Agencias
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumplió un mes en el cargo, al que accedió por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, tiempo en el que ha afrontado violentas protestas con 28 muertos y 36 decenas de heridos, mientras el ex Presidente boliviano, Evo Morales, insiste en apoyar las manifestaciones y presionar al nuevo Gobierno peruano.
Como vicepresidenta electa en las urnas, Boluarte asumió la presidencia para completar el periodo de Castillo, que debía culminar en 2026, pero desde las primeras semanas de su mandato se desataron violentas protestas por lo que decidió rápidamente plantear un proyecto legislativo para el adelanto de las elecciones generales en abril de 2024.
Sin embargo, el anuncio no calmó las protestas, pues distintas organizaciones sociales, sobre todo del sur del país, exigen junto con su salida de la Presidencia, el cierre del Parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
La jefa de Estado ha hecho permanentes llamados al diálogo a los grupos de manifestantes y se ha reunido con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición, como lo ha denominado.
No obstante, el Ministerio Público ya ha abierto una indagación preliminar en su contra, al igual que a varios ministros, por la muerte de 28 personas en las protesta de diciembre pasado, las mismas que empezaron apenas juró al cargo, por el presunto uso excesivo de la fuerza del Ejército, que salió a recuperar el orden público en apoyo a la policía tras la declaratoria gubernamental de estado de emergencia.
El foco de las protestas de diciembre, y la consecuente represión, estuvo en las ciudades de Andahuaylas y Ayacucho, pero en otros puntos del territorio hubo decenas de bloqueos de carreteras y la toma de varios aeropuertos, que forzaron el cierre de sus operaciones.
Después de una tregua por Navidad, las protestas se reanudaron esta semana y se concentran en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, donde los manifestantes intentaron tomar el viernes el aeropuerto de la ciudad de Juliaca y en el enfrentamiento con la Policía terminaron alrededor de 36 personas heridas, entre civiles y policías.
Injerencia de evo
En este contexto, en la última jornada Evo Morales se defendió ante las denuncias de que promueve el separatismo en el sur peruano y aseguró que "el Perú profundo ha despertado", en referencia a las nuevas protestas en el país.
"Mientras grupos oligárquicos de la derecha en Perú tratan de amedrentarnos con mentiras y denuncias insostenibles, continúa la represión brutal contra hermanos indígenas que reclaman justicia, democracia y recuperación de sus recursos naturales. El Perú profundo ha despertado", escribió Morales en Twitter.
También opinó que "en el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder".
Morales respondió así a la noticia de una denuncia presentada hace unos días en su contra ante la Fiscalía de Perú por el congresista peruano Jorge Montoya, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, por "atentado contra la integridad nacional".
Además, la Presidenta Boluarte, informó esta semana que analiza junto a la autoridad migratoria "la situación de ingreso" de Morales a su país, porque no debe "intervenir en temas internos".
Evo Morales mantuvo una activa presencia en Perú, durante el Gobierno de Castillo (2021-2022) con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
Castillo
En tanto, el ex Presidente Castillo permanece detenido en el distrito limeño de Ate, mientras es investigado por rebelión, cargo que se sumó a denuncias por corrupción.
La esposa e hijos de Castillo, quien intentó dar un autogolpe el 7 de diciembre, recibieron asilo político en México bajo la protección del presidente Andrés López Obrador, quien no reconoce la legitimidad de la Presidencia de Boluarte.
En esa misma línea, la mandataria ha tenido que lidiar con Argentina, Bolivia y Colombia por su críticas y apoyo a las protestas en favor del destituido Presidente, por lo que citó a sus embajadores rechazando cualquier injerencia.
