Tras dos días de una nutrida agenda las representantes del Instituto de Derechos Humanos pudieron conocer de primera fuente el alcance del grave problema socioambiental que afecta a cerca de 4 mil familias que viven en las cercanías del exvertedero municipal.

Visita en terreno mediante, fue la propia directora del organismo la que advirtió y detalló la serie de vulnerabilidades a las que están expuestas cientos de adultos mayores, niños y pacientes crónicos.

Para quienes conocen la larga historia de estériles medidas anunciadas por parte de diversas autoridades en torno a este tema, podrían afirmar que las declaraciones del INDH no distan mucho de un sinfín de anuncios previos. Sin embargo, si se observa en detalle, la acción del organismo puede constituir un pequeño, pero importante avance en el camino a una solución integral.

En primer lugar, el papel de articulador que expresa el INDH en todo el conflicto aparece como una oportunidad para las múltiples partes que habitualmente aparecen enfrentadas y en permanente colisión. Hasta el minuto, y pese a las continuas emergencias, ni la municipalidad, el gobierno regional o servicios públicos lograron establecer una mesa de trabajo que de continuidad y control sobre las medidas anunciadas. El papel del INDH en esto puede resultar de suma ayuda, si cuenta con la colaboración de los representantes de cada institución.

Es ahí donde, lo indican los últimos resultados de la encuesta CEP, la ciudadanía espera un cambio de tono en sus autoridades representantes. La búsqueda de acuerdos y caminos en común debe superar egoísmos y cuentas cortoplacistas. Y el caso del ex vertedero de La Chimba es el mejor ejemplo.

Por lo demás, el INDH, junto con asumir el papel de facilitador, advirtió a las autoridades dos aspectos que resultan cruciales en la discusión pública. De no encontrar soluciones, y ante la afectación de derechos garantizados, el INDH podría recurrir a tribunales, exigiendo responsabilidades y de paso, poniendo una gran interrogante para el desarrollo de proyectos de vivienda social para mas de 9 mil familias, poniendo en jaque el plan de emergencia habitacional para la región.