La minería se caracteriza por sus altos montos de inversión involucrados y horizontes temporales extensos en el desarrollo de proyectos, lo que explica que la actividad requiera de reglas claras y estabilidad de largo plazo. Si bien, esta afirmación es adoptada casi como un mantra por la industria cada vez que asoma la posibilidad de discutir modificaciones regulatorias, también da cuenta de la necesidad de contar con instrumentos regulatorios y de planificación que trasciendan ampliamente, la duración de un periodo de gobierno. En otras palabras, se requiere de una política de Estado, tal como se ha hecho para otros sectores, como el energético.

En ese escenario, llama la atención que, hasta hace no mucho, no hayamos sido capaces como país de ponernos de acuerdo en lineamientos que orienten el desarrollo minero en el mediano y largo plazo. La tan necesaria Política Nacional Minera tardó en gestarse. Siguiendo el ejemplo de un primer ejercicio realizado en el marco del impulso que se otorgó al sector energético durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, en la administración del Presidente Piñera comenzó la discusión de una política minera que permitiera orientar el desarrollo de la actividad tomando como horizonte el año 2050.

Se trató de una conversación larga que estuvo cruzada por el estallido social y la pandemia, pero que, aun así, logró cristalizar en un documento que plantea una serie de metas a cumplir en los próximos años y que ha servido de guía en el debate de políticas públicas para el sector. A partir de la definición de ejes estratégicos que abarcan aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales, la política apunta a conducir la posición de la minería chilena a un nuevo nivel, haciendo una apuesta en valor para esta industria que hoy enfrenta y opera con las nuevas exigencias y desafíos que el cambio climático está imponiendo al desarrollo productivo.

Cuando asumimos el gobierno, en marzo del año pasado, la Política Nacional Minera 2050 continuaba su tramitación administrativa, quedando aún espacio para decidir, discrecionalmente, sobre su futuro. Primó en el análisis la participación amplia que concitó su discusión y el valor que el propio ecosistema minero le asigna al esfuerzo realizado, además de los compromisos establecidos. Por cierto, hubiéramos preferido completar la tramitación de una política que incluyera también un capítulo indígena o la visión del mundo del trabajo, pero la ausencia de estos contenidos no le resta valor a una herramienta que no está llamada a ser estática sino a ser complementada y enriquecida durante su implementación.

La Política Nacional Minera 2050, publicada en el Diario Oficial hace algunos días, salda una deuda del Estado chileno con un sector productivo de gran importancia para nuestra economía. Se trata de un documento orientador que sirve de base para el desarrollo minero de las próximas décadas y nos desafía a trabajar en políticas públicas y avanzar en metas que requieren de esfuerzos coordinados para su cumplimiento. Corresponde ahora agradecer a sus impulsores y tomar la posta para continuar enriqueciéndola y volver a traer a la mesa a grupos que, en el fragor de la crisis político social de 2019, se restaron del diálogo ¡Con la Política Nacional Minera, seguimos!

Willy Kracht G.

Subsecretario de Minería

Hoy Antofagasta, la capital de la Región Minera, celebra su 144° aniversario desde su reivindicación como territorio chileno, realizado en el contexto de la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre.

Se acerca a pasos agigantado a la centuria y media de vida, de un recorrido como ciudad desde su conformación como caleta y luego como puerto de salida de minerales hasta hoy que es un punto donde confluyen varios sectores económicos que le dan dinamismo interno y un gran aporte al país. Ya no es solo minería, es energías limpias, comercio internacional, astronomía, turismo y otros rubros que convierten a Antofagasta, y a la región que encabeza, como uno de los principales motores de la economía nacional.

Es innegable que la comuna en los últimos treinta años tuvo un crecimiento explosivo y descontrolado. A lo que se suma la aparición de campamentos en sectores riesgosos, producto de la falta de viviendas y de la incesante migración.

Antofagasta no es la de los años 80, su rostro es distinto. Es una ciudad más moderna y con más espacios para el esparcimiento familiar y de grupos reunidos bajo objetivos afines en el deporte, actividad social y cultural.

