Hemos tenido un flujo migratorio irregular y extraordinario por años, a través de varios gobiernos. Este flujo sin precedentes nos desbordó porque la mayor parte del tiempo la acción del Estado fue burocrática, lenta y "ordinaria" (nunca mejor dicho). El resultado acumulativo desemboca en una situación grave y que aún está lejos de estar contenida.

Estaría fuera de lugar que entráramos en una competencia por saber quién encontró a su llegada en peores condiciones las instalaciones policiales de frontera o quien dejó más "garitas afirmadas con palitos", como se ha dicho gráficamente en estos días. Mucho más importa tomar las medidas necesarias que permitan superar una situación que no se puede mantener.

Podemos hacer un concurso en el que el ganador sea declarado el mayor responsable de un resultado muy negativo en el que todos tienen parte. Esto no tiene ningún sentido porque no vamos a reescribir la historia y con ello mejorar las circunstancias actuales.

La política migratoria es un asunto de Estado, lo que significa que no está al alcance de la política de trinchera, donde la oposición solo se opone y quien está en el gobierno defiende que lo está haciendo todo bien.

Lo que es un déficit de varios gobiernos, será tarea de esta y las próximas administraciones resolverlo. Como no sabemos quién ocupará los puestos respectivos en el futuro próximo, lo único sensato es ponernos en la posición de quien quiere ayudar a encontrar soluciones desde ya.

Luego de superar un breve retraso, entró en vigor y se pudo implementar el decreto supremo que permite, entre otras cosas, el despliegue de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en las fronteras de la Macrozona Norte.

Lo que tenemos es la puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica. Esta es una normativa que faculta a los militares para colaborar con las policías en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas. Nada más ni nada menos.

Pues bien, no hay quien pueda plantear que un problema complejo tenga una solución simple que se encuentra en la implementación de una sola medida. Al mismo tiempo, nadie puede ser tan obtuso que no entienda que se ha de avanzar por pasos sucesivos, evaluando la efectividad de las medidas que se están tomando.

Lo que se tiene que comprobar es que los uniformados pueden actuar en diversas situaciones, algunas de las cuales tal vez no pudieron ser previstas por los legisladores. Están facultados para realizar controles de identidad y revisiones de equipajes a detenciones y hay que verificar cómo se da esto en la práctica.

Esto no puede ser entendido como un problema que enfrenta a dos actores, gobierno y oposición, casi con la obligación de estar en desacuerdo. Hay un tercer actor cuyo parecer tiene que ser escuchado por los otros: las comunidades regionales y locales directamente afectadas por la situación.

En opinión del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, el despliegue del Ejército "sin lugar a dudas es muy importante. Nos va a ayudar muchísimo, porque esperamos que la presencia de los militares, con mayores facultades de poder revisar, determinar qué identidades tienen estas personas y realizar mayor control, va a permitir que dentro de los inmigrantes no sigan ingresando delincuentes".

Estamos hablando de un actor que conoce como pocos el terreno del que estamos hablando.

Quienes viven en estas localidades son por lo general muy favorables a la intervención de las fuerzas armadas. Apoyan la medida porque les parece el inicio de una solución. Por respeto a ellas los actores políticos no pueden seguir hablando como si las esperanzas y los temores de los directamente involucrados interesara poco. En realidad, son los que más importan al momento de decidir cómo se ha de recibir una migración que debemos hacer que emplee los conductos regulares para el ingreso a nuestro país.

Como bien dijo la ministra Tohá, "está la percepción de las autoridades y de los vecinos y vecinas de la zona de que hay mayor orden, de que hay mayor control y de que esta herramienta va a ayudarnos, entre varias otras que vamos a desplegar". Son los más cercanos al flujo migratorio los que mejor pueden evaluar las medidas más efectivas, así como igualmente cierto será que también han de ser los primeros en percibir las carencias y dificultades que se presenten.

Las medidas aisladas no sirven, pero ¿quién dijo que esta tenía que ser una medida aislada? Si los pasos para pedir el control de identidad resultaran ser al final engorrosos y poco prácticos ¿quién dijo que no se podían simplificar?

Lo que procede es dedicarse a evaluar con objetividad antes que a criticar anticipadamente.

Entiendo bien que el gobierno nos diga que se cuentan con herramientas legales nuevas, con mejor tecnología y que son varias las instituciones que se verán involucradas en este esfuerzo además del Ejercito: aduanas, PDI, Carabineros, municipios.

Excelente me parece, pero no hay que exagerar. Se trata de un primer paso y lo que más interesa no es solo lo acertado del punto de partida, sino de seguir avanzando apenas constatemos los resultados efectivos.

Lo que importa en la aplicación no es solo lo que logra sino aquello que quedamos habilitados para hacer luego de dado este primer paso. Se puede ser critico o positivo, pero partir siempre valorando aquello que se está construyendo.

El alcalde de Colchane, Javier García, valoró la llegada de uniformados a la zona, no obstante "se requiere de medidas complementarias, como son las expulsiones administrativas y masivas, de quienes ingresaron por un paso no habilitado. También, el inicio de diálogo con Bolivia para que la reconducción sea efectiva". Lo entiendo perfectamente porque yo mismo he propuesto que legislemos al respecto y pienso en persistir en la necesidad de llenar este vacío legal.

Todos tenemos la obligación de colaborar en la construcción de una política de Estado en materia migratoria, aportar iniciativas y avanzar sobre lo ya resuelto. Es lo que no están pidiendo las comunidades regionales del Norte Grande.