puede haber alguna dificultad para que las personas comprendan el trabajo que ustedes desarrollarán? ¿Cómo enfrentar eso proactivamente?

-Es un riesgo, pero pienso que las leyes y las constituciones no tienen por qué ser textos enrevesados e ininteligibles. Creo que deberían estar al alcance de la comprensión de cualquier ciudadano medio. Para esos efectos deberemos poner mucho cuidado en la redacción, respetando las reglas propias de nuestro idioma, y también siendo muy rigurosos en cuanto al fondo. Para redactar una Constitución no es necesario inventar términos o palabras ni acudir a una especie de "meta lenguaje", que sólo esté al alcance de unos pocos. Obviamente algunos temas necesariamente son más técnicos, y para ellos deberemos redoblar nuestros esfuerzos para que su desarrollo lo concretemos con un lenguaje claro y prolijo. Y a lo mejor también será parte de nuestro trabajo colaborar en la educación cívica y explicar lo que pueda resultar más complejo. Pero, Chile es un país con mucho sentido común y eso también deberá reflejarse en el trabajo que haremos y en el resultado final. Si tuviera que poner un ejemplo de un texto constitucional bien redactado, me parece que ese ejemplo es la Constitución española de 1978, que es una estupenda muestra de buen uso de la lengua castellana.

-¿Cuáles espera Usted que sean los "nudos" centrales del debate para generar la nueva propuesta de Constitución?

-Hay algunos temas que necesariamente deberemos abordar, y que están claramente enmarcados en las doce bases fundamentales del art. 154 de la Constitución. Sin embargo, en lo que a mi respecta, como persona de regiones, me parece que debemos ser capaces de ofrecer un buen modelo de descentralización territorial, porque el centralismo de nuestro país es impropio de un país moderno, y acarrea una serie de dificultades para el desarrollo y para la solución de problemas que varían de región en región. También es necesario afrontar adecuadamente el reconocimiento y protección de los derechos y cultura de los pueblos indígenas. Pero ambos problemas deben abordarse con sentido común, respetando nuestra identidad constitucional, y tomando en consideración modelos exitosos. Por tanto, no puede volverse a soluciones como las que nos ofrecía el texto rechazado el 4 de septiembre de 2022, que en la práctica suponía la desaparición del Chile que conocemos y queremos.

Otro tema relevante es a mi juicio la forma en que debe tratarse el Estado Social de Derecho, concretamente la forma en que deben participar en él los sectores público y privado, o sea, cómo lograr que las prestaciones que éste supone sean de provisión mixta. Estoy segura de que en la Comisión surgirán propuestas interesantes, que deberán ser conversadas a fin de alcanzar las mejores soluciones.

-¿Hay algún tema de la propuesta que fue rechazada el 4 de septiembre del año pasado que le parezca rescatable? ¿Por qué?

-El capítulo final de reforma constitucional y elaboración de una nueva Constitución me pareció interesante. También era interesante la preocupación que reflejaba respecto de la descentralización y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, la receta para tratar estos temas fue desastrosa, porque ponía en entredicho la unidad nacional, y multiplicaba la burocracia estatal. También era interesante la intención de proteger el medio ambiente, pero nuevamente su concreción fue incorrecta. Pero debo decir que en mi opinión el proyecto rechazado en el plebiscito de septiembre era francamente malo.

-En esa misma línea, ¿qué errores del proceso anterior no debieran cometerse en la construcción de la propuesta constitucional?

-El nuevo proceso parte con varias ventajas. La primera consiste en que sabemos qué es lo que los chilenos no quieren ni admiten, por ejemplo, la plurinacionalidad, el debilitamiento de la democracia representativa y de la separación de poderes, el debilitamiento de derechos como el derecho a la vida y la libertad de enseñanza, o el derecho a elegir el sistema de seguridad social. Una segunda ventaja consiste en que este nuevo proceso comienza con el trabajo de un órgano técnico, la Comisión Experta, Y por eso quienes la conformamos debemos ser especialmente cuidadosos en trabajar con criterios técnicos, alejados de componendas o acuerdos meramente políticos. La instancia política también existirá, pero estará radicada en el Consejo Constitucional. Y una tercera ventaja consiste en que varios de los miembros de la Comisión nos conocemos, algunos provenimos del mundo académico, y todos queremos lo mejor para la patria. Este será el mejor antídoto frente al populismo, a la polarización y a la tentación de caer en un funcionamiento más propio de un órgano político que técnico.

