A lo largo de los años se han ido evidenciando una serie de situaciones que dan cuenta de la existencia de discriminación hacia las mujeres. Algunas comienzan a presentarse desde la infancia y otras ya en etapas más avanzadas de su vida. En este tipo de discriminación hacia la mujer la situación es aún más compleja cuando en ellas se presenta algún grado de discapacidad.

En este contexto, y analizando la situación que viven las mujeres desde sus etapas más tempranas de vida, se puede advertir que las niñas con discapacidad pertenecen a uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad y sus derechos son vulnerados de manera generalizada. Existen grandes brechas de inequidad social, económica y cultural, y muchas veces son víctimas de la sociedad, incluido su entorno familiar. La sociedad las excluye, ya sea por desconocimiento de su(s) discapacidad(es), por desconocimiento de sus necesidades y requerimientos, por falta de empatía, por centrarse en su(s) discapacidad(es) y no en sus capacidades. Por lo mismo, las niñas y adolescentes con discapacidad tienden a ser víctimas de bullying en el colegio, a la vez que tienden a ser excluidas por sus pares y por el entorno escolar.

Desde el punto de vista familiar, el hecho de tener un hijo o hija con discapacidad hace que la mayoría de las veces se les sobreproteja, lo cual se ve sobredimensionado aún más cuando es una hija, ya que los padres tienden a pensar por su hija, toman las decisiones y solucionan todos sus problemas, su gestión de vida se modifica, generando los propios padres barreras que limitan el desarrollo de las capacidades de la niña, afectando además el crecimiento integral de la familia. Los padres ven el entorno como una amenaza, y con el fin de proteger generan un daño irreversible al crear una especie de burbuja aislada del mundo para la mujer, quien se desarrolla sin competencias emocionales y cognitivas para enfrentar el mundo que le toca vivir.

Las mujeres con discapacidad se enfrentan a los mismos desafíos propios del género en distintas etapas de su vida, como estudios, adolescencia, maternidad, inclusión laboral, compatibilización de la vida laboral con la vida familiar, divorcio, jubilación, viudez, brecha salarial y carga de trabajo doméstico. Este último, generalmente no remunerado ni reconocido, debe enfrentar los estereotipos de género, entre otros.

En lo laboral, el mayor desafío que debe enfrentar una mujer con discapacidad es trabajar en un ambiente machista, masculino, además de estar construido a la medida del promedio de las personas, ajeno de las necesidades o ajustes que faciliten la autonomía de personas (mujeres u hombres) con discapacidad.

Afortunadamente, se está reconociendo que las personas que ejercen el rol de acompañar a las personas discapacitadas son generalmente mujeres, las que deben enfrentar los desafíos que exige el acompañamiento ante las diferentes situaciones que deben vivir a diario. Esta situación se complejiza aún más cuando es la única sostenedora económica de este, y muchas veces deben buscar cómo reunir dinero para la sobrevivencia del hogar. He aquí un gran dilema: ¿cómo generar los recursos necesarios para vivir sin perder de vista su rol de mujer y compatibilizarlo con el rol de cuidadora al 100%?

Es necesario, entonces, que desde el mundo público se realicen esfuerzos para ir en apoyo de estas mujeres. Pero también es necesario que desde lo privado se realicen cambios en sus políticas de inclusión, mirando sus capacidades y considerándolas por los aportes hacia sus organizaciones.

En la sociedad actual el desarrollo industrial, las nuevas regulaciones y el avance de la tecnología han permitido que la mujer pueda ocupar espacios que en décadas pasadas era impensables para ellas. Este mismo avance debe permitir que en los nuevos tiempos la mujer con discapacidad y cuidadora pueda tener estas mismas oportunidades para así ir reduciendo estas brechas de inclusión en una sociedad que avanza y en la cual todas y todos debiéramos estar incluidos, recibiendo el beneficio de su desarrollo.

