Redacción

Los ministros de Hacienda, Mario Marcel, Trabajo, Jeannette Jara y Economía, Nicolás Grau, presentaron ayer la Agenda de Productividad del Gobierno que implica 46 medidas en 9 ejes distintos que buscan mejorar la economía del país.

La iniciativa se realizó junto a representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y contó con apoyo de gremios de pymes.

Entre las medidas más relevantes, en el segundo semestre del 2023 se ingresará un proyecto de ley de reforma estructural del sistema de permisos sectoriales para inversiones que tiene el objetivo de reorganizarlo, reduciendo tiempos de tramitación. Además, buscará un mayor equilibrio entre carga regulatoria y riesgo.

Por otro lado, se ampliarán los programas de capacitación en competencias digitales, con prioridad en esfuerzos y recursos para quienes sean evaluados como los más efectivos en generación de empleabilidad.

Se presentará un proyecto de ley para un Fondo de Capital de Riesgo que financiará empresas innovadoras, así el Estado será aportante junto a inversionistas privados.

En tanto, comenzarán un proceso para que se dejen de exigir trámites notariales a nivel administrativo y consiste en revisar y eliminar esta etapa en algunas diligencias, o generar alternativas como la firma electrónica.

En esa misma línea, el plan considera la digitalización de procesos de comercio exterior y logística, ampliando el alcance de la devolución de IVA Exportador a más puertos.

También se impulsará un proyecto de Ley de Cabotaje Marítimo y se diseñarán nuevamente los subsidios de empleos con foco en mujeres y jóvenes.

En cuanto a las mipymes, se buscará que aumente su participación en las compras públicas con la aprobación de un proyecto de ley en el primer semestre de 2023.

El ministro Marcel afirmó que la agenda tiene "urgencia" y destacó que "no es ni el comienzo ni el final de los esfuerzos por elevar la productividad en Chile".

"Nuestra agenda económica de corto y largo plazo se complementan entre sí, para buscar de una manera práctica, con medidas concretas, con iniciativas concretas, aportar al crecimiento sostenible y equitativo en nuestro país", añadió el titular de Hacienda en la presentación del plan.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Richard von Appen, destacó en radio Cooperativa "la instancia de diálogo tripartita a la que nos invitó el Gobierno" para elaborar la agenda y resaltó que "siempre hemos sostenido que aumentar la competitividad y la competencia es beneficios para todo el mundo, lo único que hemos sostenido es que debe ser en igualdad de condiciones. En tanto, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, indicó sobre el anuncio que "estos nueve puntos se han elaborado a partir del trabajo en conjunto que se ha realizado, claramente va en la dirección correcta".

Tras la última reunión de la mesa de trabajo en la que participa el Ministerio de Salud y las isapres, estas últimas decidieron congelar su participación en el espacio acusando falta de respuestas del Gobierno.

"Constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las Isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia", señalaron en un comunicado.

Según el texto, "la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa".

"Dicha iniciativa, no evitaría la quiebra de las Isapres, sino que traspasa a los afiliados al Fonasa, una vez que se haya desencadenado la caída del sector. Tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente", añadieron las isapres.

Por su parte, los exsuperintendentes de salud (de 1990 hasta 2022) presentaron propuestas a la comisión de Salud del Senado donde afirman que los fallos dictados por la Corte Suprema generarán "desastrosas consecuencias para el sistema de ispares dado que, en la dictación de tales sentencias, la Corte Suprema no aquilató adecuada y debidamente las gravosas consecuencias financieras y económicas que podría ocasionar".

Además, evidencias consecuencias para los pacientes fonasa y un fuerte aumento de las listas de espera de cirugías.

Sobre el fallo de la Corte Suprema, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que "es lo suficientemente complejo para requerir un análisis detallado de él" y detalló que "en las reuniones de la mesa trabajo con las isapres, fue quedando cada vez más claro que la diferente interpretación que se tenía respecto a los alcances del fallo entre la Asociación de Isapres y la Superintendencia hacía necesario un recurso de aclaración".

"El superintendente de Salud (Víctor Torres) no tiene facultades para interpretar fallos de la Corte, sino que solamente para seguirlos, y si le parecían aspectos poco claros tenía que solicitar una aclaración", agregó.

Así, destacó que la Corte Suprema "está dando una respuesta muy concreta" con la resolución del jueves.

El 39° informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax, reveló que en el trimestre octubre-diciembre del 2022 hubo 4.126.570 personas con deudas impagas.

Esta cifra significó un alza de 0,3% con respecto al trimestre anterior y un aumento de 2,1% en comparación a diciembre del 2021.

Los números confirman un estancamiento en la disminución de los morosos, que desde septiembre de 2020 mostraron una caída sostenida y tuvieron su punto más bajo en septiembre de 2021, cuando estuvo en 4.037.742. Luego pasó cinco trimestres sin variaciones significativas.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, comentó que "este resultado era esperable, ya que en 2021 tuvimos un crecimiento sobre el 11%, desempleo en torno al 7,2% y las familias contaban con gran liquidez por las ayudas del Estado y los retiros de los fondos de pensiones".

"En cambio, en 2022 acumulamos la inflación más alta en 30 años, los salarios reales cayeron y el desempleo aumentó en torno al 8%, con un impacto mayor en las mujeres. Por ello, las proyecciones para 2023 no son esperanzadoras. El PIB se contraerá hasta un 2% y la inversión en torno a 5%, lo que repercutirá seguramente en un aumento del desempleo y de la informalidad, afectando los ingresos de las familias y su capacidad para cumplir con los compromisos crediticios", añadió.

Tomando en cuenta a todos los morosos del periodo, la deuda total llega a 9 mil 384 millones de dólares, lo que representa la octava caída seguida y el monto más bajo en 48 meses.

El promedio de deuda está en $1.954.493, mostrando el quinto descenso consecutivo desde septiembre de 2021.

Weber explicó que se debe a que "las personas que están entrando a morosidad son aquellas de los sectores más vulnerables y su ingreso es con montos más pequeños, lo que hace bajar el total de la morosidad y los montos de mora promedio".

Los nuevos morosos mostraron una disminución de 99 mil personas y el grupo de morosos intermitentes, que tienen al menos una deuda publicada en los últimos 12 meses, sumó a 86 mil personas, con una proyección de que muchos pasen a la categoría de morosos permanentes, es decir, que tienen moras por 12 meses o más.

El retail, grupo que acumula el mayor número de personas con compromisos impagos con 45%, es seguido por la banca con 26%. Esta última concentra el monto mayor (57%) con más de 5 millones de dólares.