Son al menos 10 las solicitudes de pronunciamiento o investigación enviadas a la Contraloría Regional de la República (CRR), por parte de los concejales Luis Aguilera y Karina Guzmán, con el propósito de poner en antecedentes si algunas de las acciones realizadas por el alcalde Jonathan Velásquez son procedentes de irregularidades, o de un posible y eventual abandono de deberes.

Una de las solicitudes enviadas al ente fiscalizador, por parte de Aguilera, dice relación con fiscalizar las acciones quede la municipalidad respecto del vencimiento de boletas de garantía del servicio prestado por la empresa Desarrollo y Proyectos de Ingeniería Ingetech S.A, durante el trato directo, aprobado con fecha 4 de julio, que extendió los servicios de seguridad desde el día 23 de junio 2022 al 19 de julio 2022 por un monto mensual de $126.388.333, y el eventual, no cobro de multas por parte de la primera autoridad comunal.

Al respecto el concejal Aguilera explicó que "cabe destacar que el director actual solicitó cobros de multas en el mes de junio, las cuales fueron apeladas por la empresa en el mes de julio, y la municipalidad a la fecha no ha dado respuesta a esta apelación y lo que es peor, no cauteló las boletas de garantía, permitiendo que vencieran con fecha 19 de octubre 2022, o sea tres meses después. Tampoco retuvo pagos por eventuales incumplimientos contractuales". Aguilera agregó que "este servicio es una continuidad de otro trato directo, por cuanto es mi deber insistir en la necesidad de que la Contralora Regional revise la totalidad de tratos directos que ha realizado el alcalde de la comuna, durante su periodo alcaldicio".

Malversación

Otro de los casos bullados que el concejal llevó ante la CRR, tiene que ver con la solicitud de investigar la posible malversación de recursos públicos en el que Velásquez habría utilizado parte del equipo jurídico municipal en un juicio particular. Cabe indicar que la causa se originó en la funa que realizó el edil, de una docente, en sus redes sociales.

Tras la denuncia la CRR determinó que no procedía que el alcalde realizara su defensa particular utilizando abogados de la dirección jurídica municipal. Esos antecedentes fueron derivado por el concejal al Consejo de Defensa del Estado (CDE) organismo que a la fecha no se ha pronunciado al respecto. No obstante, el caso está siendo investigado preliminarmente por el Ministerio Público, quien determinará si hubo o no una posible malversación de recursos públicos.

Apoyo a denuncias

Por su parte, la concejala Karina Guzmán, explicó que tras la publicación de los "Plan 9 Pappers", envió a Contraloría una solicitud de pronunciamiento, sumándose a las acciones que realizó la Unidad de Control, para verificar si procedían o no las acciones del alcalde y su equipo respecto de la utilización de recursos municipales (equipos celulares e internet), para denostar a otras personas y autoridades.

Sobre el punto, la concejala explicó que "fiscalizar la administración del alcalde, es una de las funciones fundamentales de los concejales. He hecho hartas denuncias internas, no solo por el tema de la basura, o el maltrato animal, obviamente enfocado a lo que vivimos en el sector norte. Este rol es una herramienta importante, sobre todo por una pésima y mala administración del alcalde, quien dice una cosa por sus redes sociales, siendo que en la interna está el caos".

Agregó que tras la denuncia que realizó Luis Aguilera, varios concejales, incluida ella, quieren hacerse parte de las acciones que sean necesarias, eventualmente, para presentar una querella como conjunto. "Nosotros también tenemos responsabilidad civil y penal en estos asuntos", señaló.

Exvertedero

Tan importantes como los casos que, dentro de la gestión de Velásquez, han sido derivados a la CRR, son aquellas iniciativas que, siendo previstas por otros estamentos, no fueron tomadas en cuentas por la municipalidad.

Sobre el punto, el consejero regional Fabián Ossandón, señaló que "desde la comisión de salud y medioambiente del Consejo Regional realizamos gestiones y exigencias para avanzar en soluciones reales para La Chimba. Una de ellas fue solicitarle a la municipalidad la formulación y presentación del proyecto de cierre perimetral del basural; ayer finalizó el proceso licitatorio y ninguna empresa se presentó. Espero que la municipalidad haga todas las gestiones correspondientes para que este proyecto se ejecute lo antes posible. Es muy Importante señalar que la vigilancia y la fiscalización, que también solicitamos, es fundamental para que no se realicen quemas ilegales y para resguardar la seguridad de quienes trabajan en el sector. El alcalde, Jonathan Velásquez debe prepararse y conocer sus obligaciones y responsabilidades, pero sobre todo entender que su gestión repercute en la vida de los demás".