Es un metrópoli que sigue creciendo y que enfrenta nuevos desafíos para lograr que su estatus económico se vuelque en convertirla en una ciudad más amigable para sus habitantes.

El deterioro de calidad de vida es el gran tema que debieran enfrentar hoy nuestras autoridades. Preocuparse de solucionar los problemas de incivilidades en los espacios públicos y recuperarlos para la familia, apuntar a resolver el déficit habitacional para miles de allegados, solución para los que viven en campamentos y también merecen una vida más digna, crear las bases para contar con mejores centros de salud y educación y con trabajos de calidad para una mayor cantidad de personas.

Las condiciones están, falta retomar esa mirada que se tuvo antes, cuando se pensó en la ciudad y se abrieron nueva oportunidades. Falta preocupación por el desarrollo de la comuna en todos sus ámbitos. Hemos vivido como un estancamiento en la entrega de proyectos emblemáticos y de alto impacto.

No nos hemos preocupado de atender nuestras necesidades y hemos dejado como sociedad muchos temas al azar.

Hoy se requiere de un ordenamiento, de un nuevo impulso, con objetivos claros para el mediano y largo plazo.

A pesar de los beneficios que el crecimiento económico ha brindado a millones de personas tanto en las viejas economías industriales como en las emergentes, sacándolas de la pobreza, reduciendo la mortalidad infantil y otras muertes prevenibles entre otros beneficios. La evidencia, con respecto al medio ambiente y los recursos naturales hoy señala que este camino ha llevado a las sociedades humanas al borde de la catástrofe; poniendo en serio riesgo todos estos beneficios y, de hecho, la continuación de la propia civilización humana.

A pesar de los numerosos hallazgos científicos que han puesto de relieve esta peligrosa degradación de la vida en la Tierra, los expertos indican que los modelos económicos "se siguen construyendo sin que la naturaleza aparezca como un ente esencial de nuestra vida económica", en particular porque "no tenemos que pagar por los servicios de la biosfera" declaró el Dr. Parta Dasgupta de Cambridge en el Congreso Futuro 2022.

Es más, si este tipo de desarrollo no es "sostenible", está en el centro de varios elementos cruciales de la vida en sociedad, particularmente en la agricultura. Sin embargo, estas necesidades cada vez mayores en la agricultura (la población mundial se ha triplicado en 70 años) se están cubriendo con una reducción cada vez mayor de los entornos naturales, incluidas áreas de gran biodiversidad que también son esenciales en la lucha contra la crisis climática.

Estas formas de hacer las cosas, a menudo apoyadas por los estados, "exacerban el problema al pagar más a la gente para explotar la naturaleza que para protegerla". Se estima que el gasto público mundial anual en protección ambiental asciende a menos de 70.000 millones de dólares, mientras que las inversiones que promueven su destrucción (extracción de recursos fósiles y mineros, agricultura intensiva, etc.) superarían los 4 billones de dólares.

Esta propensión a financiar la destrucción de tejido vivo se deriva, según varios informes, del hecho de que nuestras economías juzgan su "desempeño" en base a la medición "errónea" del crecimiento del producto interno bruto (PIB), y por ende, de la creación de riqueza a corto plazo. Este paradigma "no tiene en cuenta la baja de los activos, como lo es: la degradación del entorno natural".

Por el contrario, los científicos abogan por tener en cuenta el valor de los "servicios ecosistémicos". Esto requeriría una redefinición profunda de nuestra visión de desarrollo, comenzando por la descarbonización acelerada de nuestras economías. Sin este cambio, advierten, nuestras propias condiciones de vida se verán amenazadas.

Los costos y beneficios futuros del cambio climático son inciertos y están distribuidos de manera desigual. Por ejemplo, los costos de lidiar con los impactos del cambio climático recaen de manera desproporcionada en los países en desarrollo. En todo caso debe recordarse que, cualquiera sea la forma de financiamiento, el costo privado de las medidas ambientales se transformará necesariamente en costo social por la vía de los precios, los impuestos y otros muchos factores.

Es tiempo de reflexionar, proyectando el largo plazo, sobre la manera que tiene nuestra economía de entenderse a sí misma y sus efectos en nuestro medio ambiente, incluyéndonos como parte del mismo.