-¿Qué piensa sobre la noción de un estado social de derechos? ¿Cómo podría ser incorporada en la nueva propuesta?

-Es parte de los principios fundamentales que deberá contener el texto. Así está definido en el art. 154 de la Constitución. Evaluaremos cuáles son las mejores vías para con la acción del Estado y de los privados pueda desarrollarse un estado social moderno, que tenga como eje a las personas, a las familias y sus necesidades, teniendo claro que al final lo importante es atenderlas con eficacia y calidad, sin caer en dogmas o lugares comunes "estatistas" ni "privatistas", y que por ende se dé cabida a la participación pública y privada en su provisión.

-¿De qué forma se va a articular el trabajo de la Comisión con el de los consejeros una vez que ustedes elaboren la propuesta?

-Creo que en esta materia la clave está en el espíritu de colaboración y de amistad que seguramente imperará en la Comisión, y que todos asumamos que somos un órgano técnico, del que se espera rigor y trabajo basado en conocimientos y evidencia, y que cuenta con un escaso plazo para cumplir la tarea que se nos ha encomendado.

-Usted es una de los integrantes de la Comisión experta que viene de regiones. ¿Qué tan importante debe ser la descentralización en la propuesta que ustedes van a elaborar y cómo se aborda?

-Para mi es un orgullo ser de regiones (soy maulina). De alguna manera me siento representante de las regiones en este órgano, y representante también de las mujeres de Chile. En esas dos calidades mi presencia en la Comisión pretende ser un aporte a una visión de Chile que estaría incompleta si no considerase las inquietudes de las regiones, y si no considerase también el aporte que las mujeres debemos seguir haciendo a la construcción de un sistema constitucional moderno, con amplia legitimidad democrática, y que refleje y respete nuestra tradición constitucional. En lo relativo a la descentralización, habrá una subcomisión en que sin duda se abordará este trascendental tema. Estoy segura de que con mis colegas podremos hacer una propuesta sensata y técnicamente sostenible.

-¿Le parece adecuado el plazo que se les asignó para construir el texto? Y sobre eso mismo, ¿piensa que deben entregar un documento extenso o, más bien, uno que establezca lineamientos generales?

-Sin duda el plazo es corto. Sin embargo, no debemos olvidar que no elaboraremos un texto a partir de la nada, de una hoja blanco, sino que partiendo de las doce bases fundamentales del art. 154. Asimismo, y como lo demostró el resultado del plebiscito de septiembre pasado, la gente no quiere experimentos, ni que se borre nuestra tradición constitucional, ni que la Constitución se transforme en un programa político de algún sector o partido. Con esos elementos, sumados a los conocimientos y experiencia de los miembros de la Comisión, no me cabe duda de que lograremos cumplir con nuestra tarea de redactar el anteproyecto dentro del plazo que se ha fijado, y que el texto que prepararemos será sobrio, pero acorde a las necesidades del Chile de hoy.

-¿Cómo se evalúa, desde su punto de vista, el éxito o no de este nuevo proceso que ahora se inicia? ¿Hay un "umbral electoral" en términos de votos para que el texto pueda considerarse "validado" por los ciudadanos?

-No me atrevo a hablar de éxito o no. Me atrevo a trabajar rigurosamente por una propuesta que nos una y que sirva al país. Lo demás, es decisión de la ciudadanía y ellos tienen siempre la última palabra. No obstante, si consideramos el universo de participación del plebiscito de octubre y su resultado, me parece que si esta vez el texto se aprobase por esos porcentajes, sería estupendo.

