMDS para saber su declaración respecto al dictamen, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Concejales

La resolución genera opiniones divididas entre los concejales de la capital regional.

La concejala Natalia Sánchez (PTR) afirma que "la instalación de cámaras y detectores de metales en liceos y escuelas es parte de la normalización de la violencia, donde la CMDS no ha respondido al petitorio de docentes y estudiantes que lo ha puesto durante todo el año en la mesa. En cambio, la justicia criminaliza al sector más empobrecido y precario de la ciudad, la educación pública".

Mientras, el edil Gabriel Alvial (ind.) recalca que "lo medular es que la persona que esté encargada de convivencia escolar tuviera más ayuda y apoyo".

En la misma línea, la concejala Norma Leiva (PS) señaló que "es una medida pertinente a las circunstancias políticas coyunturales que estamos viviendo hoy en día, que lamentablemente nos obliga a tomar medidas concretas. Espero que, al momento que se cumpla esta medida, haya un compromiso irrestricto con los Derechos Humanos".