Redacción

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó ayer los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide 2022) que exhibió que un 17,6% de las personas adultas en Chile presentan un grado de discapacidad, lo que equivale a 2.703.893 personas.

El estudio captó de manera simultánea información sobre situaciones de discapacidad y dependencia en todo el territorio nacional, con el objeto de clarificar las condiciones de salud y calidad de vida de las personas. Este concluyó que del total de personas con un grado de discapacidad, 11,4% presentó discapacidad severa y un 6,2% presenta discapacidad leve o moderada.

Asimismo, la encuesta reveló que las mujeres tienen mayor prevalencia de discapacidad comparadas con los hombres: un 21,9% y 13,1% respectivamente.

De especial relevancia resultó que el grupo de personas con 60 o más años es el que más número de individuos tiene con necesidades especiales.

En ese, sector el 32,6% se encuentra en esta condición, mientras que si se analiza el segmento de entre 18 y 29 años, el porcentaje baja a 9,9%.

De igual forma, el estudio mostró que los quintiles socioeconómicos más bajos presentan más personas con discapacidad, con un 21,9%. En los grupos más acomodados, en tanto, es un 13,5% los que se encuentran en esa situación.

Cuidados y DependenciA

Sobre las personas que necesitan de cuidados o de los responsables de estos, el testeo reportó que el 41,3% de las personas con dependencia declaró no tener un(a) cuidador(a) que le preste asistencia de manera permanente, mientras que el 41,5% señaló tener uno(a) o más cuidadores(as) que residen en su mismo hogar. Un 8,6% tiene uno(a) o más cuidadores(as) que viven fuera del hogar, y otro 8,5% sostuvo que cuenta con personas cuidadoras tanto dentro como fuera del hogar.

En cuanto a la dependencia, este estudio especificó que el 9,8% de la población adulta del territorio nacional, cerca de 1,5 millones de personas, se encuentra en situación de dependencia.

"Cerca de un millón y medio de personas hoy dependen de otro para poder realizar sus actividades básicas. Este es un dato súper importante, porque implica que solo contando a los mayores de 18 años, 1.500.000 de personas ayudan a otras para desarrollarse", contó el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

De ellos, un 2,7%, casi 420 mil personas, está en situación de dependencia severa. La mayoría de las personas que se encuentra en situación de dependencia son mujeres, con un 12,4%. En cambio, en los hombres la cifra baja a un 7,1%.

El general director (s) de Carabineros, Marcelo Araya y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, lideraron ayer el relevo de los funcionarios policiales que a nivel país se despliegan en el marco del plan "Verano Seguro 2022-2023".

De esta forma, 445 uniformados que desde el 26 de diciembre reforzaban las labores de seguridad y de prevención en zonas turísticas, culminaron su trabajo, dando paso a 695 funcionarios que iniciaron sus servicios. En total serán 1.140 carabineros los que se hayan desplegados en todo el territorio.

"Van a cumplir una función fundamental que es la prevención, estar presentes y dar satisfacción a una necesidad fundamental en la sociedad, es la de entregar seguridad ", sostuvo el general director (s).

En cuanto al contexto del inicio del recambio de veraneantes, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, junto al Prefecto de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, coronel Emilio Teixidor, realizaron un balance de los viajes de salida por las carreteras de Santiago en el cambio de veraneantes.

El titular de la cartera señaló que durante los fines de semana de enero salieron más de 1.685.000 vehículos

Según el Secretario General de la OCDE la corrupción "es un fenómeno que se desarrolla en la oscuridad, que se nutre del silencio cómplice de quienes la toleran, y que se multiplica cuando la ciudadanía la trata con indiferencia". Las consecuencias de la corrupción son devastadores por cuanto generan un gran impacto sistémico en nuestras sociedades que comprende no solo el aspecto económico, sino que repercute en la confianza en las instituciones.

Nuestro país no ha estado exento de este fenómeno, el cual se ha caracterizado por su transversalidad, afectando no sólo a diversos órganos administrativos, sino que también ha presentado algunas manifestaciones a nivel legislativo y judicial. En suma, es un fenómeno que no advierte limitaciones y que se propaga con rapidez, de modo que hay que enfrentarla con drásticos remedios.

Recientemente, Contraloría General de la República impulsó una encuesta que tuvo por objeto medir la percepción de la corrupción en Chile.

Los datos dan cuenta que el 96,9% de las personas cree que otorgar un beneficio a alguien por ser familiar de una autoridad es una acción bastante o totalmente corrupta; el 94,1% cree que una autoridad o un funcionario(a) público que favorezca a un familiar o amigo(a) comete una acción bastante o totalmente corrupta; el 92,1% cree que un funcionario(a) público que acepte dinero para acelerar un trámite comete una acción bastante o totalmente corrupta y el 49,7% de las personas cree que la ineficacia de un funcionario(a) público en su trabajo es una acción bastante o totalmente corrupta.

Por su parte, ante la pregunta ¿Quién o quiénes serían los más perjudicados por la corrupción? El 94,8% percibe que es la ciudadanía en general; el 51,6% cree que son las personas en situación de vulnerabilidad y el 27,7% considera que son las personas que reciben beneficios del Estado (Radiografía de la corrupción: ideas para fortalecer la probidad en Chile, 2020).

En el mismo documento se indica que los pilares anticorrupción son: i) una buena administración integrada, entre otras propuestas, por la modernización del sistema del personal de la Administración; la exclusividad en el ejercicio de la función pública; la articulación de una Administración eficiente, ágil y descentralizada; elevar los estándares de control e integridad en los Gobiernos Regionales, Municipalidades y Corporaciones Municipales; ii) la protección de los recursos públicos, por ejemplo, mediante la mejora de los canales de denuncia, la disminución de los riesgos de corrupción en las compras públicas; y iii) la probidad y democracia, destacando: la consagración del principio de integridad en la esfera pública, el robustecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas; el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y el desarrollo de iniciativas para mitigar el efecto diferenciado de la corrupción en grupos históricamente vulnerables, entre otras.

Sin perjuicio de lo anterior, hace un par de años, el destacado jurista español Alejandro Nieto, en una visita que realizó a Chile, sostuvo que para una adecuada lucha del fenómeno es necesario "relajar" ciertas exigencias constitucionales, como las rigurosas reglas que impone el derecho a un justo y racional proceso. Afirmación que muchos consideraron contraria a las exigencias derivadas de un Estado de derecho.

Si bien, tal como lo ha sostenido el Contralor General de la República "no existe una solución única y probablemente, cualquier instrumento que se diseñe deberá modificarse y adaptarse en el tiempo", es necesario revisar si nuestros actuales mecanismos de lucha contra la corrupción son verdaderamente efectivos y si es necesario ajustar las garantías constitucionales para hacer frente al fenómeno.

"Es necesario revisar si nuestros actuales mecanismos de lucha contra la corrupción son verdaderamente efectivos y si es necesario, ajustar las garantías constitucionales para hacer frente al fenómeno".

*Profesora de Derecho Administrativo e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.