Después de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y cuando ya se sabía que Chile Vamos había condicionado su respaldo al Acuerdo de Seguridad convocado por el Ejecutivo a una declaración de estado de excepción en la macrozona norte, los gobernadores regionales consideraron exiguo el plan que les presentó el Gobierno en la materia, pero accedieron a recibir uno nuevo la próxima semana, es decir, en 2023.

Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, manifestó en La Moneda que "en prevención del delito, no es en las delegaciones presidenciales donde hoy se está trabajando efectivamente, y en materia de protección y reparación de víctimas, prácticamente no hay esfuerzos desde el gobierno de Chile".

Agregó que como autoridades regionales pidieron a la jefa del gabinete "que la nueva propuesta que se nos entregue sea mucho más detallada y que no coarte aquellas facultades que hoy día, en los hechos, estamos ejecutando".

"tmanos atadas"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó que "el gobierno debe entender que no le sobran manos y lamentablemente hoy día los gobernadores regionales tenemos las manos atadas, precisamente porque no se nos ha reconocido formalmente algo que ya se les reconoció a los municipios en 2016. Hoy día en materia municipal, los gobiernos locales tienen la facultad de la prevención del delito, trabajan con seguridad ciudadana, articulan a las policías. Lo que estamos pidiendo como gobernadores es que se les reconozca, sin letra chica, esa competencia a los gobiernos regionales".

"Hemos venido a La Moneda a ofrecer nuestra ayuda y a realizar planteamientos concretos que esperamos que el gobierno se abra a aceptar. No creo que se puede prescindir de 16 gobiernos regionales en algo tan urgente y tan crítico como la crisis de seguridad que vive Chile", agregó Orrego y pidió una estrategia regional de prevención del delito.

"No nos conformamos con la facultad de hacer programas o proyectos, queremos también tener la facultad de hacer políticas regionales de prevención del delito de acuerdo a la realidad particular de cada región. No quedamos conformes con la propuesta del gobierno, creemos que no recoge lo que hemos planteado, así que les hemos pedido que la reformulen", aseveró Orrego.

Las sedes de varios partidos políticos fueron objeto de ataques nocturnos de un grupo de ciclistas que dicen ser detractores del acuerdo para un nuevo proceso constituyente, al igual que el edificio de Canal 13. Sin embargo, lo más grave lo vivió el presidente del movimiento Amarillos por Chile, Cristián Warnken, cuya casa fue objeto de la violencia.

El afectado, sin embargo, no estaba ahí, sino en el sur, y en conversación con el medio ExAnte afirmó que "eso es fascismo puro y duro".

"Estuve al tanto de todo por mis vecinos. Afortunadamente tampoco estaba mi hijo que vive y estudia allá. Un grupo de unas 70 personas se detuvo frente a mi domicilio y empezó a llamarme a voz en cuello. A gritar que saliera. Rayaron insultos y tiraron carbón diciendo 'los vamos a quemar, fascistas'. Y ahí los vecinos se empezaron a asustar, evidentemente. Una vecina contó que estaba con su niña y tuvo que arrancar, no pudo llegar a su casa. Y la empezaron a seguir. Hostigaron a la gente que estaba ahí. Eran muy violentos, muy fuera de sí y duró bastante tiempo", relató Warnken.

Cicletada de agresión

La violenta cicletada se produjo el lunes en la noche e hizo un recorrido de ataques contra las casas que sirven de oficinas del Partido Radical y el Partido Socialista (ambas en el barrio París-Londres del centro de Santiago), el Partido Comunista (en Vicuña Mackenna, también comuna de Santiago) y la Unión Demócrata Independiente (en calle Suecia, comuna de Providencia). Tras llegar hasta la casa de Warnken cerraron su gira de ataques frente a Canal 13.

El oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, capitán Williams Henríquez, detalló que "alrededor de las 20:30 horas, se mantuvo un monitoreo permanente de 70 a 80 ciclistas que se desplazaban del sector central al sector oriente, donde se detenían afuera de lugares estratégicos para ellos, como sedes de partidos políticos. En ese desplazamiento hubo algunos rayados con consignas". Entre ellas la más repetida fue una que decía "asamblea 100% electa" en referencia al órgano constituyente del nuevo proceso.

"Finalmente se desplazan hacia el sector de Vitacura-Las Condes, regresando al sector del Providencia alrededor de las 22:30 horas, hasta las afueras del Canal 13, donde también se disponían a efectuar algún tipo de rayado: en ese instante, se efectuaron los controles de identidad y se logró la detención de los cuatro sujetos que comenzaron a lanzar objetos (contundentes) contra Carabineros", añadió Henríquez.

Condena transversal

En el domicilio de Warnken, el grupo emitió gritos en su contra y la agrupación que lidera. Una vez conocidos los hechos, el partido en formación repudió "los actos de matonaje político contra la casa de su presidente: estas muestras de violencia, cancelación y cobardía son las razones que dan fuerza y sentido a nuestro movimiento. No nos atemorizarán".

Tras ello se produjo una cadena de reacciones de apoyo. La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas (también en formación), repudió "de manera clara y categórica la violencia ejercida contra las sedes de los Partidos Socialista y Radical y la funa contra Cristián Warnken. ¡La democracia se pierde cuando empezamos a ejercer la violencia y la normalizamos!".

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), reflexionó que "el 4 de septiembre no lo perdimos tanto por los contenidos, sino más por el tono de arrogancia que ahuyentó a las grandes mayorías. Hay que aprender de esa lección: no ganan las ideas progresistas a punta de funas y ni de superioridad moral".

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma manifestaron que "Las funas y agresiones sufridas por Warnken demuestran qué hay grupos que sólo buscan amedrentar para que no se lleve a cabo un nuevo proceso constituyente, actuando en forma absolutamente antidemocrática".

Cristián Warnken, por su parte, pidió al Gobierno enfrentar estos hechos "con autoridad y con claridad. Probablemente habría que pensar en una ley, porque los toman presos y después los sueltan y vuelven a hacerlo. Al final se va a transformar en algo habitual en que puedan ir a tu domicilio a gritarte, insultarte, amenazarte. Y a esto nadie le pone coto. En cualquier país civilizado eso no se puede permitir".