A una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena, fue sentenciado un sujeto que profirió amenazas de muerte contra un fiscal del Ministerio Público, en momentos que era formalizado por un delito anterior registrado en el contexto del llamado "estallido social".

Los hechos que dan origen a la condena ocurrieron el 6 marzo de 2020, y tuvieron como autor a Matías Andrés Aquevedo Eissmann, y como víctima al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela.

Según se expresa en la condena, en horas de la mañana del día señalado y luego que se le comunicaran cargos y quedara sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por una investigación previa, Aquevedo Eissmann fue conducido al calabozo del Juzgado de Garantía de Antofagasta junto a otros imputados mientras se desarrollaba un receso de la respectiva audiencia.

Fue en ese instante que el ahora condenado golpea las esposas contra la pared, expresando a viva voz "me estoy grabando la cara del fiscal para puro matarlo", todo esto acompañado de fuertes insultos contra el persecutor.

La amenaza fue escuchada por uno de los funcionarios de Gendarmería que custodiaba a los detenidos en el calabozo, quien alertó lo sucedido al fiscal Cristian Aguilar, quien en el acto presentó la respectiva denuncia.

Cabe precisar que el caso por el cual Aquevedo Eissmann estaba siendo formalizado al momento de proferir las amenazas contra el fiscal, guarda relación con el ataque sufrido por un funcionario de Carabineros al interior de su vehículo particular en calle Esmeralda de Antofagasta, ocurrida el 30 de diciembre de 2019.

Por este caso, el detenido fue posteriormente condenado en procedimiento abreviado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las penas accesorias, por su autoría en el delito consumado de robo con violencia; un año de presidio menor en su grado mínimo y accesorias legales por el delito de lesiones menos graves; y dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por desórdenes públicos y daños calificados, más el pago de una multa de 5 UTM por el delito de daños.

En aquella ocasión, se le otorgó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

Amenazas

Según estableció el Juzgado de Garantía en juicio simplificado, los hechos descritos en la denuncia son constitutivos del delito de amenazas a fiscal del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 268 quinquies en relación con el artículo 296 Nº 3, ambos del código penal.

En su deliberación, el tribunal, junto con dar por acreditados los hechos descritos por el Ministerio Público, estimó que las amenazas cumplían el requisito de ser "serias y verosímiles", desechando la tesis de la defensa del detenido, que sostenía que la amenaza fue pronunciada en un momento de "ofuscación".

De hecho, se detalló que, tras el episodio, el fiscal Aguilar debió tomar medidas preventivas para abandonar el tribunal y modificar algunas actividades y recorridos habituales por la seriedad representó el caso.

Tras acreditar los hechos denunciados, el Juzgado de Garantía de Antofagasta impuso a Aquevedo Eissmann la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena.

El tribunal determinó además que, reuniendo los requisitos de la Ley 18.216, se concederá al sentenciado la remisión condicional de la pena impuesta, por el plazo de la condena (540 días) ante el Centro de Reinserción Social de Antofagasta.

Fiscal regional

La condena fue destacada por el fiscal regional, Alberto Ayala Gutiérrez, quien recalcó la voluntad del Ministerio Público de no tolerar actos de este tipo.

"Esta sentencia es una prueba más de que la Fiscalía de Chile protege a sus funcionarios con transparencia y energía, y no vamos a permitir, ni nos vamos a amilanar, frente a amenazas de ninguna naturaleza proferidas en contra de nuestra institución, o quienes la integran", manifestó.

Ayala agregó finalmente que una de las tareas fundamentales del Ministerio Público es dar la seguridad a sus fiscales de que la función de persecución penal se realizará en condiciones de normalidad y seguridad, persiguiendo en tribunales cualquier acción que vaya en contra de este principio básico de un estado de Derecho. "Esa es la tarea que nos encomendó nuestro fiscal nacional, Ángel Valencia, y es la tarea que tenemos que cumplir ante la sociedad", apuntó.

Seis toneladas y media, aproximadamente, de productos cárneos en mal estado, sin cadena de frío, con pérdida del vacío y con las fechas vencidas, fueron retenidos por la autoridad sanitaria ayer miércoles en el marco de un procedimiento de allanamiento que se desarrolló en un frigorífico clandestino de calle Pedro Aguirre Cerda No. 5336, sector el Golf.

Fiscalizadores de la unidad de alimentos y saneamiento básico de la seremi de Salud se constituyeron en el lugar, constatando la presencia de larvas de moscas que salían por un portón, malos olores y carnes de vacunos, cerdo, pollo y fiambres almacenados en varias cámaras de frío que claramente no estaban en condiciones para el consumo.

Denuncias

Jéssica Bravo, seremi Salud detalló que las acciones de inspección tuvieron lugar como respuesta a dos denuncias, acotando que la institución debió decretar el allanamiento del lugar puesto que con anterioridad se había concurrido a él sin lograr que se les abriera la puerta para materializar la debida fiscalización.

Puntualizó que con el apoyo de Carabineros, llegaron al local, no siendo necesario ejecutar la acción programada a raíz que en el lugar había trabajadores quienes desempeñaban sus tareas con el ingreso libre hacia su interior.

Sin autorización

La personera comentó que el local no contaba con autorización sanitaria y que presenta problemas de ventilación y deficientes condiciones eléctricas. Ante todos estos hechos, los fiscalizadores de alimentos iniciaron el sumario respectivo y prohibieron el funcionamiento del recinto, arriesgando sus dueños, sanciones que van desde un décimo a las mil UTM.

Los productos serán desnaturalizados y eliminados en el marco de un operativo que exigirá la participación de un importante número de personal de la entidad de salud. Esto, por la envergadura de lo decomisado que deben ser totalmente desechado.

Carabineros y la Fiscalía de Calama lograron la detención de un menor de edad (16) a quien se le investigaba por la muerte de un joven ocurrida en septiembre del año pasado.

De acuerdo a los antecedentes del caso, se trata de un homicidio ocurrido en septiembre del 2022 y tras un confuso hecho que involucró a conductores extranjeros de una aplicación, que tras la pérdida de un celular al interior de uno de los vehículos de transporte, se negó a devolver el aparato generando una discusión y posterior persecución contra la víctima.

La detención se produjo tras meses de trabajo investigativo por parte del OS9 y la Sección de Investigación Policial de Carabineros, quienes junto al Ministerio Público de la ciudad lograron individualizar al autor de la muerte, quien además fue reconocido por testigos y que además colaboraron con las indagatorias.

Pese a las complejidades del caso, debido a que hubo agresiones, amenazas y robo y daños a los afectados tanto la Fiscalía como Carabineros lograron posicionar al principal sospechoso, a quien lograron detener tras meses de evadir la acción de las autoridades.