Hace casi una semana, la Delegación Presidencial Regional, confirmaba que en este año, solo en la provincia de Antofagasta, se habían realizado más 58 notificaciones y 38 desalojos de terrenos ocupados ilegalmente. Una altísima cifra y que según los entendidos pone de relieve dos situaciones: la presión por tener un lugar dónde vivir y lo segundo, la existencia de mafias que lucran "negociando" terrenos fiscales para propio beneficio.

Esta realidad no es nueva y ambas situaciones tienen el hilo común que es la falta de viviendas para miles de familias de la región. Y mientras exista esa necesidad, los aprovechadores seguirán proliferando para jugar y engañar a quienes están desesperados por tener un lugar donde cobijarse.

Los desalojos no han hecho distingo y en lo principal se busca reaccionar antes que las tomas se transformen en asentamientos y sacar a los afincados se vuelva una tarea demasiado difícil, si es que no existe la cooperación de los pobladores.

De hecho, en sitios aledaños al Cerro El Ancla, los desalojos se han hecho en tres ocasiones con diferencia de horas en los operativos. Allí se ha insistido en la ocupación, incluso con detenidos por resistirse a la medida, lo que grafica la desesperación de los que no tienen casas.

La seremi de Bienes Nacionales, dijo que "ya basta de tomas", tras la demolición y desalojo de otra de las llamadas tomas VIP, en el sector de la playa El Lagarto en Mejillones.

Claramente que allí la situación es distinta, porque aquí no está de por medio una necesidad habitacional, sino que contar con una segunda o tercera vivienda para fines personales.

Allí hay un aprovechamiento, porque no solo cercan el espacio, también construyen onerosos inmuebles. Es una verdadera bofetada para quienes necesitan un trozo de tierra para improvisar un techo y protegerse junto a los suyos.

De igual modo son procesos dolorosos y extremos pero sobre los que no existe otra opción o se estaría promoviendo una ilegalidad y castigaría a quienes han optado por la vía correcta y que llevan años de espera de una solución digna.

Hace unas semanas atrás visité Mendoza por unos días. Encontré la misma ciudad amable, ordenada y limpia que recordaba. Una de las escenas que me llamó más la atención, fue comprobar la inexistencia de comercio ambulante establecido. Utilizo el término "establecido", a la ausencia de comerciantes informales bajo toldos, mesones e incluso ocupando espacios en el suelo público como se aprecia en nuestro país y donde es dable encontrar, utilizando un término antiguo, de un cuantohay, incluyendo falsificaciones y, muy probablemente, abastecido a través del contrabando.

No es novedad que detrás de este comercio informal existe una verdadera mafia en la venta y/o arriendo de toldos y los espacios públicos, cuyos líderes no trepidan en amenazar a autoridades que intentan aplicar la legislación vigente. El negocio que oculta esta actividad es relevante, digno de ser evaluado por un ministerio de hacienda o economía. Me atrevo a especular que las transacciones comerciales derivadas de la actividad en comento, superaría las más exageradas estimaciones, perjudicando el erario nacional, ya que en ella no existe pago de patente, tampoco hay recaudación de IVA en la compra/venta y por si esto fuera poco, los mayores responsables, los importadores y distribuidores, obtienen pingües ganancias, al trabajar al margen de la tributación correspondiente.

En Chile, las principales ciudades tienen su centro urbano y otras zonas atestadas con instalaciones comerciales irregulares, utilizadas en una actividad ilegal sin que se avizore en el futuro cercano una solución definitiva a este flagelo. En Santiago se han realizado intervenciones policiales en varias comunas y en estaciones del Metro, con el propósito de recuperar los espacios públicos que permanecían secuestrados por el comercio informal. Al respecto cabe hacerse una pregunta, a propósito del proyecto de constitución rechazada ¿no es Chile un solo país? ¿Por qué medidas como las precedentes no son aplicadas a lo largo y ancho del territorio?

En definitiva, el comercio ambulante genera una serie de externalidades negativas tales como afear las urbes, ahuyentar el turismo, desordenar las calles, entorpecer el tránsito peatonal y globalmente no contribuir con la economía nacional al bypasear todo tipo de tributos. Lo anterior, es una realidad que afecta a las principales ciudades en general. En todo caso, parece que la brújula del gobierno marca bien el norte, ya que, en el presupuesto del año 2023, destina más recursos para recuperar espacios públicos. Esperamos que esto logre alivianar la verdadera anarquía existente. Con relación a Antofagasta, es propicio señalar que hace un siglo atrás, bajo la excelente gestión municipal de Maximiliano Poblete, Antofagasta fue calificada como "la ciudad modelo" de Chile. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy estamos lejos, demasiado lejos.

En numerosas ciudades del mundo con las que nos gusta o queremos compararnos, el tiempo de viaje en el transporte público se ha convertido en uno de los bienes más preciados por la ciudadanía; y por tanto, la mejora de los distintos aspectos de este bien se ha transformado en el objeto de atención y de los desvelos de políticos y directivos públicos. Al respecto, comprometer tiempos de viaje e iniciativas tangibles que permitan transferir los tiempos utilizados en el transporte al ocio, la recreación, al descanso, se han transformado en uno de los principales compromisos políticos por quienes aspiran a ser parte de una reelección o concurso por los votos de los ciudadanos.

Las ciudades de Antofagasta y Calama, urbes que concentran el 90% de la población regional, el problema del transporte y los tiempos de viaje parecen ser tan o más ingobernable que los que sufre la capital del país, pero con 14 veces menos población. La escasez de vías, falta de obras y la ausencia de regulación han terminado en insufrible congestión, a lo cual se suma el ineficiente diseño de los recorridos del transporte de pasajeros, con tiempos promedio en horas punta al trabajo o al estudio que superan una hora entre el norte y el sur de la ciudad. La respuesta defensiva de los sectores de mayores ingresos se ha expresado en el aumento del parque vehicular privado en ciudades como Antofagasta y Calama, lo cual profundiza el problema cuyos costos lo pagan todos.

Construir ciudades sostenibles, cuyo fin último es la mejora del bienestar de sus habitantes requiere una mirada a las percepciones de la población. De acuerdo con resultados de la última versión de la Encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, un 50 % de la población se halla insatisfecha con la calidad de vida urbana en la región, está condición se mantiene igual o empeorado en los últimos 5 años. Un resultado, que no solo obedece al aumento de la inseguridad pública, sino que también a malestares situados por debajo de la superficie de los problemas de mayor connotación social.

Recuperar el deterioro de la confianza ciudadana en la democracia, las instituciones y en la política, requiere volver a reconectar a los representantes y los gobiernos con los malestares no resueltos de la sociedad regional. Así lo han entendido los liderazgos democráticos de ciudades con las que repetidamente nos gusta compararnos, liderazgos en las cuales se pasó del relato y la denuncia a ofrecer eficacia en la mejora sustantiva, creciente y tangible de los problemas que afectan a sus habitantes, uno de ellos los del transporte público.