Redacción/Efe

El Presidente Gabriel Boric usó su cuenta oficial de Twitter para criticar duramente al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de que éste hace algunos días despojara de la nacionalidad a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Giocolda Belli, quienes lucharon a su lado durante la revolución sandinista que derrocó en 1978 al dictador Anastasio Somoza, y que ahora forman parte de 222 opositores expatriados por el mandatario.

El jefe de Estado chileno aprovechó un tuit de Belli, una intelectual cercana a él que viajó a Chile para el cambio de mando de marzo pasado, para arremeter contra Ortega.

A la cita de un poema de la escritora, Boric respondió: "Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!".

De esta forma entregó el apoyo más claro a quienes han sido afectados por el régimen de Ortega, quien además de esta acción reñida con tratados internacionales de Derechos Humanos, en 2021 encarceló a todos los opositores que quisieron medirse con él en la última presidencial.

¿Está solo?

Sin embargo, la reacción del Gobierno chileno, también expresada por la canciller Antonia Urrejola, quien calificó la decisión de Ortega de los 222 exiliados hace una semana como "de la más alta gravedad", no ha tenido eco en otros líderes latinoamericanos de izquierda.

Con más cautela, el gobierno que encabeza en Colombia Gustavo Petro expresó su "preocupación" por los recientes acontecimientos en Nicaragua, a que ya suma 317 decretos de retiro de nacionalidad.

A su vez, el Gobierno de México, liderado por el también progresista Andrés Manuel López Obrador, se declaró el jueves "atento" a los acontecimientos en el país centroamericano.

"Nosotros respetamos mucho al presidente Boric, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda, y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse", dijo López Obrador.

Otros Gobiernos progresistas de la región, como los de Argentina y Brasil, no se han manifestado públicamente sobre los recientes sucesos en Nicaragua.

Ante ello el exvicecanciller chileno y profesor de Derecho Constitucional Edgardo Riveros, afirmó que "la solidaridad internacional es imprescindible con aquellos que defienden los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos en los Estados que sufren violaciones sistemáticas a ellos, como es el caso de Nicaragua".

"En esto puede ser eficaz la sumatoria de pronunciamientos no solo de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, sino también de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, foros especializados y entidades académicos, entre otros", añadió.

El retiro de nacionalidad a opositores nicaragüenses viola una serie de tratados internacionales, explica el exvicecanciller chileno Edgardo Riveros: "Al despojarse arbitrariamente de la nacionalidad a una persona se están violando una serie de instrumentos y tratados internacionales". Entre otros mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y la Convención sobre Derechos de Niño (1989).

Luego de que el Congreso Nacional definiera cada uno de los miembros del Comité de Expertos y del Comité Técnico de Admisibilidad, solo queda que la ciudadanía elija el domingo 7 de mayo de 2023 a los 50 ciudadanos que discutirán y aprobarán una propuesta de texto de nueva Constitución, que formarán parte del Consejo Constitucional.

De la elección de los miembros del Comité de Expertos y del Comité de Admisibilidad, se puede apreciar que el mundo político desea que este nuevo proceso constitucional se centre en los acuerdos y excluya las minoría radicales. En otras palabras, claramente, se busca el desarrollo de un proceso y la elaboración de un texto constitucional más moderado, menos radical y más integrador, pensando en un acuerdo constitucional que permita dirigir el país por largo plazo. Al parecer en esta dirección también se enfocan las propuestas de los posibles candidatos al Consejo Constitucional.

Sin embargo, surgen algunas interrogantes sustantivas que es necesario revisar. En primer lugar, cuáles serán los insumos que utilizará el Comité de Expertos para la redacción del anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, es decir, sí se utilizará el texto de la propuesta constitucional del proceso anterior, la propuesta de nueva constitución del gobierno de la presidenta Bachelet, la Constitución de 1980, la Constitución de 1925 o la Constitución de 1833. Cualquiera sea el insumo que se utilice, es necesarios que sean respetuosos de la tradición constitucional de nuestro país y de su institucionalidad.

En segundo lugar, si bien el artículo 154 de la Constitución actual consagra 12 materias que deben orientar el proceso de elaboración del nuevo texto constitucional, consideramos que es necesario aprovechar la ventaja de la composición de los miembros del Comité de Expertos, del Comité de Admisibilidad y el Consejo Constitucional, para proponer grandes acuerdos en materias sensibles y relevantes para el país.

Proponemos algunos acuerdos tentativos que deberían ser considerados en el nuevo texto constitucional. Es clave la redacción de nueva cláusula constitucional en materia educación que se haga cargo de la calidad, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y de la función del Estado, que se prolongue más allá de la simple creación de órganos públicos o de las protestas o revueltas, sino que fije un objetivo claro y perdurable, es decir, es clave determinar cuál es el modelo educación que se espera en los próximos años para el desarrollo de las nuevas generaciones.

También es esencial una nueva cláusula constitucional en materia de salud, con el objetivo de definir el modelo que se pretende instalar a largo plazo, a fin de evitar la proliferación de leyes cortas o parches, sino que debemos preguntarnos que modelo de salud necesita el país para los próximos años. Sin perjuicio que pueden existir más acuerdos, consideramos relevante una nueva cláusula en seguridad social, que precise el rol del Estado y los privados en materia de pensiones.

Finalmente, consideramos que esta es la instancia propicia para buscar esos acuerdos esenciales para la ciudadanía, por una vía institucional, a fin de evitar que esas mismas necesidades sean capturadas políticamente por ciertos sectores de la sociedad. Es una instancia propicia, porque el equilibrio de fuerzas políticas que se aprecia en este nuevo proceso constitucional es transversal y equilibrado, pero también, porque se espera un debate más técnico y sin la presión mediática del proceso constitucional anterior.

"Es clave la redacción de nueva cláusula constitucional en materia educación que se haga cargo de la calidad, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y de la función del Estado (...) También es esencial una nueva cláusula constitucional en materia de salud".

*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

A raíz de las críticas al trabajo de los fiscales en la investigación por el caso SQM expresadas en una carta del Grupo de Puebla y firmada entre otros por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) sostuvo que "no vamos a aceptar que se denigre la esforzada labor" del gremio.

El grupo centró sus cuestionamientos en el caso de Marco Enríquez-Ominami, imputado en el caso de presunta corrupción, debido a la dilación que ha tenido el proceso judicial, iniciado hace más de ocho años. "Una justicia demorada es justicia denegada", expresó dicho texto.

Frente a estas declaraciones, la ANF manifestó su absoluto respaldo al trabajo de los fiscales que "han estado a cargo de una indagatoria complejísima y que se ha extendido por años, no por retardos ni gestiones desarrolladas en el Ministerio Público, sino que por las propias acciones y presentaciones judiciales de los intervinientes y especialmente las defensas de las personas imputadas".

"El trabajo profesional de nuestros colegas ha quedado de manifiesto en sendas resoluciones judiciales y en autorizaciones emanadas desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y ahora en el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal capitalino, que comenzó esta semana a desarrollar la etapa final del proceso", continúa la declaración.

Asimismo, la ANF sostuvo que "esta crítica no solo es improcedente, sino que una injerencia indebida y absolutamente fuera de los marcos de respeto que nos debemos como naciones independientes, que autoridades extranjeras se pronuncien en contra de las actuaciones de las y los fiscales de otra República, empleando frases completamente destempladas y ajenas a la realidad y al sentido común, vinculando el ejercicio legítimo de la persecución penal a una supuesta tendencia política, crítica que desconoce que en Chile las y los fiscales hemos demostrado absoluta independencia y autonomía, persiguiendo penalmente hechos no ideologías".