La Cámara de Diputados votará entre hoy y mañana la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en cuya comisión revisora ayer expuso la directora del programa Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, quien se refirió a un concurso público invalidado: "Mientras eso se desarrolla, lo que hacemos es dar continuidad, ya sea con organismos colaboradores que venían ejecutando los proyecto o con nuevos adjudicados", por lo que descartó abandono de deberes.

El tercer capítulo del documento presentado por integrantes del Partido Republicano acusa al ministro de "dejar sin ejecución la Constitución y las leyes por no implementar oportunamente la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la infracción al deber de supervigilancia que le corresponde al ministro Jackson en tanto autoridad estatal respecto de los Derechos del Niño".

Ante esto, la responsable de Mejor Niñez declaró en la comisión que "es un servicio que está descentralizado, pero además garantizar que la decisión del proceso de invalidación resguarda la atención de todos los niños, niñas y adolescentes de los proyectos a lo largo de Chile, eso es lo más importante de situar en la opinión pública".

El concurso público aludido, continuó Muñoz, "tenía mayoritariamente proyectos que se venían desarrollando", por lo que el proceso de invalidación, es decir, revisar los antecedentes y determinar si es necesario invalidar total o parcialmente el concurso, "mientras eso se desarrolla, lo que hacemos es dar continuidad ya sea con organismos colaboradores que venían ejecutando los proyectos, o con nuevos adjudicados si era imposible que organismos que venían desarrollando pudiesen dar continuidad. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos".

El jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, dijo ayer que "no estoy convencido para votar a favor aún de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, (...) y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido de acuerdo a los antecedentes que he podido estudiar".

Sin embargo, el exvocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), puntualizó en radio Cooperativa que el actual oficialismo realizó diez AC contra la administración anterior y "ninguno tenía ningún fundamento jurídico", porque quienes instalaron la tesis de que las acusaciones "eran un juicio político, fueron precisamente quienes hoy día están en el Gobierno, y en particular el ministro Jackson".

El Ministerio de Desarrollo Social informó que la canasta básica de alimentos más que duplicó la inflación en el país y marcó un alza del 28,2% en el último mes de 2022.

Si bien hubo moderación en el incremento de precios entre noviembre y diciembre, la medición anual terminó por superar el doble de inflación: 12,8% según IPC, el más alto desde 1991.

En diciembre, se presentó un alza en el 82% de los productos que componen la canasta básica -65 de 79-. Las importantes se dieron en frutas y verduras como el limón (24,9%), la manzana (17,7%), el choclo congelado (6,3%) y la papa de guarda (5,6%).

Redacción

Mientras la Asociación de Isapres de Chile mantiene sus críticas hacia el Gobierno e insiste en que no tiene "sentido de urgencia" para abordar la crisis del sector, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo ayer que el tema ha sido tomado con "normalidad" en el Ejecutivo, aunque admitió que entiende "el nerviosismo" de las aseguradoras.

Esto luego del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres regirse por la tabla de factores dictada a fines de 2019 y restituir -eventualmente- los cobros extra a los afiliados. "Al superintendente de Salud se le otorgó un plazo de seis meses para proponer la forma en que se da cuenta del fallo, y él está trabajando en ese tema para dar señales de cuál va a ser la forma de aplicar el fallo de la Corte Suprema a las isapres", respondió Aguilera al ser consultada por la crisis.

"En estos momentos estamos bien concentrados en el tema de cómo se va a dar cumplimiento al fallo, y de cómo seguir trabajando de manera de dar estabilidad al sistema, y vamos a analizar las propuestas que nos entrega el Congreso", añadió. "Nosotros somos responsables y prudentes (...) Para mí es natural que las isapres estén nerviosas respecto de esta situación, pero vamos a resistir esa presión y vamos a tratar de trabajar y darle tranquilidad a la gente", indicó.

Sobre los efectos palpables que está teniendo en el sistema de salud esta crisis, Aguilera explicó que "no estamos planteando que vaya a haber un cambio, y un traslado de tres millones de pacientes bruscamente hacia el seguro público. Efectivamente, ha habido un aumento del traspaso de personas hacia el Fondo Nacional de Salud, también por la situación económica".

Camilo Cid, director de Fonasa, dijo que "hemos notado un aumento dentro de lo normal. Han aumentado también las consultas dentro de las sucursales que nosotros tenemos, pero no auguramos una venida masiva como la que plantea en la pregunta, sino más bien dentro de los cánones normales, con un poco más de agudeza producto de la situación económica que siempre producen estos cambios, o los incentivos".

"En los últimos meses más o menos ha ido a la misma velocidad, no ha habido un aumento explosivo en el último periodo", precisó Cid.

El Minsal adelantó que hoy se retomarán las reuniones con la mesa de trabajo con la Asociación de Isapres.

El Gobierno anunció el Plan de Reactivación Educativa 2023, compuesto por tres medidas para combatir los efectos de dos años donde no hubo presencialidad en los colegios del país y que busca apoyar a las comunidades educativas, dada la alta deserción y ausentismo.

Una medida es la ampliación del programa de convivencia y salud mental, donde, a través de una alianza con universidades y equipos de convivencia, apoyarán a 100 comunas prioritarias para que más de 2.100 establecimientos educativos y más de 1.200.000 de estudiantes accedan al programa.

Los objetivos son fortalecer las redes de convivencia comunales y dar herramientas para la gestión territorial, apoyar a las escuelas y liceos con situaciones críticas de convivencia escolar y formar equipos de convivencia y docentes para fortalecer el abordaje pedagógico.

Por otro lado está la estrategia para el rezago lector, donde se pondrá a disposición de todos los establecimientos educativos un kit de apoyo pedagógico para revertir esta situación. Además, se buscará convocar a más de 20 mil tutores para trabajar con 80 mil estudiantes de 2° a 4° básico con rezago en habilidades de lectura, escritura y comunicación.

Por último, se conformarán equipos territoriales para asistencia y revinculación, donde consideran a 1.300 profesionales y gestores desplegados en todas las comunas para buscar que los estudiantes regresen a las aulas.

Junto con lo anterior, el presidente Gabriel Boric confirmó la creación de un Consejo para la Reactivación Educativa, conformado por 23 representantes de distintas entidades. Entre los citados se encuentran el exministro de Hacienda Ignacio Briones y las exministras de Educación Yasna Provoste y Adriana Delpiano.

Boric admitió que "Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y eso, lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello".

Desde la oposición hubo voces que indicaron que el anuncio llega un año tarde y también desde el Colegio de Profesores, que es parte del Comité, hubo críticas. Mario Aguilar, presidente metropolitano del gremio, dijo que "llega tarde este plan de reactivación, tarde llega el Estado, tarde llegó para los estudiantes que no tenían recursos para estudiar a distancia en la pandemia y tarde llegó cuando les advertimos que el retorno presencial debía ser pausado".

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reveló que mañana se realizará la primera sesión ordinaria del Comité de Ministros en 2023, donde se analizará el proyecto minero-portuario Dominga de la comuna de La Higuera. Para las ocho de la mañana están citados la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien preside la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, de Economía, Nicolás Grau, de Energía, Diego Pardow, y de Minería, Marcela Hernando. Rojas afirmó a CNN Chile que no se va a inhabilitar luego de que pescadores artesanales pidieran a Contraloría revisar un posible conflicto de interés con un abogado de la ONG Oceana.