El indulto presidencial otorgado a 12 detenidos por delitos ocurridos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, junto a un exfrentista, será uno de los capítulos de la acusación constitucional que presentarán RN y la UDI el lunes contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya que algunos de los ahora exreos presentaban complejos antecedentes delictuales previos, sumado a advertencias sobre conducta emitidas por Gendarmería, y que los decretos fueron firmados por Ríos en dos fechas distintas. El PS reconoció que "el momento no fue el más ventajoso".

Pasado el mediodía del último viernes de 2022, Justicia informó el Presidente Gabriel Boric indultaba a once personas: diez por el 18-O y el exfrentista Jorge Mateluna. Fueron los propios periodistas en La Moneda quienes comunicaron la noticia a las familias que, como era recurrente, se manifestaban en torno al Ejecutivo. 30 minutos después, el Gobierno señaló que el comunicado tenía errores y los indultados eran 13.

A la lista inicial se añadieron dos nombres vinculados a las protestas de 2019, Alejandro Carvajal y Matías Rojas, cuyos decretos de indulto fueron firmados por la titular de Justicia el jueves 29 de diciembre, es decir, el día antes de informar la decisión de Boric, el 30.

Luis Castillo Opazo, condenado por desórdenes y robo en lugar no habitado; y Sebastián Montenegro Coo, por porte ilegal de piezas de armas de fuego y municiones, aparecieron en la lista aquel viernes, pese a que Gendarmería destacaba, en el caso de Castillo, un "alto compromiso delictual", debido a, además, procesos por violencia intrafamiliar, amenazas y riñas carcelarias.

La ministra Ríos firmó la libertad de Castillo y Montenegro el mismo día en que fueron publicados, el viernes 30. Luego Castillo, al dejar el recinto penitenciario en Copiapó donde permanecía por atacar la oficina del Registro Civil, afirmó que "los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa", en compañía del concejal Wilson Chinga (PC).

En paralelo, el Presidente defendió aquel día que los indultados por el 18-O "no son delincuentes" y, esta semana, evitó responder si conocía el prontuario de Castillo: "Espero que sea un tema que podamos dar por zanjado, que pasemos adelante la página".

Argumentos

El secretario general de RN, Diego Schalper, explicó que la acusación contra la ministra Ríos se debe a que "no supervisa adecuadamente las cárceles, no ha tenido un rol suficientemente adecuado en su supervisión a Gendarmería, donde nos parece que los permisos carcelarios que se han dado en Arauco y en otras partes del país no han estado a la altura de lo que exige la legislación. Y donde el último capítulo tiene que ver con el episodio de los indultos, donde nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es aplicación de la ley".

Un cambio en el liderazgo del Ministerio de Justicia se rumoreaba ayer en La Moneda, frente a lo cual el diputado respondió que "si ella llega a salir debemos evaluar perseverar aún en la acusación".

La UDI anunció ayer que acudirá a Contraloría y el Tribunal Constitucional (TC) porque "no hay una fundamentación por parte del Presidente, y cuando él no la dice en el decreto pero la dice en la prensa y la reitera, que esto es porque son inocentes, (...) se está entrometiendo en la pega de otro poder del Estado (Judicial)", señaló el diputado Jorge Alessandri.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo a Radio Universo que "en medio de la discusión que se daba por la mesa de seguridad, con la importancia que tiene el tema en nuestro país y ad portas de llegar a algún acuerdo, el momento no fue el más ventajoso", mientras que al declarar la inocencia, "yo creo que él (Boric) ahí sí cometió un error y lo reconoció al otro día".

"Yo creo que él (Presidente) cometió un error (al declarar la inocencia de los ex reos) y lo reconoció al otro día".

Paulina Vodanovic, Presidenta PS

Las ministras del Interior y de Justicia, Carolina Tohá y Marcela Ríos, se reunieron ayer con el candidato a fiscal nacional seleccionado por el Presidente Gabriel Boric, Ángel Valencia, con el objetivo de preparar su presentación ante el Senado, que ocurrirá en la semana entrante. El abogado llegó a La Moneda con discreción y permaneció allí menos de una hora, debido a los cuestionamientos por su defensa en casos de delitos sexuales.

Valencia ingresó a La Moneda por calle Morandé, quedándose 40 minutos junto a Tohá y Ríos, quienes, informó Interior, hicieron lo mismo con los dos candidatos rechazados por el Senado para liderar el Ministerio Público, José Morales y Marta Herrera.

El candidato seleccionado por la Corte Suprema en la quina que envió al Presidente, y a su vez por éste, ha sido cuestionado por la ministra de la Mujer, Antonia Urrejola, debido a su trabajo como defensor de acusados de abusos sexuales.

La secretaria de Estado no participó de la reunión de ayer, aunque, según Ex-Ante, se reunió con Ríos en la tarde del jueves. Orellana antes de ser ministra participaba en la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, organización que en su cuenta de Twitter lamentó la propuesta del Gobierno.

La senadora Loreto Carvajal (PPD) agregó ayer en CNN Chile que sobre Valencia "hay antecedentes de un historial que habla de una defensa permanente en el ámbito privado no a las víctimas, precisamente".

"Cuando ha habido una trayectoria que habla de una defensa a un condenado a tres años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación a una menor de edad, por supuesto que habla de un accionar del cual nosotros debemos exigir un estándar superior", destacó la legisladora que deberá votar la decisión presidencial.

"Yo esperaría que la trayectoria de señor Valencia esté aparejada a un accionar y un trabajo que vaya en defensa de las víctimas y no de los victimarios", agregó Carvajal porque, a su juicio, "es como si a mí me solicitara el Presidente que apoyara al abogado del señor Pradenas", en el caso Antonia Barra.