El retorno a la presencialidad en las salas de clases ha sido más complicado de lo que se esperaba. Luego de las restricciones por la pandemia, se sabía que la convivencia sería difícil, principalmente, entre niños y adolescentes que pasaron por largos confinamientos y perdieron la capacidad de relacionarse con compañeros y profesores.

En 2022, junto con la vuelta a las aulas hubo episodios de violencia, incluso en Antofagasta, se llegó a la suspensión de las actividades docentes debido a amenazas de balaceras y de enfrentamientos en liceos.

Si a ello, le sumamos las denuncias de deficiencias estructurales en los colegios y que tuvo paralizado más de un mes a la educación pública, se coincidirá que fue un regreso a clases traumático.

Otras comunas tampoco se libraron de los problemas y debieron enfrentar de modo conjunto los casos de violencia registrados en varios establecimientos entre estudiantes o contra docentes, como ocurrió en Tocopilla y Calama.

Por ello se trabajó de modo anticipado para prever problemas, pero no será tan fácil erradicar la violencia escolar. De hecho, este 2023, a menos de dos semanas del inicio del año escolar, ya se han conocido casos de violencia y otros problemas de convivencia.

En Antofagasta, la Escuela General Baquedano no pudo iniciar clases por fallas en el sistema de cañerías, situación que constató la seremi de Salud y significó la prohibición de funcionamiento hasta subsanar el problema, lo que se logró en la semana. También hubo una paralización por falta de protocolo en casos de acoso laboral y sexual en la educación, y se hizo en el marco de la conmemoración del 8M.

Tras cartón, amenazas por redes sociales de balaceras obligaron a suspender las clases en el Liceo Andrés Sabella. Situación similar en el liceo Jorge Alessandri de Calama, que no alcanzó a interrumpir las actividades.

Pero ayer, en una escuela de la capital loína, devolvieron a los alumnos a sus casas, debido a que un estudiante fue sorprendido con un arma de fuego.

Así, este año tampoco se escapa del problema de la violencia en los colegios, lo que demanda seguir trabajando en las distintas fórmulas existentes para hacerle frente y erradicarla. No es posible que este clima siga imperando, porque puede terminar muy mal, y de paso interrumpe la normal entrega de los contenidos que necesitan con urgencia los estudiantes.

Cerca de 386 mil personas beneficiarias de la Atención Primaria de Salud (APS) en la región de Antofagasta no pudieron verse favorecidos con el aumento importante del per cápita que se financiaría con la recaudación del proyecto de reforma tributaria rechazado hace unos días por la Cámara de Diputados.

Es necesario recordar que nuestro gobierno impulsa tres proyectos que componen la reforma tributaria y que en su conjunto buscan recaudar un 3,6% del PIB en régimen.

Uno de ellos es el que contenía un aumento del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y medidas para combatir la evasión y la elusión -que se rechazó hace una semana- y que pretendía recaudar en torno a 2,7% del PIB.

El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria impide alcanzar estos objetivos y deja sin financiamiento iniciativas en directo beneficio de las personas como el aumento de la Pensión Garantizada Única (PGU) a $250 mil propuesto en la reforma de pensiones, la reducción de las listas de espera, sala cuna universal, la creación del sistema nacional de cuidados, tener más policías para Chile, entre otras.

Entre las principales medidas que buscaba financiar el proyecto de ley de reforma tributaria están el aumento de la PGU a $250 mil y la ampliaba a todos los jubilados, llegando con este beneficio a 2.8 millones de pensionados; y subir el per cápita de la salud primaria a $12 mil, beneficiando con el aumento a 14,5 millones de personas en el país.

En la región de Antofagasta, este beneficio hubiera favorecido a cerca de 386 mil personas, mayoritariamente residentes en las comunas de Antofagasta (262 mil) y Calama (123 mil).

Asimismo, con la recaudación estimada se buscaba financiar el perfeccionamiento del sistema de telemedicina, la reducción de listas de espera en un 30% y aumentar las prestaciones y camas para salud mental.

El proyecto de ley también proveería los recursos para aumentar la Asignación Familiar y Subsidio Único Familiar a más de 3 millones de causantes; incrementar 900 plazas para la formación de policías; y financiar la igualdad de acceso para madres y padres a salas cuna.

No obstante el rechazo a la idea de legislar que se impuso en la Cámara, nuestro gobierno tiene la convicción que estas iniciativas son fundamentales para avanzar hacia el país que anhelamos todos los chilenos.

Por eso, vamos a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y, así, la Reforma Tributaria que Chile necesita pueda ser una realidad. Con responsabilidad, apertura y disposición al diálogo, vamos a seguir trabajando intensamente, que es lo que nuestros compatriotas -quienes están en sus casas- esperan de la política.

Mucho se ha dicho sobre el rechazo a la Reforma Tributaria, todos sabemos que cualquier incremento de los impuestos, venga de donde venga, al final quienes pagan los costos y las consecuencias son la clase media, la misma que comienza recién a levantarse luego de salir de un estallido social y una pandemia. En este contexto, yo no estaba dispuesta a que se sufriera con una nueva carga económica, que para muchos iba a traer perjuicios más que beneficios.

Se ha insistido bastante en la idea de que no hay recursos para la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros proyectos que van en directo beneficios de la gente, pero aún no he escuchado a nadie comentar sobre los $17 mil millones que se mal gastaron en la Convención del 2022, de los cuales 500 millones se gastaron en su famosa visita a Antofagasta. Lamentablemente, hoy por el capricho político de algunos, nuevamente todos los chilenos tendrán que verse obligados a costear otro proceso constitucional.

Todavía no he escuchado a nadie comentar sobre las obras que se encuentran botadas, sin ir más lejos, en nuestra región tenemos como ejemplo el balneario La Chimba, el estadio de la Corvallis, la sede de la Coviefi, la comisaría de Ollagüe. Todas obras que se encuentran en total abandono y que para ser nuevamente implementadas se le tendrá que licitar otra vez y volver a gastar recursos públicos.

Todavía no he escuchado a nadie decir algo con respecto a las multas o indemnizaciones que paga la municipalidad por concepto de finiquitos, o por el uso excesivo de tratos directo, que todos sabemos que los costos son excesivos, ya que si consideramos ese despilfarro de recursos tendríamos un cierre perimetral del ex vertedero La Chimba, u otras obras fundamentales para la ciudad.

Tampoco he escuchado decir nada, cuando se autoriza el gasto por 60 millones para una charla de seguridad con un experto extranjero, como si en Chile no tuviésemos expertos capacitados para este tipo de actividades. Esto, sin señalar los recursos que no se utilizan cada año por falta de gestión presupuestaria.

En el tema de seguridad, se prometieron por parte de la exministra Izkia Siches más de $2.500 millones, sin mencionar lo prometido más adelante por la ministra Tohá, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta sí estos recursos han llegado o no a la región por parte de la Delegada Presidencial. Y si no llegan, espero que no me respondan que fue por el rechazo de la reforma tributaria, porque parece que es la gran excusa para todo.

Ni siquiera voy hacer mención al aumento de personal en el ámbito gubernamental o que muchos de ellos corresponden a operadores políticos. Y adivinen quiénes son los que pagan todo esto, sí, la clase media, los chilenos y chilenas que con esfuerzo se levantan todos los días a trabajar para el sustento de su hogar, así que a mí no me digan que no hay recursos.

El día que tengamos un Estado más eficiente créanme que muchas cosas cambiarían.