La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que establece un derecho a un descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de covid-19.

Con esto, la iniciativa impulsada por la diputada Karol Cariola (PC), que ya había cumplido con su trámite constitucional en el Senado, quedó en condición de ser despachada a ley.

Esto fue valorado por Jeannette Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social, quien destacó que "estamos muy contentos, porque hemos dado un importante paso en el reconocimiento, a través del ejercicio de un derecho laboral, como es el derecho al descanso, de la enorme labor de los trabajadores de la salud, y en particular de la salud privada dentro de toda la pandemia del covid".

La autoridad añadió que "junto con la labor de los dirigentes de los trabajadores de la salud, se contó con el apoyo transversal del Congreso Nacional y con la iniciativa liderada por la diputada Karol Cariola, que recogió la inquietud desde un principio de estos trabajadores, que no solamente se merecen los aplausos, sino que también un reconocimiento concreto, en la expresión de un derecho laboral y que hoy día se llama descanso reparatorio".

El proyecto

La iniciativa despachada a ley establece que los trabajadores de la salud privada pueden gozar de 14 días de libre disposición, los que pueden ser usados en su totalidad o de manera parcial durante tres años desde la fecha de publicación de este proyecto de ley, como compensación al esfuerzo realizado durante la pandemia del covid-19, al igual que el derecho con el que gozan los funcionarios de la salud pública.

En esa línea, se otorga, por única vez y de manera excepcional, un beneficio denominado "descanso reparatorio" a los trabajadores de establecimientos de salud privados, a los de farmacias y de almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en que se e encuentren vinculados a dichos establecimientos.

Los días de descanso reparatorio se considerarán como efectivamente trabajados para todos los efectos legales, siendo compatible con el uso de feriados y permisos, y podrán utilizarse inmediatamente antes o después de estos.

Redacción

En medio de su visita a la Región de Los Ríos, y solo un día después de que la encuesta CEP arrojara revelara un aumento en la desaprobación al Gobierno y un aumento en el pesimismo de cómo los chilenos perciben el futuro del país, el Presidente Gabriel Boric anunció siete nuevas medidas de apoyo económico a las familias más vulnerables para enfrentar los meses que se avecinan.

Esta batería de proyectos será enviada a la brevedad al Congreso para su discusión, dijo el jefe de Estado y llamó a los legisladores a no obstaculizar su tramitación.

Las siete medidas

Las medidas anunciadas, según explicaron posteriormente Mario Marcel, ministro de Hacienda, Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, y la ministra vocera, Camila Vallejo, tienen relación con aumentos en subsidios ya vigentes, fomento a la construcción, rebajas en medicamentos y la creación de un Bolsillo Electrónico, entre otras.

Una de las más importantes apunta a duplicar el Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo, que se obtendrá tal como hasta ahora, solo que las personas recibirán un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso, alcanzando de esta manera un aporte total de alrededor de 120 mil pesos.

La medida beneficiará a casi tres millones de personas.

El Bolsillo Familiar Electrónico consiste en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga. Esta se entregará dentro de la CuentaRUT como un monto separado, con el objetivo de aliviar el alza que han tenido los alimentos.

Este aporte, de carácter permanente, reemplazará al "Aporte Canasta Básica de Alimentos", que tiene vigencia sólo hasta abril de 2023.

La tercera medida busca un aumento del 20% de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF). También se avanzará en la automatización del SUF, para que llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, que actualmente no accede al beneficio por efectos del trámite de postulación.

Becas, subsidio

La siguiente medida apunta a aumentar el convenio para rebajar los costos y el número de medicamentos con descuento, pasando de 2.700 a 6.900.

Con la quinta medida se ampliará el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 50 mil niñas y niños de pre-kinder y kinder de colegios públicos y se aumentará en 5 mil pesos más la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

Con el sexto proyecto se extenderá la postulación al IFE Laboral y al Subsidio Protege durante todo el primer semestre de 2023, con lo que se impulsará la creación de cerca de 600 mil empleos formales.

Por último, como medida para fomentar este rubro, se implementará un programa de garantías especiales estatales de 50 mil millones de pesos para créditos en el sector de la construcción.

El déficit habitacional en nuestro país asciende a más de 640 mil viviendas y, a pesar de la emergencia que esto conlleva, estamos convencidos de que este es un momento único para aplicar mejoras a corto plazo, en particular en los estándares de construcción. En julio del año pasado, el Gobierno anunció un Plan de Emergencia Habitacional que contempla la construcción de 260 mil soluciones habitacionales en cuatro años, una meta ambiciosa que no solo se puede alivianar, sino que incluso sobrepasar con la inclusión de métodos constructivos alternativos e innovadores como la industrialización.

Se trata de generar nuevas alianzas y diseñar soluciones a la medida de familias que llevan años esperando por una vivienda definitiva. La industrialización supone un cambio de paradigma en la forma que se construye actualmente, trasladando la responsabilidad del proceso desde las empresas constructoras tradicionales hacia compañías fabricantes que pueden resolver el grueso de los problemas antes de la instalación en la obra. Todo ello no solo implica una reducción en los tiempos de espera para las personas, sino que agiliza todo el camino para combatir la crisis habitacional. De esta manera, los fabricantes pasamos de ser actores secundarios a protagonistas.

Además del uso de materiales de primer nivel, otra de las ventajas de este método constructivo es que solo utiliza una mínima cantidad de petróleo, agua y electricidad asociada al transporte y construcción de radier, minimizando al máximo el impacto que puede tener tanto en el medioambiente, como en la misma comunidad. La sociedad hoy nos exige nuevos estándares y debemos cumplirlos. Por eso, la invitación es a escuchar las necesidades reales de las personas y trabajar por ello. Hemos comprobado que un proyecto puede ser aprobado en seis meses, por lo que no nos conformaremos con menos.

Es muy positivo ver cómo en distintas regiones del país se está impulsando el desarrollo de conjuntos habitacionales de este tipo, que vienen a entregar soluciones dignas, con altos estándares de calidad para familias que han sido postergadas por mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que entender que la tarea maratónica de construir 260 mil viviendas a marzo del 2026 sólo la conseguiremos construyendo más y mejor, con nuevas estrategias que apoyen la construcción de conjuntos tradicionales.

Estamos seguros de que la vivienda industrializada es una respuesta rápida, eficiente y sostenible ante la emergencia habitacional que estamos enfrentando como país y seguiremos trabajando fuertemente junto a quienes se nos unan en este gran desafío.

*Félix Escudero es gerente general de TWH