La elección de gobernadores regionales generó un proceso irreversible hacia una real descentralización que permitirá avanzar en la autonomía territorial. Mucho se habló de las pocas competencias que tendríamos los gobernadores y de la incapacidad de gestionar, administrar y proyectar la región. Con el tiempo que ha transcurrido y a partir del trabajo de los distintos Gobiernos Regionales (Gores), constatamos que gran parte de esos temores eran infundados. Lo que nadie se esperaba era que las y los gobernadores comenzaríamos a trabajar coordinadamente y que a través de esa asociatividad podríamos empujar los cambios que por décadas las regiones hemos levantado y que desde el nivel central observan con un marcado recelo.

Con este preámbulo, hace unos días la región fue protagonista de un hito significativo. Vendrá de cerca la referencia, pero que la ceremonia de asunción de la nueva directiva de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales (Agorechi), que me toca encabezar, se haya producido en el norte grande del país, es un claro ejemplo de que vamos avanzando en la dirección correcta.

Por cierto que estamos en una primera etapa en la operatividad de esta nueva institución dentro la línea de tiempo de nuestra breve historia republicana, pero Agorechi nace con el gran propósito de empoderar a las regiones. De establecer lineamientos y políticas que permitan ahondar en el proceso descentralizador y lograr con paso firme mayor autonomía en la toma de decisiones.

Los logros son evidentes: ya no existe devolución de recursos regionales hacia el nivel central, se han ampliado las competencias para la administración del presupuesto regional, a partir del 2023 tenemos la capacidad de ejecutar proyectos propios y con la firma del Acuerdo de Antofagasta, se establece un plazo para la presentación del proyecto de ley que termina con la figura del delegado presidencial. Todas estas acciones permiten que las regiones puedan implementar políticas públicas desde los territorios en beneficio de los intereses de quienes habitamos la región.

Con estos avances, el gobernador, que no olvidemos es un servidor público electo por la ciudadanía, tiene capacidad resolutiva y dispone de recursos para poder gestionar mirando las urgencias, dolores y sueños de la región. Frente al aumento de la inseguridad, los gobiernos regionales hemos invertido más de $300 mil millones para mejorar la labor de nuestras instituciones. Frente al aumento de la cesantía, hemos diseñado programas de atención al empleo e inversiones que apuntan aumentar la capacidad de trabajo en cada uno de los territorios. Frente a la escasez de infraestructura en salud o en educación, hemos generado programas que responden a esas urgencias. Como ven, el actuar de las y los gobernadores asociados obedece al mandato ciudadano y permite una reacción más eficaz frente a los problemas que tenemos.

Por eso es relevante construir confianza y trabajar en conjunto para seguir levantando las problemáticas que nacen desde las regiones. Queremos más competencias para empoderar a los territorios, porque tenemos que equiparar la cancha para que el desarrollo llegue a cada rincón del país, a cada zona urbana y rural, de norte a sur y de mar a cordillera. Esta presidencia de Agorechi que asumo con responsabilidad, sólo viene a reforzar el compromiso que hemos hecho con toda la Región de Antofagasta por mejorar nuestra calidad de vida. Como gobernador siempre pondré el interés de nuestra región por delante, sólo que ahora con más asociatividad, representando la voz de la diversidad de territorios y trabajando desde un espacio más amplio en conjunto con compatriotas de todas las regiones por un objetivo común: mayores certezas, empoderamiento de las regiones y bienestar para sus habitantes.

Como lo subrayó, por fin, el diputado de oposición RN, José Miguel Castro, el desempeño del Gobierno regional es a lo menos llamativo ya que solo en un mes se dio el salto cuantitativo de una ejecución presupuestaria de 46% a 96%. Lo irónico es que los mismos que hablaban de inversión, hoy se alegran porque sólo lograron gastar. A final de año. Urgidos. Sin planificación. Después de múltiples "lloriqueos" para convencer que la culpa de su mal desempeño no era de ellos.

Quien lógicamente debería tomar las riendas de la oposición; porque no hay poder democrático que valga sin contrapoder; debería ser la figura más alta del organigrama republicano en la región, es decir la senadora Nuñez. Desafortunadamente, para esa misma oposición, uno constata que no hay gran cosa, que se sigue con el mismo modus operandi que ha utilizado la senadora desde que ha sido Seremi de gobierno. Comunicación, creación y profundización de redes en Santiago, colocar a su "gente" y tratar de crear candidatos dando la impresión que se está haciendo de todo. Si bien eso permitió a un momento dado alcanzar 37 mil votos, en la última elección solo se obtuvo 15 mil, sin hablar del fiasco de sus candidatos en la carrera a la convención constitucional.

