Con el cierre de año a la vuelta de la esquina, el debate sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional ha tomado protagonismo al interior del Consejo. En la última sesión, de hecho, hubo un cruce opiniones entre el gobernador Ricardo Díaz y la consejera Alejandra Oliden (Ind.).

Actualmente, de acuerdo con el informe de la Subdere, "Ejecución presupuestaria programas de inversión regional gobiernos regionales", al 31 de octubre del 2022 la región presentaba un 38% de ejecución del presupuesto, por debajo del promedio nacional que alcanzó el 49,8%. También es una cifra baja al compararse con el mismo periodo del 2021, donde la zona alcanzaba un 54,7%.

Lo anterior surgió luego que Díaz subrayara los constantes comentarios por parte del Consejo por la baja ejecución, ante lo que aseveró que "ya no somos intendentes. No se nos debe evaluar por ejecución presupuestaria".

Para Díaz la evaluación de la administración debería apuntar al cumplimiento del programa de gobierno "De hecho, ustedes pueden sancionarme por ese programa de gobierno" , sostuvo en la sesión desarrollada el jueves.

"Tengo rendimiento en todas las áreas de mi programa de gobierno", señaló Díaz. Y reiteró: "Lo que pasa es que no se me puede rendir por ejecución presupuestaria porque los servicios no dependen de mí. Cómo quiere que yo pueda asegurar ejecución si los servicios no van dependiendo de mí".

¿Cómo evaluar?

Ricardo Díaz fue electo como gobernador regional el 2021, siendo el primero en ocupar este cargo de elección popular y cuya figura vino a descentralizar las funciones del entonces intendente, que operaba como representante del Presidente de turno. La facultad más importante que está en sus manos es administrar los fondos regionales.

Del mismo modo, luego de que se eliminara la Intendencia se creó la Delegación Presidencial Regional, figura que conservó la representación del jefe de Estado, la seguridad pública y también encabezar las secretarías regionales y el resto de los servicios con representación local.

¿Cómo evaluar, entonces, la gestión de la figura del gobernador o gobernadora regional? La consejera Oliden comenta a que "todas las autoridades estamos sujetas a evaluación. En este punto debemos considerar que, si bien el gobernador no tiene todas las atribuciones sobre las seremis, no es menos cierto que su rol articulador y facilitador no ha cumplido el objetivo de presentar mejores números que el de los intendentes".

Añade que "precisamente aquí vemos las dificultades que Ricardo Díaz tiene con su propio sector político, que no parece dispuesto a ayudarlo en su gestión y al final las consecuencias las pagamos todos los habitantes de la región".

En esa línea, el consejero Dagoberto Tillería (UDI) enfatiza que los dichos de Ricardo Díaz "solo demuestran una falta de sensibilidad con lo que representa el gasto". Argumenta que la inyección de recursos refleja los proyectos desarrollados en la región.

"Sin ir más lejos, hace muy poco atrás se hablaba de manera muy importante de la mejora del liceo técnico de Taltal. Eso es el gasto, no es más o menos dinero, es más calidad de vida para los ciudadanos de la región. Por lo tanto, no puede ni debe desligarse", dice Tillería.

Mientras, la consejera Paula Orellana (RD) concuerda en que la figura del gobernador no es idéntica a la de la Intendencia. "Sin embargo, la ejecución presupuestaria, además de estar dentro de las facultades del GORE, es un claro reflejo de su capacidad de liderazgo, diálogo y articulación".

De esta forma, Orellana recalca que "absolutamente todas las autoridades y representantes de nuestra región deben ser evaluadas de acuerdo a si somos o no capaces de ponernos de acuerdo para impulsar mejoras concretas para la vida de las y los vecinos de la zona".

En tanto, su par Gustavo Carrasco (Ind. - PPD) explica que "no cabe duda de que la figura del gobernador viene a brindar mayor autonomía frente al escenario regional, y que su elección viene acompañada de un plan de gobierno autónomo". Sin embargo, considera que "necesariamente tiene que venir articulado de acuerdo los objetivos con los servicios públicos y/o privados necesarios". Por esto, indica que "La evaluación del gobernador va de la mano con la ejecución presupuestaria, sin duda".

