Quienes han podido seguir desde sus inicios la extraña desaparición de la joven antofagastina Javiera Jiménez, podrán entender que en su génesis hubo declaraciones inverosímiles de quienes la vieron por última vez. La principal fue la de su pareja, quien fue entrevistado y entregó una versión inconsistente y burdamente preparada.

Les dijo a los policías que iban rumbo a Calama en su vehículo, cuando se tuvo que devolver a buscar una maleta que se había caído y que al regresar no encontró a la joven y por ello siguió a su destino sin volver a verla. Pensó que estaba molesta por la situación y cómo acostumbraba a tener ese tipo de conductas, creyó que era una más. ¡Inverosímil!

Lamentablemente con el pasar de los días se perdió el rastro del este joven calameño y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Obviamente que no había pruebas para detenerlo o retenerlo, pero sí se debieron tomar otras medidas para evitar su huida. Más si de las intervenciones telefónicas que se le hicieron quedó en evidencia que era parte de una peligrosa banda criminal dedicada al robo de cobre.

Las características de quien hoy es buscado por obstrucción a la justicia y por sus nexos con los asaltos a las cargas de cobre del Ferrocarril, hacen temer lo peor. Incluso se investigan disputas internas en la banda, con amenazas de muerte y con uno de sus supuestos oponentes baleado y en estado parapléjico.

Y, precisamente, son esos vínculos los que abren una especial arista en la investigación del desaparecimiento de la influencer. Las opciones son múltiples y no se puede perder el objetivo de dar con el paradero de Javiera.

Se van a cumplir seis meses desde que fue vista por última vez y cada día que pasa crece la incertidumbre sobre las condiciones en que se encuentre.

Es lamentable que el principal sospechoso haya escapado frente a las narices de los policías, que no se sepa sobre su paradero y que de su ubicación dependa el éxito de una investigación que sigue caratulada como una presunta desgracia. Sí, porque como es detallado en el proceso, tiene la sagacidad para dificultar su captura.

Creo que las explicaciones de los persecutores son necesarias, más aún en este caso que ha traspasado los fronteras locales, conocer cómo fue que no pudieron estar sobre sus pasos para evitar la escapatoria y en qué se ha avanzado para ubicarlo. De otro modo estaríamos frente a un procedimiento caracterizado por la negligencia.

El fantasma de los retiros desde los fondos de pensiones se mantiene en la actual discusión del sistema previsional. Tras el rechazo del Congreso al quinto retiro en abril del 2022, el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara estableció que no se podía tramitar una iniciativa de este tipo hasta dentro de un año, plazo que se acerca a su fin. La última moción de retiro de fondos tenía su foco en la estricta cobertura de necesidades sociales.

A partir del 18 de abril de 2023, se podrá presentar un nuevo proyecto de retiro de fondos, y esta fecha se cruza con las elecciones de convencionales para la redacción de una nueva propuesta constitucional. Si a esto se suma el estancamiento económico y la presión inflacionaria, las condiciones estarán para que se presente, y apruebe, una iniciativa legal para nuevos retiros de fondos de pensiones. Además, esta materia se cruza con proyectos de ley que emanan desde la Cámara y por la Reforma previsional del Ejecutivo, donde la palabra retiro de fondos ha sido reemplazada por un concepto nuevo: "autopréstamo".

La gran diferencia, es que no se trataría de un retiro de fondos propiamente tal, sino de una suerte de crédito blando, que implica un reintegro total en condiciones favorables, ya que no conlleva reajustes ni intereses, sino solamente una indexación a la evolución del valor de la UF.

La propuesta indica que existen tres tramos de personas que pueden hacer uso del autopréstamo, aquellos que tienen un saldo menor a igual a $1.000.000 pueden retirar la totalidad del monto, quienes tengan un saldo entre 1 y 10 millones, pueden retirar $1.000.000, y quienes tengan un saldo mayor a 10 millones pueden retirar hasta el 15% del total de su cuenta.

