Redacción

La desvinculada seremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo (PPD) interpuso ayer ante la Contraloría General de la República una solicitud para que se realice una investigación administrativa por eventuales irregularidades en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.

La cartera liderada por Giorgio Jackson (RD) responsabilizó a la exautoridad de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violencia sexual contra una menor de edad en una residencia dependiente de la cartera. Sin embargo, ella denunció haber recibido presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos, como a favor del Mall Vivo de Ñuñoa, una planta de tratamiento en Quilicura y el segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente.

Jackson afirmó que nunca fue notificado sobre presuntas presiones, versión que desestimó Hidalgo ayer: "El ministro miente", acusó.

"Le digo, como se lo dijo 'El Gurú': pare de mentir. Se lo dije en la cara al ministro Jackson, frente a él. Le dije 'ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas, yo nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen. El único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)' y el ministro sabe que lo que él hizo fue bajarme la mirada", aseguró la exseremi.

Agregó que su desvinculación se debió a que "el hilo se corta por lo más delgado".

El abogado de la exseremi, Marcelo Castillo, confirmó además que presentará una querella por injurias contra Jackson, la que se extenderá a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien respaldó la versión oficialista sobre el despido de Hidalgo.

En radio Cooperativa, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, una de las acusadas por Hidalgo, lamentó "que se haya establecido una discusión un poco artificial con respecto a temas que además no son así. Ella filtró una parte de una conversación de WhatsApp y yo tuve que filtrar el resto de la conversación para mostrar que eso no es así".

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para el próximo jueves 15 de diciembre, donde van a recibir tanto a Jackson como a Hidalgo para tratar la polémica.

"Se ha abordado pésimo el espectáculo que se está dando a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Francamente deplorable", manifestó el diputado Francisco Undurraga, jefe de la bancada Evópoli.

Hidalgo asegura que pese a que tenía reparos serios con el proyecto de aguas en Quilicura votó a favor porque sus superiores le instruyeron lo contrario: "Yo tuve que aprobar, claro. Fue la instrucción que a mí me dio mi superior jerárquico, en este caso la subsecretaria" de Servicios Sociales, Francisca Perales. Según la exseremi ella la llamó por teléfono, le dijo que las instrucciones venían de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y "después me dijo del Ministerio del Interior, y después me terminó escribiendo que eran instrucciones de Interior". El proyecto cuestionado es de la empresa Aguas San Isidro, cuyo vicepresidente es Gustavo Silva Cabello, quien fuera tesorero del PPD en 2002.

El director de la PDI, Sergio Muñoz, entregó detalles sobre el modus operandi de los 29 médicos (24 de ellos extranjeros) que fueron detenidos por la emisión masiva de licencias falsas y afirmó que hay "más de 300 involucrados".

"Se trata de una organización criminal que está otorgando un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos", afirmó.

"Son 29 personas que componían esta organización principalmente compuesta por extranjeros que en el rubro de la salud, médicos, que otorgaban licencias falsas, las cuales se ofrecían a través de internet en redes sociales a través del boca a boca y que obviamente generaba esta emisión de una licencia que en la cual ni siquiera era examinado el paciente", recalcó.

Sin embargo añadió que "hay una investigación que está en desarrollo. Esta es la luz de alerta. Estamos hablando de más de 300 involucrados como estos emisores que dan muchas licencias y obviamente eso llama la atención y el perjuicio que eso involucra".

Muñoz añadió que "estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales, y eso se traduce a extender una licencia médica cada dos minutos, eso es lo que da esta luz de alerta a Fonasa, específicamente, quien denuncia estos hechos en un trabajo colaborativo, entre la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente y el Ministerio de Salud a través de sus instituciones que intervienen directamente en este ámbito".

En relación con la investigación, el jefe de la policía comentó que "es una organización que tiene una estructura, había captadores, había gente que representaba legalmente a estas clínicas donde operaban de esta forma, pero que son detalle de la investigación que se va a seguir desarrollando".

Buscarán a compradores

La ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que "lo que es más grave de todo es que este es un fraude que termina extrayendo recursos del presupuesto de salud que tiene nuestro país".

" No solamente se va a perseguir a quienes han emitido estas licencias, sino también a quienes las han comprado", recalcó.

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo en favor de la exfrentista Marcela Mardones (56 años), quien cumple una pena de 10 años de cárcel por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) en 1991.

Pese a que solo se han cumplido cinco años de prisión, luego de que la mujer estuviera 20 años prófuga, el máximo tribunal determinó otorgarle el beneficio de libertad condicional que la comisión ad hoc le había negado el 14 de octubre pasado.

La Suprema determinó que la Comisión de Libertad Condicional (CLC) había transgredido los derechos de Mardones al no entregarle esta prerrogativa, pese a que cumplía los requisitos objetivos y subjetivos que considera la ley: el 10 de junio cumplió la mitad de la condena y debido a su buena conducta en la Cárcel de San Miguel Gendarmería visó su postulación.

En esa oportunidad la CLC, liderada por la ministra Celia Catalán, descartó el beneficio, principalmente, por el periodo en que la ex integrante del Frente Manuel Rodríguez eludió la justicia: fue detenida en 2017.

Ante ello la defensa de Mardones activó una ofensiva judicial que llegó hasta el máximo tribunal: a través de un recurso de amparo se sostuvo que al negar la prerrogativa, los jueces habían quebrantado el imperio del derecho, pues a su juicio su representada sí cumplía con todos los requisitos que estipula la norma que regula la libertad condicional, lo que fue visado por la Suprema , cuyos ministros sostuvieron que en el caso de la exfrentista en la actualidad hay un bajo riesgo de que vuelva a cometer delitos, pese a que no cuenta con beneficios intrapenitenciarios.

Conducta "muy buena"

"El informe psicosocial de Gendarmería de Chile, elaborado en cumplimiento de la normativa legal aplicable, no refiere antecedentes categóricos que permitan orientar sobre factores de riesgo de reincidencia de la amparada que impidan reconocer su posibilidad de reinsertarse a la sociedad al momento de postular a libertad condicional", se lee en el fallo de la sala penal, que hace presente que se cumplen todos los requisitos detallados en el decreto de ley que regula el beneficio y la Constitución.

De esta forma aceptaron la posición de la defensa que expuso que Mardones registraba "muy buena conducta en los últimos cuatro bimestres", presentando durante 16 meses consecutivos la calificación de conducta "muy buena", lleva dos años generando ingresos en prisión y tiene la intención de vivir con sus tres hijos.