Willy Briceño Romero

La comunidad indígena atacameña de Conchi Viejo presentó ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en de diciembre de 2022, una demanda por daño ambiental por derrame de ácido sulfúrico y afectación a sitios patrimoniales históricos -algunos milenarios- contra Minera El Abra Filial de Freeport-McMoRan (FCX) que cuenta con el 51% de la propiedad y el 49% restante correspondiente a Codelco. Dicha demanda fue acogida por el Tribunal.

En tanto, en la jornada de ayer concurrieron el presidente de la comunidad indígena, Iván Barriga; con el representante legal de la organización, Daniel Guevara; y el diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, al Consejo de Defensa del Estado para solicitar su actuación en este litigio, junto con entregar antecedentes para constatar que los hechos no son aislados en el sector y, de acuerdo a lo que expresa la comunidad indígena.

"Estos derrames ocasionaron afectaciones patrimoniales irreversibles en sectores arqueológicos importantes", tales como La Ciudadela Incaica, el Cerro Turquesa (primera mina de cobre datada en Chile) y relevantes hitos, caminos troperos y construcciones que son parte de la línea base levantada en las RCA de la compañía minera al recibir la autorización.

El parlamentario no descartó que este asunto sea visto en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja al retorno del receso legislativo, de la cual es miembro, debido al involucramiento de la Minera El Abra y los capitales de Codelco.

Hechos repetitivos

Mientras que el presidente de la comunidad de Conchi Viejo, Iván Barriga, señaló que la denuncia "busca dar cuenta de los daños que ha hecho la Minera El Abra en el tiempo y que son repetitivos".

Indicando además que con los daños ambientales y patrimoniales: "Se ve amenazada nuestra historia como comunidad indígena. Es por eso que hemos puesto una demanda. Esperamos que se cumpla la ley en Chile", donde la comunidad indica que la Minera El Abra ha actuado culposamente frente a la afectación de sitios arqueológicos y el vertimiento de ácidos en Cerro Turquesa, el Complejo San José, la Quebrada Panizo y Lagarto ya que, según el libelo, la minera cruza el corazón de esta propiedad atacameña y sobre la cual la comunidad de Conchi Viejo tiene propiedad ancestral.

Asimismo, mencionó que "hay tratados que protegen a las comunidades indígenas en nuestro país y esos derechos no se están cumpliendo". Es por esta razón que concurrieron al Consejo de Defensa del Estado, ya que "no se cumple ese alto estándar del Convenio 169 de la OIT, y solicitamos que su Institución que ha demostrado alto compromiso con la protección de los bienes jurídicamente protegidos arqueológicos y ambientales, pueda evaluar acciones tanto en materia ambiental con ocasión de la demanda admitida a trámite, así como otras vías de responsabilidad que otorga el derecho chileno en materia civil y penal".

Demanda medioambiental

Es así, que de igual manera dieron a conocer que la situación fue derivada a raíz que durante el transcurso del año pasado, donde explicaron que "se han denunciado diversos daños ambientales y patrimoniales, resultantes de importantes y repetidos derrames de ácido sulfúrico no informados oportunamente a la comunidad indígena atacameña de Conchi Viejo, que está compuesta por 300 comuneros y disponiendo de derechos patrimoniales en el lugar concernido", explica el escrito de la denuncia.

Se agrega que "como era desafortunadamente previsible -agregaron-, estos derrames ocasionaron afectaciones patrimoniales e irreversibles en sectores arqueológicos tan importantes como la Ciudadela Incaica, el Cerro Turquesa (primera mina de cobre precolombina descubierta en Chile), y otros daños en caminos troperos e hitos ceremoniales (Apachetas)".

Con la finalidad de hacer frente a dicho conflicto medioambiental, la comunidad indígena de Conchi Viejo determinó que el presidente de la organización los representará en las acciones legales a seguir, Iván Barriga. Esto después de haber intentado numerosos acercamientos, aseguraron que "se inició un juicio en el Tribunal Ambiental, rol de la causa D-18-2022, por daño de derrame de ácido sulfúrico y afectación a sitios patrimoniales históricos (algunos milenarios), con Minera El abra, gigante multinacional de propiedad de Codelco, que es minoritario con un 49% de las acciones, en conjunto con la corporación Freeport McMoRan, que es mayoritaria con el 51% de esas mismas acciones".

"Esta última es la empresa minera de cobre, oro y molibdeno más grande del mundo, cotizada en bolsa; su producción mundial sobrepasando la de Codelco desde el segundo semestre de 2022", puntualizan al respecto.

Empresa minera

Desde la empresa minera establecida como responsable de esta situación en particular, dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que "ante las acusaciones de que El Abra habría causado un daño ambiental y patrimonial en algunas áreas de su operación y que afectarían a la comunidad de Conchi Viejo, queremos manifestar que no hemos sido notificados hasta ahora de una demanda ambiental por parte de la comunidad indígena de Conchi Viejo".

"El Abra tiene un convenio de colaboración con esta comunidad que se extendió recientemente y ha contado con un diálogo fluido para el desarrollo de numerosos proyectos para la comunidad. Con el propósito de aclarar todo tipo de dudas, planteamos a la comunidad contar con expertos que permitan constatar en terreno los supuestos daños imputados y lamentamos que no hayan acogido esta propuesta", señala en otro párrafo del documento en cuestión en torno a dicha temática que afecta a la comunidad indígena de Conchi Viejo.

Y posteriormente, reiterar que "seguimos comprometidos con el diálogo abierto con la comunidad para encontrar soluciones a nuestras diferencias, y a continuar apoyando iniciativas que permitan una positiva y permanente relación de largo plazo".

300 comuneros integran la comunidad indígena atacameña de Conchi Viejo que tiene derechos en el lugar.