Mayor resguardo para la frontera
El ingreso irregular de migrantes debe ser el menor problema que afecta al sector limítrofe del país. El tráfico de drogas, armas y personas, son delitos recurrentes. A la luz de los últimos hechos, sería más que aconsejable definir una extensión de este refuerzo por otro período. En 180 días se podría comprender qué ocurre en la frontera y cómo abordarlo.
Los varios miles de kilómetros de frontera chilena con países vecinos como Bolivia y Perú, en plena cordillera, son difíciles de vigilar por la geografía y el clima extremo. Siempre se ha sabido que la sola labor policial no es suficiente y que los delitos que se cometían aprovechando la extensa línea de la discordia eran múltiples, entre ellos el narcotráfico y el paso de vehículos robados en el país.
La crisis migratoria elevó la atención en lo que ocurre en la frontera y mediante la Ley de Protección de Infraestructura Crítica y el Decreto 78, fue posible desplegar patrullas militares (con nuevas facultades de fiscalización) en el perímetro fronterizo y así apoyar la labor que realizan las policías y Aduanas.
Ordenar el flujo migratorio permitiendo el ingreso de quienes estén en condiciones de hacerlo, sería la principal tarea. No obstante, era conocido que se encontrarían con otros delitos, como el narcotráfico al que ahora suman el tráfico de armas.
La semana pasada Carabineros controló un vehículo que ingresó por un paso inhabilitado y junto con la droga encontró un cañón y un silenciador para un subfusil Uzi, además de cargadores y municiones. El subfusil es un armamento de guerra y de gran poder de fuego, que en manos equivocadas puede desatar tragedias.
Si a ello le agregamos el golpe que se dio en Colchane donde el resguardo permitió la incautación de 136 rifles calibre 5.5, quedó en evidencia que las fronteras están siendo utilizadas para ingresar armamento de alto calibre, el que va a parar a bandas del crimen organizado.
Esto demuestra que el control fronterizo debe ser reforzado permanentemente. No hay que olvidar que el Decreto 78, tiene una duración de 90 días y luego de ello se evaluará si procede extenderlo.
A la luz de los últimos hechos, sería más que aconsejable extender este apoyo por otro período. En 180 días se podría comprender con mayores antecedentes que es lo que realmente está ocurriendo en nuestra zona limítrofe.
Es muy probable que las cifras asociadas al trafico de armas y narcotráfico sean de una magnitud que dejar la mayor vigilancia, sería una decisión equívoca.
Gracias a la crisis migratoria estamos confirmando que el crimen organizando está creciendo en el país y que es necesario combatirlo con fuerza ahora y no esperar a que se consolide aún más.