Renuncian dos ministros peruanos tras protestas que dejan 20 muertos
ESTADO DE EMERGENCIA EN PERÚ. Mientras la mandataria Dina Boluarte llamó otra vez a los manifestantes al diálogo, con la iglesias como intermediarias, el Congreso rechazó adelantar las elecciones presidenciales para diciembre de 2023.
La crisis política y social que enfrenta Perú no da tregua, Ayer, a solo seis días de asumir sus cargos en el nuevo Gobierno, las ministras de Educación, Patricia Correa, y el de Cultura, Jair Pérez, renunciaron por la "desproporcionada" respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido al menos de 20 personas, 10 de ellas entre el jueves y ayer.
"Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.
Por su parte, Pérez envió otra misiva en la que sostiene que "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el cargo.
Por su parte, el Gobierno peruano decidió ayer enviar una misión de tres ministros, junto con un equipo de 30 médicos y paramédicos, a la región de Ayacucho, en el sur del territorio, donde el jueves se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que dejaron ocho personas muertas.
Otros dos jefes de cartera se trasladaron a otras zonas en conflicto del país, donde los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el retorno de Castillo.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, declaró que en el Gobierno está "trabajando todo un equipo" para afrontar la crisis.
Los fallecidos en Huamanga, la capital de Ayacucho, se sumaron a otros tres decesos producidos el jueves en la región norteña de la Libertad, todos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante el primer día del estado de emergencia nacional decretado el miércoles por el Gobierno peruano por 30 días, para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las protestas contra el Ejecutivo. Un día después se decretó el toque de queda en 15 provincias.
Otros seis fallecidos se reportaron en el departamento de Apurímac, uno en Arequipa, uno en Huancavelica, uno en Junín.
Los manifestantes exigen el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Por su parte, la actual mandataria afirmó en Twitter que su país afrontó el jueves en Ayacucho "una triste jornada de violencia" y reiteró su "invocación a la paz".
Asimismo, hizo un llamado al diálogo a los manifestantes que reclaman su renuncia, con las iglesias católica, cristianas y evangélicas como intermediarias, "para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado (...) Abriremos esos espacios para llamar a los líderes que encabezan estas marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas".
Alberto Otárola, ministro de Defensa, casi al mismo tiempo reiteró "el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno".
"Más de 300 policías heridos, varios de ellos en estado de gravedad", añadió y dijo que las fuerzas de seguridad "han tomado control de espacios críticos nacionales"
"Esperamos que en el más breve plazo se restablezca la paz y el orden interno en el país", aseveró, mientras que el ministro del Interior, César Cervantes, dijo que la Policía está actuando "en el marco constitucional".
Rechazo del Congreso
En medio de la crisis, ayer el pleno del Congreso peruano rechazó el proyecto de adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023.
El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
Según señaló Guerra, la norma planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.