El trabajo se realizará otra vez en la exsede del congreso nacional de Santiago.

"La gente no quiere experimentos, ni que se borre nuestra tradición constitucional, ni que la Constitución se transforme en un programa político de algún sector o partido".

Legitimidad constitucional

Últimamente, distintas voces han puesto en duda aspectos de la legitimidad del nuevo proceso constitucional que ahora se inicia. La mirada se ha puesto en el control que ejercen los partidos, en que el Acuerdo por Chile limita demasiado al poder constituyente, en que los expertos son designados y no todos serían académicos, en que algunos postulantes al Consejo parecen sacados de libros de historia y en que la ciudadanía ya no tendría interés en el proceso.

Es cierto que el diseño actual tiene algo de coreografía postraumática en el sentido que establece bordes para evitar excesos y pretensiones refundacionales conocidas en el proceso anterior. Pero esto solo deja en claro que el nuevo foro político no tendrá un poder constituyente originario como el que se arrogó la Convención, sino uno derivado del marco institucional actual. Por otro lado, las encuestas muestran que la nueva Constitución no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, sí está la seguridad, una garantía constitucional básica, y también temas como salud, educación y pensiones, que son el núcleo de los derechos sociales. Es decir, aunque a primera vista no se advierta, el proceso constitucional se internará en las inquietudes ciudadanas inmediatas.

Para el éxito del proceso, sin embargo, es clave que este tenga cercanía con las personas. Para ello tienen que existir mecanismos de participación tanto en el origen del orden constitucional como en su ejercicio y resultados. Esto son componentes fundamentales de la legitimidad. La legitimidad de origen apunta al proceso democrático en el cual ese orden surge. La Constitución de 1925 pudo tener baja legitimidad de origen por la intervención militar y su redacción por un grupo designado, pero en las décadas de su ejercicio se legitimó en base a una continua ampliación de derechos (voto femenino, de no videntes, de personas que no saben leer o escribir, cédula única, entre otros) y la creación de una estatalidad adecuada a la modernización de Chile. La Constitución de 1980 careció de legitimidad de origen, nunca dejó de ser 'la Constitución de Pinochet', y eso se impuso sobre su ejercicio y resultados hasta hoy.

Para la legitimidad de origen del proceso actual se requieren mecanismos de participación que permitan a la ciudadanía sentir que el diseño constitucional no es ajeno. El mejor momento de la Convención Constitucional fue cuando se abrió la posibilidad de presentar iniciativas populares de norma y votar por ellas. Y el peor comenzó cuando esas iniciativas se perdieron en las discusiones del pleno y nadie fue capaz de demostrar cómo y en qué medida se recogían en los artículos propuestos. La participación debe asegurarse de algún modo, así como también hay que ser claros ante la ciudadanía sobre los resultados de ella.

Para la legitimidad de ejercicio, en tanto, es preciso dejar de pensar solo en mecanismos de democracia directa como los plebiscitos. Estos pueden ser útiles a nivel local, pero su generalización a escala nacional afecta la representación democrática del sistema de partidos. Se requiere más bien de mecanismos de deliberación y coordinación social como mesas de diálogo, de negociación, foros ciudadanos o redes de política que aporten tanto a la gobernabilidad como al proceso legislativo y la implementación de políticas. Mecanismos de ese tipo hacen posible una participación descentralizada en temas de interés de cada grupo y ayudan a una legitimación incremental del orden constitucional.

Incluir tales formas de participación, tanto en el origen como en el ejercicio constitucional, no resuelve pero contribuye enormemente al compromiso de las personas con la Constitución y, con ello, a la legitimación del orden democrático. La cercanía de la ciudadanía debe asegurarse desde el inicio, de otro modo, se cobra constantemente. Un segundo fracaso ahora seguiría retrasando los cambios institucionales necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI, justamente aquellos que están entre las prioridades de la ciudadanía. En tal caso sí estaríamos en un grave problema de legitimidad que daría fuerza a los impulsos autoritarios y populistas visibles desde hace algún tiempo.