La pequeña comunidad de Ollagüe ha seguido con atención la puesta en marcha del despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por zonas fronterizas, debido a los mayores controles de uniformados y policías como parte de la Ley de Infraestructura Crítica con el propósito de contener la crisis migratoria y de seguridad en la macrozona norte.

La norma que delimita las áreas a resguardar, en una medida que se extenderá por 90 días, registra perímetros definidos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En esta última región el polígono de refuerzo en controles de seguridad abarca unos 220 kilómetros de extensión en áreas próximas a Calama, Hito Cajón y Ollagüe. Como ocurre en la CH-21, CH-23, CH-25 y CH-27. Las zonas delimitadas, en tanto, excluyen a las zonas urbanas de las comunas de Calama y San Pedro de Atacama.

Ampliar vigilancia

El alcalde de Ollagüe, Humberto Flores (Ind), junto con valorar esta medida afirmó que debería ampliarse el radio de acción de las áreas de vigilancia.

"Esto es muy relevante por la sensación de seguridad que entrega un contingente militar que pueda controlar el tema de los migrantes. Aunque creo que podría mejorarse este decreto, porque ellos están autorizados para el control en la zona fronteriza y en rutas cercanas. Aunque queda una zona que quedaría desprotegida, que es yendo hacia Iquique, como el sector de Puquios. Ahí tenemos denuncias, relacionadas a que pueden salir vehículos robados o también ingreso de mercancías ilícitas. Por lo tanto, ahí tenemos que conversar con la Delegada (Presidencial Regional) para ver si pueden ampliar el despliegue militar hacia otras zonas", dice.

"El tema de la seguridad en la localidad es controlable, tanto por las rondas policiales implementadas y por un contingente militar que ya teníamos previo a este aumento de dotación de efectivos del Ejército. Sin embargo, no coincide esto con los alrededores donde por ahí hay pasos ilegales, donde ha habido robos, sustracciones de vehículos, por lo que se pone más complicada la situación para las personas que puedan estar transitando por esos sectores. Esa es una de las principales amenazas, la salida de vehículos que pueden ser robados de distintas provincias y regiones del país, que pueden estar saliendo por un sector ya identificado por las autoridades", agrega Flores.

Según ha reconocido el fiscal jefe del fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Región de Antofagasta, Juan Castro Bekios, el robo de vehículos también se vincula al crimen organizado debido al intercambio por drogas y armas en países vecinos. De los delitos de robos de vehículos cometidos en la macrozona norte, un 43% corresponde a la Región de Antofagasta, de acuerdo a análisis de la Sacfi.

Control de ingresos

En tanto, el alcalde de Ollagüe reconoce una disminución de los ingresos por pasos no habilitados a esta localidad fronteriza con Bolivia. De unos 1.200 ingresos de migrantes por pasos clandestinos registrados en 2022, hasta mediados de este mes no se reportaba ninguno, comenta Flores. Una tendencia a la baja que también registran las denuncias por pasos no habilitados, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI). De acuerdo a datos de la entidad, en enero pasado en la región se reportaron 93 denuncias de este tipo. Una cifra que dista de las 577 denuncias de enero de 2021.

Para el alcalde de Ollagüe resulta valioso que las autoridades del gobierno central hayan resuelto reforzar las áreas fronterizas. "En diversas reuniones, que hemos sostenido con diversas autoridades y asociaciones, se había solicitado mayores medidas de seguridad, porque es un tema transversal de inquietud de todo el territorio. Como planes concretos solicitados al subsecretario del Interior para resguardar la zona fronteriza en la ciudad de Calama, Antofagasta y en las regiones vecinas. Se escuchó finalmente la voz de los alcaldes y autoridades comunales, porque se requería mayor resguardo en fronteras. Tanto de infraestructura militar, como de vehículos y mayores dotaciones de Carabineros", agrega Flores.

"Si nosotros trabajamos en la zona fronteriza, lo que puede ser acá en Ollagüe o en San Pedro de Atacama, podemos disminuir el ingreso de ilegales, salidas de vehículos robados, ingresos de sustancias ilícitas, narcotráfico y armas, como también alimento que transita por nuestras fronteras", expresa Flores.

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2022 la Región de Tarapacá registra una tasa de casos de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) de 3.066,3 casos cada 100 mil habs., que corresponde a la tasa más alta del país. Luego siguen las regiones de Antofagasta (3.014,8), Atacama (2.900,6 casos) y Arica y Parinacota (2.887,6). La totalidad de estos registros supera la tasa total país (2.462).

La ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo ayer un positivo balance del comienzo del despliegue militar en puntos críticos de las fronteras con Perú y Bolivia, medida que durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona norte de Chile.

En entrevista con radio Cooperativa, la jefa de gabinete aseguró que "es temprano para una evaluación, pero sí ha cambiado. Empezamos a tener una cantidad bastante elevada respecto de la previa de personas que son identificadas cruzando la frontera y que son llevadas a las policías para ver cuál es su situación: oscilaron de 30 a 120 ó 130 durante el fin de semana".

Además, destacó la percepción que ha generado esta acción en las regiones incluidas: "Es un salto en el ambiente que hay en la zona. Yo estuve en Colchane pocas semanas atrás y ayer que estuve ahí conversé con autoridades locales y algunos vecinos que se acercaron y todos dicen que hay una sensación de mayor orden, de mayor control, dentro de un lugar que ha vivido mucho descontrol y desorden en los últimos años".

Colaboración

La ministra Tohá también puso énfasis en la necesidad de que exista colaboración con las naciones vecinas: "Para todos (los países de la región) ha sido un desafío gigantesco procesar estos volúmenes de migración y las dinámicas asociadas a esto y estamos muy obligados a colaborar, porque somos el país final de esta cadena".

La ministra enfatizó que "las personas que llegan a Chile antes pasaron por Colombia, Perú y Bolivia o a veces pasan directo desde Perú, pero muy frecuentemente han pasado por dos o tres países antes de llegar a Chile. Entonces, hay una cadena hacia atrás que necesitamos resolver".

En relación a la reconducción de las personas migrantes, Tohá confirmó que "estamos trabajando con Bolivia para tratar de tener con ellos una modalidad que permita hacerlo", pero "hasta ahora no se ha conseguido". Sin embargo, aseguró que "incluso si Bolivia no acepta la reconducción, vamos a quedar en mejor pie del que teníamos, porque vamos a saber quién entra a nuestro país".

Policía fronteriza

En paralelo, desde la bancada del comité mixto de diputados de los partidos Radical y Liberal impulsan la idea de crear una "policía fronteriza".

"Hoy día estamos dando el primer paso para poder implementar una policía fronteriza, porque necesitamos profesionalizar el trabajo que se realiza en frontera y medidas permanentes en la frontera. No podemos seguir con estados de excepción, que duran 15 ó 90 días. Esa no es la solución. Acá se necesitan medidas permanentes", apuntó el liberal Luis Malla, impulsor de la iniciativa.