La menstruación es un proceso biológico y no una elección, e implica costos, algunas molestias que no se pueden evitar y necesidades que cubrir, lo cual empeora cuando no se tienen los recursos o la información.

De hecho, un estudio de precios del Sernac realizado el año pasado concluyó que una niña, mujer o persona menstruante puede gastar al año, en promedio, hasta $125 mil al utilizar toallas desechables y antiinflamatorios si su período dura siete días.

Además, hay que tomar en cuenta que un 30% de la población menstrúa todos los meses y 40 años dura aproximadamente el proceso de gestión menstrual.

Para profundizar en este tema, el Sernac realizó el primer estudio de gestión menstrual enfocado en las personas más vulnerables del país: personas privadas de libertad, en situación de calle y quienes viven en campamentos.

Para la realización, el Servicio trabajó en forma colaborativa con Gendarmería de Chile, la Fundación Gente de la Calle y el Campamento Juan Bustos.

El estudio del Sernac permitió concluir que la población menstruante en condiciones de vulnerabilidad no tiene garantizado el acceso a productos de higiene y gestión menstrual.

Por ejemplo, en el caso de la población privada de libertad, sólo un 48% tiene acceso a productos para todos los días que le dura el proceso; mientras que quienes están en situación de calle apenas el 37%. La situación de las niñas, mujeres y personas menstruantes que viven en campamentos tienen un mejor acceso a los productos de gestión menstrual, con un 83%.

Las estrategias utilizadas por las personas de estos grupos para conseguir los productos de gestión menstrual manejar el flujo son diversas, van desde el intercambio de productos, en el caso de la población penal; hasta la utilización de algunos elementos que no fueron diseñados para gestionar la menstruación, en personas en situación de calle, como paños de género, papel higiénico, pañales, entre otros.

El estudio permite concluir, además, que el costo económico de estos productos es el atributo principal para adquirirlo, seguido por la calidad.

Para una adecuada gestión menstrual, es necesario satisfacer también ciertas necesidades como, el acceso a agua potable, a instalaciones sanitarias adecuadas, entre otros. En este aspecto, las condiciones de estos grupos vulnerables son precarias.

Quedan muchos desafíos y uno de los principales en esta materia es generar políticas públicas que busquen resolver las problemáticas y dificultades a las que las niñas, mujeres y personas menstruantes se enfrentan día a día, especialmente respecto de estos grupos hipervulnerables.

Gonzalo Rivera Cortés

Abogado regional del Sernac

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, está en la cima de la polémica por su plan de demolición de presuntas "narco casas", que emanan de un listado supuestamente elaborado por la Fiscalía y que ha significado el inicio de una investigación, luego que los mismos vecinos del último sector intervenido, levantaran críticas por el actuar del edil.

La polémica idea del alcalde, quien interviene a través de la Ley de Urbanismo y Construcciones es, según él mismo, un llamado de atención al Gobierno ante el desborde de la delincuencia y la poca acción contra las organizaciones criminales. El jefe comunal comentó en una ocasión que "lo que estamos haciendo tiene un solo fin, tratar de derrotar a los narcos. Tratar de devolverle el barrio a la gente. De sentir que se mueve la aguja en favor de las víctimas y en contra de los delincuentes".

Sin duda, no es lo ideal que un alcalde esté en estas instancias, pero independiente que sean acciones populistas o medidas desesperadas, esto también es una muestra preocupante, en un país donde la delincuencia comienza a desbordarse.

Un avance es la nueva Ley de Narcotráfico que se aprobó recientemente en el Senado y que espera su promulgación, donde se busca afectar a estas organizaciones criminales en su patrimonio, el que muchas veces se diversifica. Esto evitaría, por ejemplo, la posibilidad de heredar estas propiedades.

El nuevo marco legal establece el comiso sin sentencia condenatoria y por valor equivalente, lo que permitiría a las policías utilizar los bienes incautados a las organizaciones criminales, como por ejemplo un inmueble, mientras se desarrolle una investigación hasta el juicio final.

