El ministro de Justicia de Perú, José Tello, llamó ayer al diálogo en un momento de excepcionalidad, al explicar ante una comisión del Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo para un adelanto electoral este octubre de 2023, con el que busca dar respuesta a una de los principales demandas de las protestas antigubernamentales que ya dejan un total de 65 fallecidos en enfrentamioentos y bloqueos de carreteras.

"Estamos en una etapa importantísima en nuestra historia. Tenemos que asumir un rol desde el Ejecutivo y Legislativo de apertura al diálogo, de conversación, de esperanza que es lo que buscan los peruanos, esperanza. Hay que darles esperanza, señores parlamentarios", dijo el ministro ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

La autoridad invocó a los parlamentarios "a pensar en el Perú", porque el país les necesita y afirmó que el gobierno al que ayer representaba, y que calificó, de nuevo, de provisional, necesita esa estabilidad para que la transición concluya con éxito y logren atender las necesidades de la población.

Tello explicó el proyecto de ley que el miércoles presentó al Congreso y que incluye comicios generales para el segundo domingo de octubre y mencionó que este ha sido presentado en una situación de excepcionalidad en el país.

Indicó que el adelanto de elecciones va a generar ese talante de legitimidad que el país necesita para llevar a cabo una transición y ayudar a solucionar la inestabilidad política que atraviesa Perú.

En cuanto al gasto público de las elecciones, dijo que este se tiene que asumir por parte del Ejecutivo por lo positivo que esto va a resultar para la sociedad y la necesidad de que los peruanos decidan en las urnas.

Asimismo, agradeció al Congreso que se le permitiera explicar este proyecto de ley, puesto que esto muestra una "clara apertura al diálogo" entre los poderes del estado.

Detalles de la iniciativa

La iniciativa legislativa detalla que el nuevo presidente de la República tendría un mandato del 31 de diciembre del 2023 al 28 de julio de 2028, los congresistas del 29 de diciembre del 2023 hasta el 26 de julio de 2028 y los parlamentarios andinos del 1 de enero del 2027 al 27 de julio del 2028.

Así, Perú empezaría el año 2024 con nuevo presidente, vicepresidente y congresistas.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, explicó que habría que sacrificar las elecciones primarias para que las generales se celebren en 2023.

El ministro Tello acudió a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tras el rechazo por parte de los congresistas el jueves de otro proyecto de ley que incluía adelanto de comicios por parte del partido marxista Perú Libre y tras otra iniciativa propuesta por el fujimorismo, negada por dos veces esta semana.

Obispos

En esa misma línea, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) urgió ayer al Congreso a tomar una decisión sobre el adelanto de elecciones para salvaguardar la "institucionalidad democrática" del país.

En una carta abierta a los 130 legisladores que integran la cámara peruana, la CEP afirmó que "el pueblo soberano tiene derecho a decidir sobre los destinos de la patria mediante elecciones transparentes y justas para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo".

"Los peruanos necesitan ser escuchados en sus justos reclamos sociales pero, al mismo tiempo, necesitan paz que les permita seguir trabajando para sobrevivir. No les den la espalda y escuchen el clamor de todo el pueblo peruano", señalaron los obispos.

El magistrado Gilmar Mendes, decano del Supremo Tribunal Federal de Brasil, denunció ayer que durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2023) el gigante sudamericano estaba "siendo gobernado por gente en la sombra" con el apoyo de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

"Lo que muestra es que estábamos siendo gobernados por gente en la sombra. Esto es un dato de la realidad, personas de la milicia (grupos paramilitares) de Río de Janeiro con protagonismo en la política nacional", afirmó Mendes en declaraciones a periodistas en Lisboa en el marco del foro empresarial lusobrasileño LIDE.

El magistrado hacía referencia a las afirmaciones realizadas el jueves, por el senador brasileño Marcos do Val, que acusó a Bolsonaro de intentar convencerlo para dar un golpe de Estado y no reconocer la victoria en las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero.

"Bajamos la escala de la degradación política", añadió el letrado.

Abogó también por reformar el área de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, ya que, durante los ataques perpetrados en Brasilia el pasado 8 de enero a las sedes de los tres poderes por bolsonaristas radicales, "hubo una quiebra del sistema de seguridad".

El foro, que comenzó ayer y concluye hoy en un hotel lisboeta, contó con la participación del expresidente brasileño Michel Temer, así como de miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del Tribunal Superior Electoral, entre otras entidades, que han defendido que la normalidad se está restableciendo en el país.

Entre los participantes estaba el presidente del Tribunal de Cuentas brasileño, Bruno Dantas, quien defendió ante los periodistas que los causantes de los ataques del 8 de enero tienen que responder ante la Justicia.

"La historia enseña que la indulgencia no es la mejor forma de tratar con los delincuentes. El criminal necesita ser castigado con el rigor de la ley", dijo.

Matizó que todavía se están analizando los daños causados por esas protestas y que, una vez cuantificados, se identificará a los responsables de los destrozos a través de su registro fiscal y se les multará. "Es un trabajo que está a cargo de la policía, la identificación de las personas, pero cuando tengamos la lista de vándalos, les responsabilizaremos", medidas que pueden incluir incluso el bloqueo de patrimonio, aseveró.