De todas formas, la consejera Carolina Moscoso (PDG) asegura que "el gobernador regional no tiene autoridad administrativa ni política sobre las secretarias ministeriales, ni sobre los servicios públicos que dependan directamente del GORE. Según la ley 19.175, se encuentra bajo su responsabilidad el proyecto de presupuesto y la distribución de los recursos del o los programas de inversión del Gore".

De este modo, Moscoso manifiesta que "el principal instrumento financiero que es de administración directa del gobernador es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional". Y añade que "cada mes de mayo de cada año, el gobernador regional debe dar cuenta al Consejo Regional de su gestión como ejecutivo del GORE, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera".

"No es solamente gasto"

Como sea, consultado por este Diario, Díaz reitera que "la ejecución del gasto del presupuesto regional depende de los servicios -que a su vez dependen cada uno de los ministerios-, o de los municipios, que son las entidades ejecutoras. El hecho de que el gobernador no sea el jefe directo de estos servicios no significa que el presupuesto no se pueda gestionar".

Por esto, argumenta que "el gobernador tiene la capacidad de establecer convenios de programación, tiene la capacidad de establecer conversaciones con los distintos municipios, y tiene la capacidad de ir frenando aquellas inversiones que no están de acuerdo con su gasto".

Díaz añade que "lo que ocurre es que no se puede evaluar la gestión del gobernador solamente por gasto. Se debiera evaluar por la inversión que logra dentro de su plan de gobierno, porque la promesa que le hizo el gobernador a la comunidad es su plan de gobierno. Por tanto, lo que hay que evaluar es si su plan de gobierno ha generado las inversiones necesarias para que el FNDR haya sido provechoso para la ciudadanía".

El gobernador argumenta que "en la nueva ley de presupuesto viene una glosa que permite a los gobiernos regionales puedan ser instancias ejecutoras, y eso es muy relevante. Ahí sí se les va a poder medir al Gobierno Regional por ejecución".

El concejal de Antofagasta, Luis Aguilera (RN), presentó una denuncia ante la Contraloría en contra del alcalde Jonathan Velásquez. El edil acusó al jefe comunal de no presentar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (Padem) en el concejo del pasado 15 de noviembre, el plazo máximo para ser aprobado, según la ley N°19.410.

En el texto, Aguilera explica que los concejos no están facultados para rechazar o aprobar dicho plan, debido a que se concluye que una vez vencido el plazo, el Padem propuesto por el alcalde se da por aprobado, esto porque los municipios se encuentran en el imperativo legal de contar anualmente con dicha planificación.

"Cabe destacar que el Padem hasta la fecha no se ha entregado por parte del alcalde, incumpliendo la ley 19.410 que obliga al alcalde entregarlo antes del 15 de noviembre de cada año y demostrando nuevamente su poco compromiso con la educación pública de Antofagasta. En administraciones anteriores, ese se entregaba en septiembre y aprobaba el 15 de noviembre", señaló Aguilera.

El edil solicitó a Contraloría realizar una investigación y procedimiento disciplinario en contra de Velásquez.

El recurso de amparo en contra del Juzgado de Policía Local presentado por una mujer que tenía 22 perros en su domicilio, fue acogido parcialmente por la Corte de Apelaciones.

De este modo, la corte le ordenó al JPL abstenerse de despachar orden de arresto en contra de la recurrente y ampliar el plazo para que dé cumplimento a sentencia que le ordenó reubicar a la mitad de sus mascotas, por no tener espacio suficiente en su domicilio.

La segunda sala del tribunal de alzada acogió parcialmente el recurso al considerar la dificultad que ha enfrentado la recurrente para dar cumplimiento a la sentencia.

"Considerando la imposibilidad alegada por la municipalidad para prestar colaboración ello podría incluso derivar en un eventual abandono de las mismas, lo que configuraría una nueva infracción a la Ley de tenencia, que prohibe el abandono de animales".