Redacción

Varios colegios del sector de Playa Ancha, en Valparaíso, decidieron suspender sus clases ayer debido a la programación de un funeral de alto riesgo en el Cementerio Número Tres del cerro. Se trató del sepelio de un joven conocido como "Ñaju" que el miércoles pasado fue asesinado a tiros frente al colegio Las Acacias de avenida Santos Ossa del puerto. Esta situación generó temor en el sector y se vio muy poca gente circulando por las calles.

Además de los recintos escolares (unos 13), la Universidad de Playa Ancha cerró sus actividades a las 14:00 horas y la Universidad de Valparaíso lo hizo media hora antes.

Daslav Mihovilovic, director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, confirmó que "velando por la protección de nuestros estudiantes, docentes, hemos dado flexibilidad horaria a nuestros establecimientos Escuela Pacífico, Estadio Israel, Centro Educativo Reino de Suecia y Naciones Unidas, estando desde anoche en coordinación con nuestros policías y la Delegación Presidencial".

"Lamentamos profundamente que por este funeral de alto riesgo debamos tomar este tipo de decisiones, pero por cierto que la integridad de nuestra comunidad educativa siempre será nuestro principal objetivo", añadió la autoridad.

Juan Salas, director del colegio Reino de Suecia, explicó a radio Cooperativa que "es un contexto que se desconoce, se habla de un funeral de alto riesgo, pero no se conoce lo que sucede el fin de semana, los movimientos que ocurren en las calles, no se saben los cierres de calles mientras se esperaba la entrega del cuerpo. Todo eso genera un ambiente súper complejo para nuestra comunidad y nuestros alumnos y apoderados".

Gobierno dividido

Esto provocó también una notoria diferencia de opiniones al interior del Gobierno, pues mientras el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, mostró su acuerdo con la medida, la titular de Interior, Carolina Tohá, rechazó que las actividades escolares dependan de delincuentes.

Ávila afirmó que "es una buena decisión que un establecimiento diga que suspenderá clases un día en que hay un fenómeno que puede poner en riesgo a los estudiantes. Si mi establecimiento está en una población de alto nivel de complejidad, donde lamentablemente hay condiciones para la delincuencia o el narcotráfico, tengo que diseñar algún protocolo".

Mientras que Tohá expuso que "tenemos que encontrar una manera de enfrentar estas preocupaciones reforzando la atención que damos desde el punto de vista de la vigilancia policial y mejorando la coordinación para que los colegios no sean afectados. No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda".

La isapre Colmena emitió una declaración en la que critica el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras aplicar la tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en 2019, y además restituir los cobros en exceso tras implementarla.

La empresa subrayó que "se pretende que devolvamos ingresos que no recibimos". Y añade que "queremos ser enfáticos: Colmena no realizó ningún cobro indebido a sus afiliados. Esta es una afirmación grave que no se condice con los hechos".

"Colmena cumplió siempre, rigurosamente, con las instrucciones que dictó la Superintendencia de Salud en base a su interpretación del fallo del Tribunal Constitucional de 2010. Nuestra actuación fue continuamente supervisada y fiscalizada por esta autoridad, sin haber sido nunca sancionados por incumplimientos", añadió.

Por otro lado, recalcó que "Colmena tampoco realizó cobros en exceso. Si lo hubiésemos hecho, no habríamos perdido 60 mil millones de pesos -antes de impuestos- en los dos últimos años. El fallo de la Tercera Sala modificó, a fines de 2022, el criterio que la Superintendencia había definido tres años antes. Que este fallo tenga efectos retroactivos es una muestra más de la incertidumbre legal en que operamos las isapres".

La sala del Senado aprobó con 45 votos a favor y sin votos en contra el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales. La iniciativa ya había sido visada por la Cámara de Diputados pero como en su segundo trámite fueron hechas algunas modificaciones estas deben ser nuevamente revisadas por dicha corporación.

Se trata de una propuesta que lleva desde 2017 en trámite -impulsada por parlamentarios del PC, entre los que destacan nombres como el de Karol Cariola, Daniel Núñez, Guillermo Teillier, y el de la actual ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo- cuya discusión reflotó a fines de agosto del año pasado, cuando el Ejecutivo presentó un set de indicaciones que le permitieron avanzar rápidamente.

La semana pasada el texto fue aprobado por unanimidad por los senadores de las comisiones de Trabajo y Hacienda y ahora la sala dio el visto bueno para que siga su avance.

Uno de los cambios que surgieron los senadores es que, por ejemplo, se pueda distribuir la jornada semanal en una modalidad 4x3, vale decir, cuatro días laborales y tres de descanso.

Otros ajustes otorgaron mayor flexibilidad, como la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales.

La idea del Gobierno es que, de despacharse las "40 horas", se promulgue la ley el 1 de mayo, fecha simbólica por conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores.

"autopréstamo"

Paralelamente, previo a su eventual votación en la Sala de la Cámara, y tras sondear la disposición de las bancadas para rechazarlo, el Gobierno puso discusión inmediata al proyecto que permite un "autopréstamo" de fondos de pensiones.

Con la urgencia, en un caso extremo, el autopréstamo debe ser votado en un plazo máximo de seis días.

Si el proyecto es rechazado en Sala, tal como ya ocurrió en la Comisión de Constitución, otra moción en esa línea no podrá ser legislada en un año.