Iniciamos el 2023 conscientes de que será un año complejo en materia económica. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, se prevé una contracción económica de 1,3% a nivel país, lo que representa un desafío importante, por ejemplo, para las empresas del sector energético, que estamos avanzando hace años en procesos como la descarbonización y el desarrollo de nuevas tecnologías para contribuir a la eficiencia de la industria. A lo anterior, se suma también la crisis hídrica que nos ha afectado fuertemente como país durante, al menos, los últimos dos años.

Ante este escenario, es clave que las empresas estemos a la vanguardia y asumamos nuevos desafíos en línea con la realidad del país, pero siempre con el objetivo claro de aportar en materia económica y, en nuestro caso, siendo sustentables. Porque además de la crisis económica e hídrica, debemos sumar a este panorama la crisis climática que vivimos como planeta. En ese sentido, es primordial crear conciencia en la sociedad civil y reforzar la importancia de la sinergia entre los pilares económico, ambiental y social para avanzar en el desarrollo sostenible de Chile.

El avance de la descarbonización es clave. Es una de las principales herramientas para lograr una economía global y local con bajas emisiones y así llegar a la tan anhelada neutralidad climática a través de la transición energética. Chile está avanzando de manera positiva en este sentido, ya que actualmente cuenta con el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 que tiene tres focos principales: potenciar la realización de inversiones sostenibles, permitir el desarrollo de regulación e institucionalidad y avanzar en la descarbonización y desarrollo de valor local.

Además, fomentar la inversión es crucial, ya que es uno de los factores más importantes para generar crecimiento. Como país debemos entregar señales claras de que existe un entorno propicio para la inversión y así mantener y mejorar las cifras que existen actualmente. Chile es un país con mucha riqueza y la debemos aprovechar al máximo, fomentando el desarrollo sostenible en todo ámbito, sobre todo en el sector energético, porque hay recursos naturales de sobra para generar distintos tipos de energías renovables.

Mario Velázquez

Presidente de Schneider Electric Chile

Un profesor canadiense llamado Jacques Tardif, doctor en psicología de la educación, escribió, hace tiempo, la metáfora de las cosas-fotos y la cosas-películas en el contexto de las evaluaciones ya que, en educación, en general, se tiende a mirar las cosas como en una sola fotografía. Con ello se define, por ejemplo, si un estudiante tendrá éxito o sufrirá un fracaso en un curso o asignatura; pero, no se observan las cosas en un continuo, como en una película. En rigor, así debiera ser porque las personas siempre están en movimiento y en una permanente evolución. De la misma manera, debe haber una metáfora para concebir el itinerario que han tenido las universidades estatales en el país y, a su vez, conocer la línea evolutiva del sistema de educación superior de Chile, en los últimos 50 años. El primer tema es todo un caso porque no se entiende que el Estado señale con abundante discurso que tiene 18 universidades estatales; pero, que a estas solo le alcanza a brindar un 17% de todo su financiamiento. El resto es, siempre, de procedencia de los apetecidos proyectos o de iniciativas específicas de los académicos que están más conectados con la innovación, investigación, tecnología y emprendimientos.

El segundo tema tiene que ver con la propia política pública que ha definido el quehacer de las universidades estatales en un ámbito de financiamiento como un bien privado, la educación, asociando precios, valorizaciones de carreras, aranceles y matrículas. Debido a lo anterior, nunca ha quedado claro si el derecho público tiene que ver con lo estatal y las insistencias conceptuales siguen reduciendo los factores explicativos a una sola forma de ver las cosas o a una sola acción. El tercer tema dice relación con lo que expone acertadamente el abogado José Julio León quien señala que el problema de la universidad estatal en Chile es un asunto empírico con línea multifactorial. Es decir, "el cambio de políticas depende de la conducta de los actores sociales y de las acciones que llevan a cabo como de los conceptos que utilizan o emplean". Actualmente, se ha señalado hasta el hartazgo que "la educación no es un bien de consumo sino un derecho social" y eso genera consecuencias prácticas para la política pública y para las decisiones de la orgánica estatal.

Por lo mismo, mi hipótesis es que tenemos un sistema de educación superior secuestrado por las leyes del modelo de mercado ya que todavía rige la Ley N° 18.96, una ley de amarre brutal, por sobre, incluso, la Ley N° 21.091, del año 2018, por lo que cada gobierno de turno y los propios funcionarios no inciden mayormente en las formas de configurar la educación superior en universidades estatales. Los juristas dirán que es una ley derogada en el año 2009; pero, la absurda curiosidad nos dirá también que no toda en su completitud ya que hasta el día de hoy sigue vigente a través de su Título III (salvo su párrafo segundo) y su Título IV, normas referidas básicamente a la educación superior. De manera general, hay que decir que son tantos los cerrojos que, en rigor, ha generado enormes repercusiones en los distintos ámbitos de las universidades estatales. Más allá de los rankings y de los diversos indicadores que el país exhibe en acceso a la educación superior, empleabilidad, productividad científica, entre otros, el tema es cómo nuestro país normalizó una forma de hacer universidad sin importar lo que significa concebir la educación como un derecho fundamental y como un derecho social. Otro elemento importante es asumir, por ejemplo, el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, que fue ratificado en Chile en el año 1972 y que recién entró en vigencia, en su primera etapa, en el año 1989, pero que todavía no es asumido de manera completa por las autoridades gubernamentales. El dilema aun es largo.

El borde costero de la región en poco tiempo se fue transformando en un lugar propicio para la instalación de rucos de personas en situación de calle, pero también de quienes pensaron que era la oportunidad para ocupaciones ilegales y levantar sus improvisadas construcciones utilizando un bien de uso público y deteriorando el entorno de balnearios y playas. Por ello, la autoridad determinó -a instancias presidenciales- un plan de recuperación que ya totaliza cuatro operativos con la erradicación de 40 rucos, devolviendo la tranquilidad y belleza a los lugares.

La tarea no ha sido fácil, porque como sabemos, la mayoría de quienes se instalan tienden a volver una vez desalojados. Es allí que nace la tarea de ver soluciones para quienes viven en la calle y evitar su regreso a esas precarias condiciones de subsistencia.

Hasta el momento el proceso ha resultado exitoso y es posible apreciar playas libres, más limpias y tranquilas. Algo anhelado por los habitantes y que también tiene un directo impacto en el turismo.

Dejando de lado a quienes viven en calle, hay otros que quisieron aprovecharse de la inacción de la autoridad para levantar construcciones y ocupar espacios públicos. Estos debieron se retirados con apoyo de maquinaria pesada con la clara intención de enviar un mensaje a quienes piensan que pueden actuar en la ilegalidad para beneficio propio.

Aquí no hay justificaciones. La mayoría de ellos no tienen necesidades y las ocupaciones son claramente con afanes de aprovechamiento.

Sin duda, que esta labor era esperada por la comunidad que en el peak de la pandemia soportó meses de restricciones y vio como espacios públicos fueron tomados para vivir o pernoctar. Vecinos convivían con incivilidades y los veraneantes no podían disfrutar en su totalidad del litoral, por la molestia y reacciones de estos nuevos moradores costeros.

La región y, principalmente Antofagasta, necesitaban de esta recuperación, la que se está haciendo bajo protocolos claros, y con ello proyectar otra imagen de ciudad. Una de ordenamiento, de mayor cuidado de los sitios públicos denotando preocupación y cariño por el territorio.

Lo que viene ahora es tarea de la comunidad, la que deberá demostrar que sus reclamos estaban orientados en poder ocupar los espacios tomados, darles buen uso, mantenerlos limpios y cuidarlos.