Las expulsiones de extranjeros que hayan cometido delitos en el país surge hoy como una de las principales demandas planteadas desde diversos sectores ante la crisis de seguridad y migratoria que enfrenta el país. Un procedimiento que registra una alta incidencia en deportaciones judiciales en regiones nortinas.

Según datos del Poder Judicial, sobre expulsiones judiciales dictadas en tribunales con competencia penal, durante 2021 se registraron a nivel país 751 deportaciones de este tipo. Un registro que en 2022 casi se duplicó con 1.220 expulsiones, para sumar 1.971 procedimientos de este tipo en ambos períodos.

La Corte de Apelaciones de Iquique encabeza este registro con 160 y 481 expulsiones durante 2021 y 2022 (641 en ambos periodos). Luego sigue la Corte de Apelaciones de Antofagasta, con 205 y 319 deportaciones judiciales en 2021 y 2022 (524 en total). Más atrás se ubica la Corte de Apelaciones de Santiago, con 130 expulsiones en 2021 y 135 en 2022 (265 en total) y luego la Corte de Apelaciones de Arica, con un total 124 y 126 durante 2021 y 2022 (250 en total).

"La sanción de expulsión del territorio nacional, establecida en el artículo 34 de la ley Nº 18.216, es una pena sustitutiva de la privación de libertad (cumplimiento efectivo) que se aplica al extranjero que comete ciertos delitos en Chile. Esta pena corresponde a la deportación, por orden judicial, vinculada a la comisión de delitos por parte de extranjeros y no dice relación con las expulsiones administrativas por situación migratoria irregular (que no son de competencia del Poder Judicial)", informa el Poder Judicial sobre estos procesos en su plataforma digital.

"El extranjero condenado a pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, y si lo hiciere dentro de ese plazo, deberá cumplir efectivamente la pena privativa de libertad originalmente impuesta por el tribunal", agrega.

Nacionalidades

De acuerdo a los datos del Poder Judicial, el listado de expulsiones judiciales por nacionalidad a nivel país lo encabeza la nacionalidad boliviana con 352 deportaciones en 2021 y 745 en 2022 (1.097 en total). Más atrás siguen las nacionalidades venezolanas, con 132 expulsiones en 2021 y 199 en 2022 (331 en total); y colombiana con 139 en 2021 y 170 en 2022 (309 en total).

Los registros del Poder Judicial consideran información de imputados a quienes reuniendo los requisitos del artículo 34 de la Ley N°18.216, se les sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de expulsión del territorio nacional. No considera expulsiones administrativas dictadas por el Ministerio del Interior, como en el caso de infracciones al ingreso y permanencia regular de extranjeros.

Para el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) deben analizarse los registros de expulsiones judiciales para perfeccionar las respuestas ante la expansión delictual. "Las expulsiones judiciales, constituyen una sanción impuesta por un tribunal, por lo tanto, el gran número de expulsiones decretadas ratifica la incidencia de extranjeros en la comisión de delitos, evidencia que hasta hace muy poco era negada incluso por sectores de gobierno. A partir de este dato, es importante hacer un zoom al tipo de delito que motiva la expulsión judicial, porque eso permite construir una mejor respuesta ante los crecientes fenómenos criminales asociados a extranjeros", dijo.

Hechos

Según los registros del Poder Judicial, en Antofagasta los principales motivos de expulsiones judiciales, ejecutadas durante 2021 2022, consisten en delitos por tráfico ilícito de drogas (460), recepción de vehículos motorizados (36), robo con intimidación (16) y robo con violencia (8).

Para el diputado Sebastián Videla (Ind-PL) también deben agilizarse las deportaciones distintas a las determinadas por los tribunales de justicia.

"Nuestra postura siempre ha sido la misma, hoy debemos ordenar la casa y las expulsiones administrativas deben ejecutarse tal como lo indica la justicia. En la región las expulsiones aumentaron exponencialmente de un año para otro y es por eso que hemos estado trabajando para que las leyes sean más duras".

"Nuestro proyecto de expulsiones administrativas, fue tomado el año pasado como prioridad para el gobierno y lo estamos viendo en ejecución. Pero esto va de la mano del resguardo militar en fronteras ya aplicado, el futuro proyecto que presentaremos como Bancada Liberal de Policía Fronteriza, con mayores penalidades en delitos de alta connotación y una modificación a la ley de extranjería", añade.

Sobrepoblamiento cárceles

Para Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones en la administración anterior y actual director del Observatorio de la Migración Responsable, deben adoptarse medidas para evitar la sobrepoblación de los recintos penitenciarios en el país. "Las expulsiones judiciales, donde la Corte sustituye la pena de un extranjero delincuente y lo deja en libertad bajo la condición de que no vuelva a Chile en 10 años, se concentran principalmente en las regiones que tienen más de un 10% de población extranjera, es decir, Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta y la Región Metropolitana. Históricamente, estos expulsados eran traficantes de drogas, pero en el último tiempo han aparecido delitos como abuso sexual, robo con violencia y otros casos", afirma.

"Lamentablemente, hemos visto como el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, como respuesta a la sobrepoblación carcelaria, busca constantemente dejar libres a extranjeros que cometen delitos, pero dado que el control fronterizo sigue siendo precario, con las FF.AA. imposibilitadas de devolver a quien ingresa y un gobierno que no expulsa a quien ingresa clandestinamente, esta medida termina siendo perjudicial, ya que los extranjeros expulsados reingresan a Chile. Basta recordar el caso del 'lagrima', expulsado en julio por robo con intimidación y abuso sexual, quien a los tres meses fue arrestado nuevamente en Chile, por robo con violación. Mismos casos han aparecido en las últimas semanas con extranjeros expulsados por tráfico de drogas, quienes han sido nuevamente capturados traficando drogas. Una solución efectiva es que, mediante convenios del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los extranjeros cumplan su pena completa, los cinco o más años, en su país de origen, así se evita sobrepoblar las cárceles y están más tiempo en su país de origen, pero el dejarlos en libertad es de una indolencia preocupante", agrega Bellolio.

E n un importante hito regional se ha convertido el encuentro organizado por el Minvu y la Fundación Urbanismo Social, "Vivienda y ciudad en Antofagasta: planificar y construir con sentido de urgencia", donde se intercambiarán miradas respecto de planificación urbana, participación y conformación de gobernanzas como instrumentos claves para enfrentar la crisis habitacional y de acceso en la ciudad.

El programa 'Construyendo Barrios', el estudio Borde Cerro y el plan de Ciudad y Vivienda son herramientas para enfrentar la crisis habitacional, que serán analizadas durante el encuentro, hojas de ruta con miras a mediano y largo plazo, que buscan contribuir a la reducción de las desigualdades urbanas y a trabajar con sentido de urgencia en la disminución del déficit habitacional.

"Vivienda y ciudad en Antofagasta: planificar y construir con sentido de urgencia" es organizado por la seremi Minvu y la Fundación Urbanismo Social. Además, cuenta con el apoyo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) y Corporación Déficit Cero.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Andrés Sabella de la Universidad Católica del Norte, ubicado en Angamos 0610, Antofagasta, a partir de las 9.00 horas. Para inscribirse, debe registrase en el siguiente link: https://bit.ly/3J9rC2xa.