El debate en torno al contenido del Estado social y democrático de derecho ha suscitado gran interés durante los últimos meses. Ello se explica porque, según el artículo 154 de la Constitución vigente, la propuesta de nueva Constitución deberá contemplar -entre otras cosas- que "Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común". Así pues, políticos y académicos de distintas veredas han intentado dilucidar cuáles son las consecuencias de una cláusula que, pese a su enorme propagación, carece de una definición conceptual universalmente aceptada.
Sin embargo, no hay muchas voces que discurran sobre los requisitos o condiciones jurídico-políticas del Estado social. Los principales esfuerzos en este sentido dicen relación con las condiciones económicas del país, punto importante pero que no agota la reflexión sobre sus elementos previos. Y ello es digno de resaltar si consideramos que la cláusula de Estado social es -ante todo- un mandato a las autoridades políticas para que, en colaboración con la sociedad civil, brinden a toda la población las condiciones mínimas de una vida digna.
De esta forma, existen al menos tres aspectos jurídico-políticos que no deberían soslayarse en el debate constituyente que se avecina. Ellos son el sistema político, el rol de la sociedad civil y el de la familia.
En primer lugar, se requiere un sistema político que funcione. Según distintos autores, la cláusula de Estado social representa principalmente un mandato al legislador para que este tramite y despache de manera oportuna las leyes que permitan construir un orden social justo y equitativo. Para su consecución, se ha entendido que el legislativo cuenta con una amplia esfera de discrecionalidad, gracias a la que pueda ponderar y priorizar debidamente las urgencias sociales en consideración a principios como el de responsabilidad fiscal y la colaboración público-privada. De esta forma, el adecuado funcionamiento del Estado social supone un sistema político que otorgue respuestas oportunas y adecuadas a las demandas sociales.
En segundo lugar, se necesita una sociedad civil activa y responsable. El Estado social no tiene su origen en el sueño igualitarista ni en el modelo estatista, sino que desde sus inicios ha sido entendido como una cláusula que habilita tanto al Estado como a los particulares a ofrecer prestaciones sociales. Es decir, el Estado social supone una corresponsabilidad solidaria de los privados en todo aquello que les pueda ser exigible para garantizar condiciones mínimas de una vida digna. En la actualidad los modelos exitosos son aquellos que, sin desconocer el rol del Estado, incentivan a la sociedad civil a tomar un rol público relevante mediante las más diversas prestaciones sociales. Asimismo, los particulares involucrados en la satisfacción de los derechos sociales han de ser debidamente regulados, a fin de que su actividad se oriente hacia el bien común, y no solamente a la maximización de sus intereses individuales.
Por último, es fundamental fortalecer la familia. La Constitución de Alemania -ejemplo paradigmático del Estado social- consagra en su artículo 6 que el matrimonio y la familia están bajo la "protección especial" del Estado. Este es uno de los pilares más importantes en los que se sostiene el Estado social, dado que la familia es la primera institución a cargo del cuidado, del sustento y del auxilio de los más vulnerables y constituye el requisito previo para la regeneración de la sociedad. Además, ella desempeña un rol insustituible en la educación y socialización de los niños, de tal suerte que es imposible pensar en un Estado que supla urgencias sociales con prescindencia de la familia. Por estos motivos, la consagración explícita de su protección en el ordenamiento constitucional alemán se le reconoce como una excepción a la redacción de derechos sociales en particular.
En definitiva, si pretendemos que la cláusula del Estado social sea algo más que tinta sobre papel, deviene imprescindible una reflexión más integral, que recoja aquellos elementos que históricamente le han servido de soporte: el sistema político, la sociedad civil y la familia.
*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.