Además, se incorporan normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones como Senda y endurece las penas contra quienes vendan drogas a menores de edad. Asimismo, entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros y se amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Con todo, esta nueva normativa parece una mejor herramienta para combatir el narcotráfico, pero es importante que también se acompañe de otras medidas que permitan hacer un control efectivo de este delito, del cual surgen muchos otros y donde la Región de Antofagasta y el Norte Grande en general, son la puerta de entrada para estas organizaciones.

Con todo, esta nueva normativa parece una mejor herramienta para combatir el narcotráfico, pero es importante que también se acompañe de otras medidas que permitan hacer un control efectivo de este delito, del cual surgen muchos otros.

En septiembre de 1990, en portada, el "New York Post" publicaba el asesinato número 2.000 de lo que solo iba de ese año en esa ciudad. El declive del rubro industrial había tenido por efecto la instalación de miles de "rucos" que convivían con edificios totalmente deteriorados. En el centro, los comercios clausuraron, la delincuencia se disparaba cada vez más a medida que la ciudad se sumergía en la pesadilla del tráfico y consumo del "crack" (la "pasta base" de la época), cuyo auge estaba provocando sangrientas guerras territoriales entre bandas rivales. ¿Cómo un "déjà vu"?

En 1994, Rudolph Giuliani salió electo alcalde de la ciudad. ¿Cuál solución propuso para "limpiar" la urbe? Aplicar "tolerancia cero". Este credo de seguridad se basa en la teoría de "la ventana rota": "si una ventana rota de un edificio no se repara a la brevedad, pronto se romperán todas las demás. Si una ventana no se repara, se está enviando la señal de que a nadie le importa la situación y que romper más ventanas no tiene ningún costo, para nadie." El debilitamiento de los lazos sociales y la falta de reacción ante el desorden favorecen el desarrollo de la delincuencia. El vandalismo, los grafitis, la suciedad, la ocupación sin permiso del espacio público, el consumo y la venta pública de drogas, la mendicidad, la prostitución callejera; todos esos elementos acumulados provocan, por un lado, una sensación de inseguridad entre los ciudadanos y, por otro, un sentimiento de impunidad entre los maleantes. Por ende, si se debe combatir la delincuencia, se debe empezar por no más tolerar lo mencionado anteriormente. Con el alcalde Jonathan Velasquez que tiene Antofagasta, aspirar a aquello, es ciencia ficción; nosotros viviendo en una verdadera distopía.

El alcalde Giuliani va aumentar considerablemente y prioritariamente el presupuesto del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). En lugar de perseguir a los delincuentes notorios, se optará por detener sistemáticamente a los evasores, drogadictos, grafiteros y otros mendigos. Para llegar a los "peces gordos" se utilizarán amplias redes para pescar los "peces más chicos". En los hechos, veremos que uno de cada siete carteristas detenidos ya tenía una orden de detención; uno de cada 15 llevaba un arma prohibida. El resultado: una rápida reducción de los robos, fraudes y mendicidad. Giuliani generalizará y ampliará su estrategia, otorgándose los medios para hacerlo: doce mil agentes adicionales, nuevos coches y las autorizaciones legales para sistematizar los controles. Se introducirá la técnica del stop-and-frisk ( parada y registro corporal), que permitirá a los agentes policiales controlar "físicamente" a cualquier persona sospechosa. El efecto disuasivo será inmediato: los delincuentes, temiendo ser detenidos en cualquier momento, dejarán sus armas de fuego en casa.

Nosotros en Antofagasta, tenemos como gobernador a Ricardo Díaz; exdirigente medioambientalista que hoy es amigo del mismo terminal portuario (ATI) que antes apuntaba con el dedo por lo del galpón de acopio; que ahora para hablarnos de seguridad, organiza seminario de 80 millones donde se habla de urbanismo y donde algunas dirigentes sociales no se prohíben de criticar su gestión, como ya ha sucedido en reiteradas oportunidades, el (auto)reivindicado "profe" no siendo tan filósofo en sus reacciones. Quizás las dirigentas se enojaron porque el almuerzo del encuentro era solo pollo con arroz. O porque quizás la gestión del gobernador en ningún ámbito destaca. Es una campaña eterna para seguir siempre con lo mismo. O quizás con algo más. Aún más mediocridad en la dirección de los asuntos públicos a la hora de una contingencia que nunca ha sido tan grave.