El impacto de la pandemia por covid-19 aún mantiene encendidas las alertas y el llamado insistente es a que la población complete el esquema de vacunación para estar prevenidos ante posibles alzas de contagios, cuadros complicados e incluso fallecimientos. Sí, porque a casi tres años de la explosión viral, la pandemia continúa presente y en el caso particular de la Región de Anofagasta -especialmente la capital regional y Calama-, los nuevos casos han registrado un importante aumento durante las últimas semanas, algo que no debe pasarse por alto.

Es concluyente que solo la vacunación oportuna pudo contener la ola de infecciones y muertes derivadas de este mal respiratorio. Los especialistas sostienen la misma conclusión y mantienen la posición de que es necesario siempre estar prevenidos con la vacuna, especialmente las personas mayores y las que presentan algún tipo de enfermedad basal. Estos grupos siguen siendo los de riesgo y los más afectados por la circulación del virus, que no ha detenido su avance, aunque con menor agresividad.

La inmunidad alcanzada permite que la contagiosidad y letalidad sea menor. Por ello, las autoridades sanitarias relajaron las restricciones e incluso el uso obligatorio de la mascarilla, que fue la característica de los meses más álgidos de esta pandemia.

El virus está en remisión, sin embargo, todavía es temprano para proyectar cómo será la situación en los próximos meses, esto porque en China y otros países se está experimentando un alza en los casos y porque, a nivel nacional, el avance de la dosis bivalente ha sido muy lento, incluso entre los funcionarios de salud y los pacientes crónicos. Este último aspecto parece contradictorio, toda vez que son precisamente las vacunas las que han permitido una mejora considerable del escenario sanitario en el mundo. En ese contexto, es importante preguntarse ¿por qué la población dejó de inocularse? Cerca del 80% de la población objetivo de la región no ha acudido a los vacunatorios a recibir la dosis bivalente.

Quizás la respuesta esté -más allá del agotamiento de la población- en una débil campaña comunicacional y la baja sensación de riesgo.

Será importante establecer qué ocurrió, mientras tanto se debe vigilar la situación para no lamentarlo más tarde.

El próximo 1 de enero de 2023 se materializarán las últimas modificaciones en la Ley de IVA, siendo la más relevante la aplicación del IVA a los servicios. Si bien actualmente hay una serie de servicios afectos a este impuesto, la mayoría de ellos están exentos. Este cambio normativo supone un cambio de paradigma referido a este tributo y nace como una fuente de recursos destinada a financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por tanto, es relevante aclarar las dudas fundamentales respecto a este cambio.

En primer lugar, se parte de la base de que los servicios prestados mediante boleta de honorarios no están afectos a este cambio y, por tanto, seguirán exentos de IVA. Esto, fundamentalmente por el hecho que se trata de servicios personales y, en ese sentido, son rentas de un origen distinto. En la misma línea, seguirán exentos los servicios de transporte, educación y salud ambulatoria.

En casos distintos a los indicados anteriormente, si el servicio profesional es prestado por una sociedad, actualmente con factura exenta, pasará a estar afecta a IVA. La salvedad la tienen las sociedades de profesionales, en la medida que cumplan ciertos requisitos: que estén formadas solo por personas naturales, de profesiones similares o relacionadas y que se inscriban en un registro especial del SII.

Esta situación generará una asimetría tributaria, una suerte de competencia desleal, toda vez que un mismo servicio podría estar efecto o exento dependiendo de quién preste el servicio y se configuraría una exención personal y no real. Por ejemplo, un servicio de ingeniería estará exento en la medida que sea prestado por una sociedad de profesionales que cumpla los requisitos establecidos por la autoridad, pero estará afecto si la empresa que lo presta no está catalogada como tal. Dado esto, actualmente hay una cantidad importante de sociedades de prestación de servicios profesionales que están en proceso de reestructuración para poder cumplir los requisitos y poder acogerse a esta salvedad y permanecer exentas. Sin embargo, hay sociedades que definitivamente no podrán usar esta vía y pasarán a prestar sus servicios afectos a IVA.

Este cambio supone un nuevo modelo tributario respecto al tratamiento impositivo de los servicios que trasciende transversalmente al mercado. Por tanto, se debe considerar que existen agrupaciones de profesionales y expertos, como el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados, que han solicitado la postergación de esta medida, dadas las dificultades que esto supone.

De enorme preocupación para la región, y en general para todo el norte minero, ha de ser la publicación de la Ley 21.420 (4 de febrero del año en curso) destinada a financiar los beneficios contenidos en la Ley 21.419, que creó la Pensión Garantizada Universal. Con tal propósito los fondos necesarios provendrán de la eliminación y/o disminución de exenciones tributarias contempladas en la legislación vigente; así han resultado modificadas diversas leyes tributarias, entre otras, impuesto a la renta, impuesto territorial, de herencias y donaciones.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el proyecto se aprobó por unanimidad, aunque advirtiendo varios diputados que el financiamiento era insuficiente para el objetivo perseguido. Se habló que el gasto de la pensión garantizada era del orden de los 3.000 millones de dólares y la recaudación de los mayores tributos solo alcanzaría a 1.000 millones de dólares.

Resultado de ello fue que el Presidente Piñera, en las postrimerías de su gobierno, presentó ante el Senado una indicación agregando nuevas fuentes de financiamiento al proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional. De tales cambios nos interesa -y especialmente preocupa- su artículo 11, que modifica el artículo único de la Ley 19.143. Esta ley que, como es sabido, dispuso el destino local del producto de las patentes mineras de forma tal que el 50% de su rendimiento se incorpora al Gobierno Regional y el restante 50% a las municipalidades de la región, entendiendo como lo local, la ubicación geográfica de las concesiones o pertenencias. Aunque sea redundante expresarlo, todo lo que se recauda en la región por patentes mineras, hasta el último peso, se invierte y gasta en la región. Hasta ahora.

¿Por qué hasta ahora?

La respuesta es simple. La referida Ley 21.420, que estamos comentando, consagró un tope, que no tenía, al destino regional de las patentes: establece que lo anterior es "hasta un monto máximo equivalente a ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América"; ¿qué pasa con el saldo? "La recaudación que exceda del límite señalado ingresará al Tesoro Público", o sea, a rentas generales de la nación y, consiguientemente, pérdida para la región.

Llama la atención que, según la historia de la ley, no intervino o votó en contra de esta específica norma -el artículo 11- ningún diputado o senador de la pasada legislatura; nadie dijo nada, nadie hizo nada. Tanto en la Cámara, como en el Senado, la ley se aprobó por unanimidad. Frente a tal conducta cabe preguntarse si verdaderamente nos preocupa la regionalización o al menos, si creemos en ella.