De los 24 miembros de la Comisión Electa ratificados por el Congreso durante la semana, solo una tuvo ocupó cargos en una región que no fuera la Metropolitana. Se trata de Paz Anastasiadis (DC), quien fue seremi de Justicia en Valparaíso durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, además de contar con experiencia en municipios de la misma zona.

La casi nula representación de otras regiones al interior de este órgano -que estará a cargo de escribir el anteproyecto de Carta Fundamental, que luego pasará al Consejo Constitucional- genera sorpresa y críticas en los expertos consultados. Además, el hecho de que predominen expertos ligados a lo jurídico y solo haya una economista, un sociólogo y una periodista, también genera reparos entre los académicos.

"Al tacho de basura"

Javiera Arce, de la Red de Politólogas, dice tener "sentimientos encontrados con el proceso". Esto, argumenta, porque durante el proceso anterior, en referencia a la Convención Constitucional, "tuvimos personas de regiones, y se cayó todo. Entonces, al final no sé cuál sería la representación óptima".

"No hay personas de regiones, y está súper desequilibrado en términos de profesiones, no hay una variedad muy grande. La mayoría son abogados, casi todos. Van a faltar economistas, por supuesto que cientistas políticos, va a faltar gente de otras disciplinas", agrega.

"Son todos abogados, y eso refuerza la idea de que este país es extremadamente normativo (...). Y hay un inminente centralismo. También esperaba alguien de regiones, porque, además, me parece que las listas que habían presentado -por ejemplo, el ex Presidente Sebastián Piñera-, tenía gente de regiones. Pero acá no, ninguno de los 24 es de regiones, ni del norte ni del sur, solamente el centralismo de Santiago", manifiesta Francis Espinoza, académica de la Escuela de Periodismo de la U. Católica del Norte.

Además, Espinoza advierte que "esto es extremadamente preocupante, por varias razones. En primer lugar, yo creo que, tanto las universidades, como los centros de estudios, como los think tank no son espacios válidos en las regiones para llevar un proceso constituyente. Eso pudiese implicar que efectivamente que la mirada será extremadamente acotada de una cosa muy centralista y todas las aspiraciones de regionalización y descentralización se van un poco al tacho de la basura".

Acuerdo político

En tanto, el analista político Osvaldo Villalobos acota que "aquí estamos en presencia de un acuerdo político. No es más que eso, es un acuerdo político", y recalca: "digámoslo derechamente: esto también fue una cocina". Asimismo, resalta que, "mientras todos estaban enojados con acusaciones constitucionales, en el mismo momento se estaba negociando estas dos listas. Es una cocina, que no me sorprende, pero sí lamento que no haya representación regional".

"La explicación que se dio para eso es que las regiones van a participar a través de elecciones, pero es una explicación que no se entiende y que no satisface a nadie, porque la única región que tiene representación es Valparaíso, pero está al lado de Santiago, es parte de la estructura centralista", indica.

Mientras, para José Miguel Cabezas, académico del CISS de la U. Mayor, "hay dos formas de ver esto. El vaso medio lleno, es que el proceso constituyente está en camino, tomando fuerza, va avanzando, siendo que estuvo en un punto muerto por un par de meses más o menos importante. Pero también uno ve el vaso medio vacío, de que ahora pasan varias cosas. Primero que todo, en que el plebiscito de entrada opinó fuerte y claro que quería una nueva Constitución y que fuera escrita por personas electas democráticamente, y algo que hoy día se echó por tierra completamente. Nadie de los nombrados, tanto por la Cámara como por el Senado, fueron ratificados ni validados por un proceso de elección democrática".

Además, sostiene que "acá hay un pecado original, que están negando completamente el componente político a la Constitución, y lo están dejando como algo meramente administrativo y legal, lo que dista de la realidad. La Constitución es un contrato político de la sociedad con sus representantes, y que está compuesto por normas, pero esas normas son una representación de un acuerdo político entre distintos actores. Hoy día se desentendió esa concepción y se da por sentado que por ser abogado se sabe de política, y yo creo que esa va a ser probablemente uno de los mayores inconvenientes de aquí en adelante, que no por ser abogados o saber de leyes saben de política".

Como sea, con esto ya zanjado, los partidos políticos deberán enfocarse en conformar las listas que presentarán para la votación de consejeros constitucionales, siendo el plazo fatal el 7 de febrero, mientras que los sufragios se realizarán el 7 de mayo.

Con 110 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente en el país. Esto, luego de llevar el proyecto a una comisión mixta de diputados y senadores donde, finalmente, fue salvada la iniciativa.

Para el diputado Jaime Araya (Ind. - PPD), miembro de la comisión mixta que logró destrabar la iniciativa, el proyecto "pone por delante el interés del norte. El Estado de Chile tiene una deuda permanente con el norte, tenemos una situación de abandono; y hoy en día la crisis de seguridad y el descontrol migratorio necesitaba de una herramienta conforme a lo que dispone nuestro protocolo constitucional."

Sostuvo que "es una buena medida para enfrentar de una manera responsable, racional y proporcional la grave crisis de seguridad en la macrozona norte."

Destacó, finalmente, que las Fuerzas Armadas en las fronteras "tengan facultades de control de orden público, que estén autorizados para hacer controles de identidad, registros y eventualmente para detener y poner a disposición de las policías a quienes deban iniciar los procesos penales procedentes".