El destituido expresidente peruano Pedro Castillo afirmó que está "injusta y arbitrariamente detenido", antes de que fuera rechazada la apelación a su prisión preventiva, y responsabilizó a su sucesora, Dina Boluarte, "del feroz ataque a sus compatriotas" en las protestas de los últimos días que ya han dejado siete manifestantes fallecidos y 130 policías heridos.

"Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", enfatizó al presentar sus argumentos en una audiencia en la que la Corte Suprema revisó la apelación a la prisión preventiva en su contra.

Tras escuchar los alegatos, el juez César San Martín le preguntó a Castillo si tenía "algo que agregar". El exgobernante, conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado hace una semana, afirmó que se dirigía al país para decirle que está "totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación".

Agregó que "jamás renunciaré, ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá", y también exhortó "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos. "No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión", concluyó Castillo, que fue impedido por el juez de seguir declamando su proclama.

BOLUARTE responsable

Sin embargo, al salir de la audiencia, dos de sus abogados leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su llamado a las fuerzas de seguridad a deponer las armas para terminar con "la masacre" del pueblo.

Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano, de las consecuencias que está teniendo la crisis.

"Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su circulo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista", señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.

Durante la misma jornada, se conoció la resolución de la audiencia, donde fue rechazada la apelación contra su prisión preventiva de siete días.

Ayer la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.

El exgobernante fue destituido el miércoles pasado por el Congreso, tras dictar la disolución del Legislativo y anunciar un Ejecutivo de emergencia, que gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y reorganizaría el sistema judicial, entre otras medidas que incluían un toque de queda.

Esa misma jornada asumió la vicepresidenta Boluarte, a quien Castillo calificó como "usurpadora". Sobre esta aseveración, la mandataria señaló que su antecesor fue "manipulado".

Estado de emergencia

En este tenso contexto, las localidades norteñas de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y San Martín se sumaron a los cortes de la red vial. A nivel nacional, la carretera que une la región arequipeña de Chala con Puno, en el sur del país, está cortada por unos 4.000 pobladores.

En total, la región de Arequipa tiene 16 puntos viales cortados, mientras que Apurímac y Cuzco tienen cada uno ocho puntos bloqueados.

Al cierre de esta edición, Boluarte se preparaba para tomar más medidas para evitar más muertes. "Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de estado de emergencia a nivel nacional", anunció y dijo que llamaría a los presidentes de América Latina que emitieron un comunicado en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, entre ellos México, Colombia, Argentina y Bolivia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes las acusaciones de "injerencismo" del actual Gobierno de Perú, pero al mismo tiempo pidió reconocer la presidencia de Pedro Castillo al argumentar que él ganó las últimas elecciones. Desde un poco más al norte, Estados Unidos expresó su apoyo a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, y pidió a los seguidores del exmandatario, que permanece arrestado, que protesten de forma pacífica.

Los incidentes provocados durante la noche de este lunes en Brasilia por bolsonaristas radicales encendieron las alarmas para la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá la presidencia del país el próximo 1 de enero.

La excusa para los disturbios fue la detención de un activista de ultraderecha acusado de alentar los actos antidemocráticos que se suceden desde que el pasado 30 de octubre se confirmó la victoria de Lula en las urnas frente al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

En protesta por el arresto de un pastor evangélico bolsonarista que se presenta como líder indígena, decenas de personas salieron a las calles de Brasilia y sembraron el terror durante unas dos horas, en las que incendiaron una decena de vehículos y atacaron una comisaría de la Policía Federal.

Los incidentes ocurrieron en una zona vecina al sitio en que Lula se hospeda en Brasilia, lo cual elevó mucho más la tensión, aunque el presidente electo no se encontraba en el hotel en ese momento.

Aún así, la Policía Civil del Distrito Federal de Brasilia informó que reforzó la seguridad en el Sector Hotelero Norte, donde se hospeda Lula, en previsión de que puedan ocurrir nuevas protestas en los próximos días.

A raíz de los disturbios, se reforzó también la seguridad en la Explanada de los Ministerios, una neurálgica avenida de la capital que concentra todos los edificios del poder público a largo de dos kilómetros y en la que se celebrará la ceremonia de investidura el 1 de enero.

Además de autoridades extranjeras, para la toma de posesión de Lula se calcula que unas 300.000 personas colmarán esa avenida, que será escenario de una gran fiesta con una veintena de artistas populares.

La preocupación por la seguridad en Brasilia fue endosada hasta por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, reconocido aliado de Bolsonaro que condenó la "violencia" de las protestas.

Los incidentes también fueron condenados por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, quien afirmó que Bolsonaro es "cómplice" de los "golpistas", a los que ha recibido a las puertas de su residencia oficial en los últimos días.

Lula da Silva, por su parte, se abstuvo de comentar las protestas, aunque en un acto de su equipo de transición subrayó que Bolsonaro "sigue incentivando a los fascistas que están en la calle".