Redacción

Ayer en la mañana murió el cabo de Carabineros Álex Salazar, quien permanecía en estado grave luego de ser atropellado intencionalmente durante la madrugada del domingo en un procedimiento que se desarrollaba en el centro de Concepción. Este hecho generó una dura reacción de la viuda del suboficial fallecido, quien llamó al Presidente Gabriel Boric a "ponerse los pantalones" y pidió que no llegue a su funeral.

Por aquella acción criminal, que le provocó una fractura de cráneo, permanecía internado en el Hospital Regional de Concepción en riesgo vital y "sin respuesta neurológica".

"Hoy se realizó una nueva evaluación neurológica al carabinero, que no había mostrado una respuesta favorable. Se realizó un examen específico, el test de apnea, que termina confirmando a la muerte cerebral", reportó Claudio Baeza, director del hospital.

El cabo Salazar había dejado constancia en vida de su deseo de ser donador de órganos, voluntad que será respetada por su familia. Y posteriormente, sus restos fueron llevados hasta su Cañete natal.

Cita en La Moneda

El deceso del cabo Salazar se produjo poco después de que acudiera al palacio de La Moneda el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien había sido citado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de que el jefe policial emplazara al Congreso a aprobar las leyes sobre protección a las policías, justamente a raíz del atropello al cabo Salazar.

Tras la cita con la jefa de gabinete, el general Yáñez reconoció que "uno siempre puede mejorar las formas como se plantea, pero yo no pierdo el fondo de lo que quiero señalar, de que el trabajo que se está haciendo en materia legislativa es tremendamente importante".

Yáñez fue enfático en afirmar que "el apoyo político lo tenemos de la autoridad. Es más, todos los cambios e innovaciones que hemos tenido en recursos hablan del apoyo esta autoridad con la institución".

La jefa de gabinete explicó que la reunión fue "para despejar toda duda respecto del apoyo que tiene del Gobierno" la institución policial y recordarle que "cuando hay inquietudes que Carabineros quiere expresar hay canales para eso y hay que evitar que se confunda con el debate político".

Reacción del Gobierno

Una vez informada la muerte del carabinero, el Presidente de la República, Gabriel Boric, escribió en Twitter: "Ha fallecido el cabo 1ero. Alex Salazar quien fue alevosamente atropellado en el marco de un procedimiento policial. El delincuente está detenido y le aplicaremos todo el rigor del derecho. Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo y su familia no estará sola".

Sin embargo, la viuda del carabinero asesinado tuvo duras palabras para el Mandatario: "Que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de Presidente para ser la marioneta del resto". También acusó que el Gobierno "se ha encargado de darles más garantías a los delincuentes que a los carabineros". Y añadió que si Boric fuera al funeral de su marido "no lo recibiría".

Paralelamente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó "nuestra absoluta condena al asesinato de un carabinero y también nuestra total condena a cualquier acto que agreda o ponga en riesgo la vida de un funcionario policíal".

"Esperamos que el proceso judicial pueda determinar la máxima sanción que establece la ley, que en este caso es presidido mayor en su grado máximo y son condenas que pueden llegar a los 15 años y un día", recalcó.

Sin embargo, desde la oposición fueron duros para criticar el hecho de que se hubiera llamado la atención al general director.

La bancada de diputados de RN, en una declaración pública, consideró "inaceptable" la citación al general director: "Permite evidenciar cómo, a pesar del discurso oficial, el Gobierno se incomoda con emplazamientos a aprobar proyectos que refuerzan el accionar policial".

La ministra del interior, Carolina Tohá, ha considerado una falta de respeto hacia ella y la institución presidencial, que el diario El Mercurio haya titulado una entrevista con la frase "Hoy realmente está gobernando Tohá".

La molestia de la ministra -y la imputación de habérsele faltado el respeto- plantea un importante problema de interés público: ¿cuáles son los límites de la prensa a la hora de evaluar la gestión gubernamental? ¿Hay un límite que va más allá de los que contempla la legalidad vigente?

Una de las tareas de la prensa, y de quienes se desempeñan en ella, consiste en indagar y a la luz de la información disponible evaluar, el quehacer de quienes se desempeñan en el estado. La razón de ello es harto obvia. Quienes tienen en sus manos el estado poseen, nada menos, el máximo poder que los ciudadanos reconocen a algunos de los suyos, entregándoles el manejo del monopolio de la fuerza, la facultad de colegislar y la administración del estado. De esta manera la vida cotidiana de los ciudadanos -el acceso a ciertos bienes básicos como la seguridad, por ejemplo, o los niveles de contingencia que experimente la sociedad- dependen de la forma en que las autoridades ejerciten su papel, la claridad que tengan acerca de los deberes que les han sido confiados y el conocimiento que posean del aparato estatal que la ciudadanía ha puesto en sus manos. Ese puñado de facultades, el gigantesco poder que la autoridad estatal posee, establece una abismal asimetría con los ciudadanos de a pie. Y la forma de corregir esa asimetría es que los ciudadanos puedan acceder a información clara y a evaluaciones abiertas acerca del desempeño de los funcionarios estatales, la forma en que cumplen sus funciones y las capacidades que exhiben a la hora de hacerlo. Esta última es la función y el deber de la prensa. Y al ejercerla la prensa, y aquellos cuyas opiniones ella recoge y publicita, no tienen otro límite que la legalidad vigente.

Al llevar adelante esa tarea, la prensa contribuye a que los ciudadanos evalúen y controlen la autoridad del estado, disminuyendo así, siquiera en parte, la asimetría que existe entre esta última y ellos.

Desde ese punto de vista la falta de respeto a la autoridad por medio del discurso simplemente no existe. Y ello no solo porque la existencia del desacato no es admisible en una sociedad democrática, sino porque el respeto supondría establecer una invisible inmunidad de las autoridades a la hora de evaluar su papel. No es admisible que se pida a la prensa, o a quienes opinan regularmente en ella, que se tenga miramientos, veneración o acatamiento -eso significa el respeto que se demanda- a la autoridad pública. Los ciudadanos en una democracia tienen el deber de respetar y cumplir la ley; pero no tienen ningún deber de respetar, esto es, tratar con miramiento, a ninguna autoridad pública, ni siquiera al presidente de la república a la hora de evaluar la forma en que este último ejecuta sus tareas o se muestra débil o inexperto a la hora de hacerlo.

Así entonces no debe imputarse faltas de respeto a la prensa porque ello, bien mirado, equivale a solicitarle un trato distinto y mejor al que dispensarían a los ciudadanos, y ocurre que según una larga práctica de los tribunales internacionales, las autoridades públicas no tienen derecho a un trato mejor, sino que su nivel de protección frente al discurso es menor o más débil que el que poseen las personas comunes y corrientes. Es lo que un jurista francés llamó "la servidumbre a que obliga la grandeza".

Si a la hora de administrar el estado está o no gobernando en los hechos Tohá -por su mayor claridad conceptual, su conocimiento del estado y su voluntad de priorizar- puede ser discutido, por supuesto, para demostrar si ese diagnóstico es correcto o no; pero lo que no puede ocurrir es que la autoridad, o las fuerzas políticas que la apoyan, demanden respeto como una forma de eludir el debate y establecer límites invisibles a la hora de llevarlo adelante.