Si nos referimos a la portada del último lunes de este mismo diario, podemos ver dos hechos que están más cerca que lejanos de la senadora: las potenciales complicaciones judiciales del exalcalde de Calama, Daniel Augusto, que no le impidieron ser designado intendente en su tiempo ; y un informe, acerca de subsidios, de la Contraloría Regional que se originó en la filtración de unos audios de un ex core RN. Estos dos eran los "regalones" de P. Nuñez durante el mandato de Piñera II. Y recordemos que durante la gestión del intendente Edgar Blanco se dio a conocer el escándalo de los contratos otorgados, en plena pandemia, a empresas exprés… Luego de aquello, como para felicitarlo, Blanco fue ascendido al cargo de subsecretario de Minería. Y hoy, la persona que era abogada en aquellos tiempos en la intendencia es una de las candidatas RN para el Consejo Constitucional… patrocinada por la senadora y respaldada por la directiva regional encabezada por una ex gobernadora de El Loa designada en la época de Piñera II, cuando Nuñez era todopoderosa en la región.

La elección de los constituyentes de RN sin duda será un fracaso. Y si se mira la región, ¿dónde podría ganar la derecha? A pesar de tener gente joven con potencial en los equipos, con hambre de ser candidatos. Ni la alcaldía de Sierra Gorda parece al alcance con la metodología utilizada. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Que en la vereda de enfrente pueden tener un desempeño paupérrimo, contradictorio y opaco como el que están teniendo, pero "no pasará estrictamente nada". Ojalá el diputado Castro lleve un escrupuloso seguimiento a los ofícios que mandó a la Subdere, Contraloría General y al Gore, en relación con la ejecución presupuestaria, en la cual hay varias zonas grises en algunas gastos, empezando por la del terreno de la ex Molinera, como llama la atención ese actuar insistente en hacer participar la empresa Rembre a toda costa y donde sea y eso que esta última está relacionada con el fiasco de Chaqueta Blanca.

Se debe tener claro algo. Sin fiscalización no hay control. Y hay mucha gente con malas mañas en política. Por eso se quedan ahí. Y por eso estamos donde estamos.

Cristian Zamorano

Doctor en Ciencias Políticas

Uno de los escándalos que dejó la campaña política de fines del 2021 fue la filtración de un audio, donde el ex presidente del partido Renovación Nacional, solicitaba apoyo a un grupo de vecinas, recordándoles algunas gestiones realizadas para la obtención "exprés" de un proyecto habitacional del Serviu.

Y si bien la revelación parecía un reconocimiento implícito del ex consejero regional de la intervención irregular de un procedimiento administrativo de una institución pública, la investigación a cargo de la Contraloría Regional no halló antecedentes que evidenciaran un tráfico de influencias, ni la participación del mismo en alguna etapa en la toma de decisiones.

No obstante, la indagación de la Contraloría Regional de la República determinó antecedentes que, por el alcance y concurrencia de los hechos auditados, resultan altamente sensibles.

En parte de sus conclusiones, el órgano contralor determinó que en fases claves de la asignación de proyectos para los comités de vivienda, el Serviu no poseía una metodología que permitiera parametrizar, con criterios objetivos, la prelación, es decir el orden jerárquico, que ordena a un comité sobre otro. De acuerdo a sus propios análisis, en el proceso 2018-2019 hubo comités que obtuvieron mejor puntaje que otros constituidos anteriormente. La CRR también adviertió debilidades en la formulación del cálculo de puntajes que permitieran vincular un terreno (o proyecto) con el comité de vivienda elegido. Con ello queda al descubierto la alta discrecionalidad que afecta a procesos críticos en uno de los temas de mayor importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de menores ingresos de la región, la obtención de una vivienda.

Resulta preocupante que pese al avance de tecnologías de la información y la demanda de mayor transparencia en las decisiones por parte de las instituciones del Estado, se mantengan "áreas grises" en la administración pública que solo alimentan la posibilidad de una intervención de terceros.

Es de esperar que las medidas solicitadas por la Contraloría sean el punto de partida para un mejoramiento en los procesos de transparencia del Serviu y así poner término a bochornosas situaciones que terminan cuestionando todo el trabajo que realiza la institucionalidad pública en torno a la construcción de viviendas sociales.