A simple vista, parece ser una iniciativa que cumple el criterio de cobertura de necesidades sociales, pero, preocupa que no mencione ningún mecanismo que asegure que la gente devuelva los fondos autoprestados y tampoco precisa límites de edad, por lo que personas prontas a pensionarse podrían hacer uso del beneficio, sin ningún incentivo a devolverlo. A esto se añade que la propuesta no tiene tope al monto máximo a retirar del 15% del total de fondos acumulados, lo que permitirá que las personas con más ahorros puedan retirar montos mayores y libre de impuestos, siendo un tremendo incentivo tributario para hacerlo. Por otro lado, consideremos que mientras más cerca está una persona de jubilar, tiene un monto mayor y más estímulo para tomar el autopréstamo, generando un mayor impacto negativo sobre su pensión futura, lo que hace la propuesta regresiva en el objetivo de mejorar las pensiones.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, las personas que están en el último tramo del autopréstamo girarían en promedio un saldo un poco mayor de $4,5 millones, y más de 3,3 millones de personas (33% del total de afiliados) agotarían sus ahorros previsionales. Con un efecto sobre el 13,5% del patrimonio de los fondos de pensiones, alcanzando los US $22.405 millones

Es evidente que el país necesita hacer cambios al sistema previsional y los parlamentarios deben discutir diferentes alternativas, pero siempre con el foco en beneficiar a las personas. En ese sentido, es muy importante no perder el objetivo real de los fondos de pensiones. La base para contribuir en la construcción de un mejor modelo de pensiones es la educación financiera, partiendo por los trabajadores y el rol de las empresas en el bienestar financiero de cada uno.

Esta pregunta, que parecería insólita plantear hace algunos años atrás, hoy no tiene una única respuesta, existe división entre quienes creemos que lo somos y aquellos que tienen otra concepción. Chile aún está en la búsqueda y confirmación de su identidad.

Las cifras demuestran que, al parecer, estamos dejando de lado la vocación minera del país. La inversión en minería bajaría hasta en 42% durante 2023 debido a la redefinición de proyectos y planes de inversión por temas ambientales, déficit de proyectos nuevos y reevaluación de estudios de factibilidad, según explicó la Corporación de Bienes de Capital.

La producción chilena de cobre, crecerá a un ritmo más lento durante esta década y requerirá que se materialicen todos los proyectos que hay en cartera. Así lo reveló un informe presentado en enero pasado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que reconoció que la producción pronosticada para 2033 es de 6,58 millones de toneladas, representa un alza del 17% respecto de 2021 pero es bastante menor a las estimaciones anteriores.

Si realmente nos consideramos un país minero, y queremos mantener la posición de liderazgo, debemos enfocarnos en generar mecanismos que busquen acelerar el camino de la inversión minera. Facilitar proyectos que han demostrado cumplir con los estándares medioambientales, comunitarios y cuyos impactos están bien identificados y gestionados.

Esta no es una decisión antojadiza. El cobre es un recurso que ha sido uno de los motores del desarrollo y crecimiento a nivel mundial; y en los siguientes años será indispensable para las energías limpias y la tecnología.

Según datos de la compañía de estudios energéticos BloombergNEF, se espera que la demanda de cobre aumente más de 50% de aquí a 2040, mientras que la producción de cobre de roca se incremente sólo alrededor de un 16%.

Para impulsar el crecimiento sostenido de nuestro país, y aportar al desarrollo del planeta limpio, reafirmemos nuestra identidad y apostemos por la minería sostenible.

Por ahora la inversión está estancada. Asesoro a distintas empresas del sector minero y veo cómo sus principales ejecutivos están "aguantando la respiración" antes de definir si llevar adelante los proyectos que tienen en carpeta, a la espera de definiciones.

Resolver lo anterior requiere que exista un consenso y una convicción entre gobierno, autoridades políticas, la industria minera local y la sociedad chilena de que somos y seguiremos siendo un país minero.

José Miguel Sepúlveda

Socio de The House Advisory