El descenso en las denuncias de ingresos por pasos clandestinos registrado en los últimos meses impidió que se concretara en 2022 el proyectado récord en este registro, considerando además que desde hace algunos años el último trimestre registraba un aumento de acceso al país por pasos no oficiales.

La tendencia al alza en este registro se advertida con fuerza ya a partir de 2018. El intenso flujo migratorio irregular en la frontera norte determinó incluso que entre 2019 y 2020 los ingresos irregulares al país casi se cuadruplicaron.

De acuerdo a datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en 2022 se registraron 53.875 denuncias por ingresos por pasos no habilitados. Una cifra que representa una baja de 5% comparado al registro histórico de 56.586 denuncias reportadas por la institución el año pasado. Durante ese mismo período en la Región de Antofagasta se registró una baja aún mayor al comparar las 8.345 denuncias de ingresos por pasos no habilitados de 2021 con las 3.797 informadas en 2022, lo que representa una disminución de 54%. No obstante, en la Región de Tarapacá, donde se concentra hasta un 70% de los ingresos clandestinos al país, se mantuvo la tendencia al alza al pasar de 13.078 a 15.557 entre 2021 y 2022.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) comentaron que trabajan para enfrentar los ingresos al país por pasos no habilitados. "Estamos trabajando arduamente en combatir y disminuir el ingreso clandestino y estas cifras corresponden al registro de las denuncias y autodenuncias que nos informa la PDI. Las fluctuaciones de alzas o bajas responden a los distintos flujos migratorios que van variando mes a mes, ya sea por razones estacionales en el norte de nuestro país; por las situaciones sociales y económicas de los países de origen y, también, por el reforzamiento integral en materia de vigilancia en la frontera que ha estado implementando nuestro Gobierno".

"El ingreso clandestino no es una opción válida ni legal. Desde el Servicio, se reitera que hoy en día existen todos los canales formales para ingresar de forma regular al país", agregaron desde la entidad.

Agilizar medidas

En tanto, en la Región de Antofagasta el alcalde de la comuna de Ollagüe, Humberto Flores (Ind), afirma que deben concretarse los acuerdos entre el Gobierno y la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) para preservar la seguridad fronteriza y el flujo migratorio irregular. "En la última reunión de la Amunochi uno de los compromisos consistió en agilizar el horario de atención en los pasos fronterizos y la implementación de un plan de contingencia en las zonas fronterizas mientras se regula todo el tema. También los procesos de reconducción, que es cuando se devuelve a los migrantes irregulares, dado que Bolivia no acepta a los migrantes de otras nacionalidades. No como en Perú, que aceptan a todos los migrantes reconducidos", dijo.

"En lo personal y concreto, yo veo aún muy poco avance. Yo que estoy en la zona fronteriza, me gustaría ver más hechos concretos, con dotación de policías y militares. También más infraestructura. Puede que haya más seguridad en Calama con mayor dotación de vehículos u otro tipo de medidas, pero acá en esta zona limítrofe veo aún muy poco avance en esta localidad (…) Sí ha disminuido el flujo de migrantes de manera considerable. En el año 2022 ingresaron unos 1.500 migrantes, pero este año no hemos tenido registros de migrantes ilegales por estos lados", agrega Flores. Según los datos de los PDI, en la Región de Antofagasta en enero las denuncias por ingresos clandestinos también registran una notoria baja (93), al comparar con igual periodo del año pasado (577).

Al cierre de 2022 en la Región de Antofagasta el listado de denuncias por ingresos por pasos no habilitados lo encabeza la nacionalidad venezolana (1.765). Luego siguen los bolivianos (1.476) y colombianos (344).

Plan en frontera

Para enfrentar la expansión del crimen organizado y alta violencia que enfrenta el país el Ministerio del Interior presentó el mes pasado el denominado Compromiso Transversal por la Seguridad. Esta estrategia considera más de 70 iniciativas legales y de política pública para responder a la demanda ciudadana por mayores garantías en materias de seguridad. Entre las propuestas se consideran las destinadas también a un mayor control fronterizo, como el proyecto de infraestructura despachado por el Congreso. Las iniciativas para contribuir a este fin consideran habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos y extensión del plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa desde 48 horas a 96 horas. También dispone medidas para combatir el tráfico de migrantes y trata de personas mediante una ley denominada "anticoyotes".

Vehículos desmantelados, acopios de algas, botes con personas que realizan labor de recolección de algas, son algunas de las situaciones con las que se encontró la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, quien realizó una fiscalización en la Isla Santa María este fin de semana.

Esta fiscalización nace de reiteradas denuncias realizadas por la misma comunidad donde informan distintas situaciones irregulares que estarían ocurriendo en el lugar, según explicaron desde la seremía.

Respecto a esta inspección, la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, señaló, "no fue fácil llegar acá, son casi cuatro horas de navegación entre ida y vuelta, pero aquí estamos, con esta visita queremos marcar un precedente y dejar muy claro que llegaremos a cualquier parte donde exista terreno fiscal, para cuidarlos y resguardarlos como debe ser. Especialmente esta Isla, que es un bien nacional protegido".

Agregando, "también podemos contar que en el lugar nos encontramos con varios nidos de aves, que requieren estar protegidos, así que nos pondremos en contacto con CONAF para ver si existen alternativas de resguardarlos. Reitero el llamado a cuidar nuestro patrimonio natural y enfatizar que por muy difícil que sea llegar, ahí vamos a estar fiscalizando y tomando las medidas necesarias".

Por su parte, Alfredo Acevedo, Capitán de Puerto Antofagasta expresó "hicimos una fiscalización en terreno a esta Isla para verificar si existen embarcaciones operando, y el personal que las está operando, así como la actividad extractiva que se está realizando en la playa. Este patrullaje en conjunto con otras instituciones es de gran importancia ya que cada servicio con sus respectivas competencias pudo obtener imágenes y antecedentes necesarios"

Finalmente, Carlos Herrera, Encargado Regional del Programa Pesca Artesanal del Servicio de Pesca y Acuicultura, mencionó, "gracias a la Armada logramos llegar a este lugar que es de difícil acceso que se enmarca en un control rutinario que hacemos a las zonas de pesca, como lo indican nuestras competencias en el lugar fiscalizamos todo lo que tenga relación con transgresiones a la legislación pesquera. Pudimos encontrar personas que se dedican a la recolección de algas y que estaban en regla ya que estaban sin operación en el momento, por lo que no fue necesaria una notificación".