El 7 de julio del año 2022, Codelco anunció la aprobación por parte de su directorio, del proyecto de construcción de la planta desalinizadora que abastecerá con agua de mar a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales que componen su Distrito Norte. El proyecto, que contempla una inversión de mil millones de dólares- será responsabilidad del consorcio formado por la japonesa Marubeni Corporation y Transelec.

La iniciativa considera la construcción de la planta que estará ubicada en el kilómetro 14 de la ruta CH-1 al sur de Tocopilla. Desde ese punto, se contempla el desarrollo de un trazado que recorrerá Tocopilla, María Elena y Calama, con una longitud de 160 kilómetros, trasladando el agua de mar desalada desde la costa, hasta un reservorio central de 250 mil metros cúbicos de capacidad, ubicado en Radomiro Tomic. Desde ese punto se tiene considerado distribuir el agua a al resto del distrito minero.

De acuerdo a datos de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES), en Chile existen más de 25 plantas desalinizadoras de carácter industrial, las que en conjunto producen más de 8.600 litros por segundo. De ese total, un 75% son empleadas en el sector minero, 20% en ciudades y 5% en los sectores pesquero y eléctrico.

La aplicación de la desalinización se puede observar también en otros ámbitos, como, por ejemplo, para el riego, el consumo humano, la ganadería e incluso la reforestación.

En Antofagasta, la ampliación de la Planta Desaladora Norte (PDN), que actualmente produce poco más de 1000 litros por segundo de agua potable, permitirá llegar al 100% de cobertura de requerimientos de agua potable desalada en la ciudad, constituyendo un nuevo hito en el abastecimiento de agua potable en el país.

Ambas iniciativas, sin duda, confirman un camino irreversible en el desarrollo de nuestra región. El aseguramiento de la provisión de agua potable para el consumo humano e industrial no solo ofrece certezas para quienes deseen invertir en el desarrollo económico y social de la zona, sino que además pone a la región a la vanguardia de iniciativas que contribuyen a disminuir el impacto sobre el cambio climático, es de esperar, además, que ello conlleve a la recuperación de la cuenca del Rio Loa y las comunidades que habitan en su trazado.

La eficiencia energética es un concepto importante en el presente y en el futuro, a corto, mediano y largo plazo, porque puede contribuir a la reducción del consumo de energía, la disminución de los costos y la mitigación del cambio climático, entre otros beneficios.

En el corto plazo, la eficiencia energética puede ayudar a las personas y las empresas a reducir sus costos de energía. La adopción de prácticas y tecnologías más eficientes, como el uso de iluminación LED o el uso de equipos de alta eficiencia energética, puede reducir significativamente el consumo de energía, lo que se traduce en una disminución en las facturas de electricidad.

En el mediano plazo, la eficiencia energética puede contribuir a la seguridad energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, mediante la implementación de políticas y medidas que puede ayudar a aminorar la demanda de energía.

En el largo plazo, la eficiencia energética es fundamental para abordar el cambio climático y construir un futuro más sostenible. La reducción de la demanda de energía puede favorecer al descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático. Además, la eficiencia energética puede fomentar el desarrollo de tecnologías y prácticas que contribuyan a la creación de una economía más verde y sostenible.

La Ley de Eficiencia Energética en Chile, promulgada el 13 de febrero de 2021, es la primera legislación de su tipo en el país. La ley tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía en los sectores residencial, comercial e industrial, a través de la implementación de medidas que reduzcan el consumo de energía y, por lo tanto, disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero.

La ley establece una serie de medidas y plazos para su implementación, incluyendo la creación de un Registro Nacional de Eficiencia Energética, la implementación de programas de educación y capacitación, la promoción de proyectos de inversión en eficiencia energética y la obligatoriedad de que las grandes empresas realicen auditorías energéticas.

En cuanto a su balance, es importante tener en cuenta que la ley es relativamente nueva y, por lo tanto, es demasiado pronto para evaluar su impacto en la eficiencia energética del país. Sin embargo, se espera que la ley tenga un efecto positivo en la reducción del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como en la promoción de la inversión en tecnologías más eficiente.