Hasta mediados de diciembre de 2021, el jerarca ruso Putin le informaba al mundo, que los movimientos de tropas que había ordenado hacia la frontera con Ucrania, solo era la respuesta al intento de ésta de ingresar a la OTAN y que no pretendía iniciar una guerra la cual tendría ingentes costos. A su vez denunciaba que Occidente demostraba "histeria" al denunciar una inminente invasión rusa a Ucrania. Por su parte el presidente de Estados Unidos, Biden, pronosticaba una invasión rusa a Ucrania, advirtiendo a Moscú que, de producirse, "tendrá que rendir cuentas". ¿A quién? Se preguntarán hoy miles de millones de ciudadanos del mundo entero.

Putin, haciendo gala de una actuación digna del ganador de un Oscar, ha anunciado que está dispuesto a negociar, siempre y cuando el ejército ucraniano, que defiende su soberanía, deponga las armas. No llega ahí su descaro. Ha tildado al gobierno de Ucrania de nazista. Esta declaración no puede dejar de asombrarnos, ya que, si ha existido una actitud similar al nacismo, corresponde justamente a las declaraciones y actitud del propio Putin. En efecto éste ha hecho recordar a la Alemania nazi, cuando en 1938 Hitler garantizó, mediante la firma de los Acuerdos de Münich, al ministro británico Neville Chamberlain mantener el equilibrio europeo y al año siguiente lo rompió invadiendo Polonia, hecho que inició la segunda guerra mundial. La actuación de Neville, gatilló la sentencia de Winston Churchill: "Tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra".

Hoy Ucrania, un estado independiente desde agosto de 1991, está siendo bombardeado e invadido, por una súper potencia que creía ser incontrarrestable militarmente y que pretende continuar con su política expansionista. Sin entrar a analizar los intereses geopolíticos, económicos y otros que, sin duda, están en juego en el conflicto en comento, se debe considerar un aspecto que muy probablemente dejará instalada la actuación rusa. Simplemente que, si mañana otra potencia actúa de la misma forma, el resto de la humanidad solo será un espectador y nada más. Lo anterior se puede dar en una eventual invasión de China a Taiwán y, por qué no, de Estados unidos a Cuba ¿es mucha la diferencia de la situación Rusia-Ucrania?

Otro aspecto no banal para considerar, nos lo recordaba hace un tiempo Eduardo Galeano, al citar que cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños y que en el mismo periodo se gastan en la industria militar tres millones de dólares.

Fue la propia estadística de la Subsecretaría de Prevención del Delito que hace poco entregó las cifras en las que se reconocía una notoria alza en las tasas de delincuencia. Las cifras son elocuentes y los delitos que más aumentaron en el año son el de robo con violencia o intimidación (63,1%), robo por sorpresa (61,2%) y robo en lugar no habitado (56,4%) y son las regiones del Norte Grande las que han experimentado la mayor alza, Antofagasta ocupa el cuarto lugar en este listado.

Con estas estadísticas que prepara el Centro de Estudios y Análisis del Delito, dependiente del Ministerio de Interior, se reafirma la sensación ciudadana que se viene manifestando hace meses en el país.

Pocas en número, pero existentes opiniones aseguraban que la sensación se contradecía con los resultados empíricos. Planteaban que la situación no es tan distinta a la vivida años anteriores, y que el realce mediático era impulsado por fuerzas contrarias al actual gobierno.

La estadística oficial no deja margen a la duda y pone de relieve el problema de la seguridad, como una verdadera crisis.

Los delitos violentos o llamados de mayor connotación social son los que se dispararon. Los robos con violencia o intimidación, por sorpresa o en lugares no habitados, son los que más resienten a la sociedad, porque se atenta contra la integridad física y vulneran la seguridad de sus bienes. Entonces la sensación se confirma en la práctica con el número de delitos, no hay otras lecturas ni intenciones ocultas, estamos frente a un problema el cual tenemos que asumir y enfrentar con decisión.

Los esfuerzos vienen de hace algunos meses sin resultados. Por ello, los vecinos tratan de asegurar sus propiedades con diversos sistemas y evitan salir de sus hogares entrada la tarde.

Sin duda, que viven con miedo. Están asustados, pero esperanzados en que se tomen medidas de gran impacto contra la delincuencia descontrolada, más allá de los anuncios y de los discursos de preocupación.

Falta una política de tolerancia cero, en manos de un líder y con atribuciones y normativas que logren hacer efectivo su trabajo.

El pasado proceso constituyente fue la respuesta al estallido social de un sistema político desbordado por su baja legitimidad, que como en toda coyuntura crítica que se juega en las calles los poderes democráticos desgastados improvisaron un mecanismo con el afán de contener la erupción social y política más importante desde la vuelta a la democracia.

Sin embargo, la crisis sanitaria, inmigratoria y la inseguridad tuvieron la capacidad política de cambiar el rumbo del proceso, se inicia un nuevo ciclo. Como lo expresan numerosos estudios de opinión pública de la época, la sociedad chilena frente al temor hizo un giro de varios grados en sus intereses a priorizar preferencias por la estabilidad, la seguridad, la conservación de lo ganado.

El proceso constituyente pasado, fue el choque en tiempos muy cortos de aquellos dos ciclos que expresan las tendencias contrapuestas de la sociedad chilena, a lo cual hay que adicionar un mecanismo constitucional improvisado que sólo ahondó la crisis del intento: la ausencia de balances de poder en su interior hizo perder de vista la necesidad de construir acuerdos con los que piensan diferentes, las identidades fragmentaron la posibilidad de pensar una constitución representativa del país. La derrota catastrófica del plebiscito del 4 de septiembre fue el resultado.

El nuevo segundo intento en el que estamos hoy, está a medio camino entre ambos ciclos, el cual, por una parte, expresa la necesidad de construir un nuevo contrato social que oriente el futuro, dejando atrás la constitución de los años 80 con sus amarres autoritarios, hiper presidencialismo, hipercentralismo, el Estado subsidiario con ausencia de derechos universales, reconocimiento de minorías, etc. Por otra parte, evitando replicar los traumas que dejó la experiencia anterior, se diseñó un mecanismo que siembra límites o fronteras que no pueden ser traspasadas, además de incorporar contrapesos y balances de poder en su interior que obligan a los acuerdos.

Lo expuesto, se expresa en la creación de una comisión de expertos nombrada por el parlamento con la misión de construir el texto borrador entre los meses de marzo a mayo; define un sistema electoral para la elección de los convencionales diferente al proceso anterior, que filtra la participación de los independientes. Una convención electa que tendrá un plazo de 6 meses, de junio a noviembre para acordar el texto definitivo sobre un índice de temas predefinido. A eso hay que agregar la integración de las comisiones, donde los expertos tendrán derecho a opinión, a lo cual se adicionan los quórum para alcanzar mayorías.

El esfuerzo en instalar filtros destinados a evitar replicar los males del proceso anterior, han generado numerosos nuevos riesgos que podrían debilitar la legitimidad del proceso. Por ejemplo, el acuerdo político que impone límites a la autonomía de la constituyente evitaría cambios en la composición y distribución de los poderes democráticos, un sistema anquilosado que no ha cambiado desde el siglo XIX; otro ejemplo, es el cambio del sistema electoral para la representación de las minorías indígenas, que perfectamente podrían quedar subrepresentadas, dejando sin respuesta un conflicto que se arrastra a través de toda nuestra historia.

Es de esperar, que las lecciones que dejó el fracaso del proceso anterior neutralicen los riesgos y permitan que Chile y sus regiones inauguren a fines del 2023 un nuevo contrato social.