La Justicia condenó ayer a tres efectivos de Carabineros por golpear y fracturar el brazo a un ciudadano haitiano durante un control en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana

El fallo llega en medio de la discusión política en torno a la aprobación de la controvertida Ley Nain-Retamal, impulsada por la oposición, que da mayor poder y libertad de acción a la policía uniformada.

En la justificación del fallo, adoptado de forma unánime, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago argumenta que más allá de toda duda razonable, en abril de 2016 la víctima -un hombre de nacionalidad haitiana- fue sometida a un control de identidad por parte de tres efectivos de civil.

Los carabineros, identificados como Moisés Vergara González, Héctor Ramón Lara Estrella y Jaime Nicolás Lagos Lagos, procedieron a golpearlo con un objeto contundente ocasionándole una fractura grave de húmero en el brazo izquierdo.

El tribunal acreditó, además, que los efectivos exigieron la víctima no denunciar que había sido golpeado por ellos durante la constatación de las lesiones en el Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU) de la misma comuna.

Vergara, Lara y Lagos fueron condenados a tres años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada durante el mismo periodo, en calidad de autores del delito de "apremios ilegítimos" con resultado de lesiones graves.

Tras aprobarse en la Cámara de Diputados el miércoles, el Senado ayer decidió postergar para el próximo martes la discusión en sala del proyecto de ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas para quienes cometan delitos contra policías y gendarmes y también otorga más atribuciones a los efectivos en el uso de sus armas.

De esta forma, el Gobierno presentó indicaciones al texto, pues las fuerzas oficialistas están divididas en cuanto al respaldo de la iniciativa tal como fue despachada desde la Cámara de Diputados y luego aprobada por unanimidad por la Comisión de Seguridad del Senado.

El punto más polémico es el artículo que pretende establecer la "legítima defensa privilegiada" para funcionarios policiales. El ministro de Justicia, Luis Cordero, llegó a calificar la ley como "defectuosa"

"El proyecto que acaba de pasar de la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la legítima defensa privilegiada en el Código Penal y eso tiene varios problemas. Uno de ellos es que omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluido la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar", dijo en Radio Infinita Cordero.

Por lo mismo, afirmó el secretario de Estado, "este tipo de situaciones tienen que estar amparadas en las reglas de uso de la fuerza".

Explicó además que "cuando uno mira el derecho comparado, hipótesis que se aproximan a este debate, están asociadas a reglas del uso de la fuerza. Por lo tanto, el Ejecutivo -tal como lo advirtió en la Cámara- considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no solo para la policía, sino que también para ciudadanos".

Gobierno explica

En la Ley Nain-Retamal, la llamada "legítima defensa privilegiada" elimina la idea de proporcionalidad y "presume" que los efectivos podrán hacer uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales, eximiéndolos de responsabilidad penal.

En Radio Universo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que "se planteó por parte del Ejecutivo la necesidad de perfeccionar las propuestas legislativas para poder encontrar acuerdos y, como se fusionó (la Ley) Retamal a la Ley Nain, por el trámite legislativo en el que estaba, el Ejecutivo no pudo presentar las indicaciones que iban a mejorar la efectividad de la propuesta".

Vallejo agregó que "no todos compartimos la necesidad de liberar a las policías de esta como suerte de burocratización o de judicialización cada vez que utilizan las armas o que quede en su historial de vida como una sanción permanente".

"A nosotros nos parece que lo más importante es garantizar que en el proceso judicial Carabineros no parta imputado que es lo que ocurre el día de hoy (...) el Gobierno quiere hacer que ese punto sea a través de una indicación", aclaró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Intrincado debate

Si el Senado aprueba las indicaciones del Ejecutivo, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados. Si no, la iniciativa requeriría mayoría simple para ser aprobada tal como salió de la Cámara y sin los cambios que pretende el Gobierno.

Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, "cuando esto queda demasiado abierto surge la posibilidad de que se cometan errores o abusos".

El senador Manuel José Ossandón (RN) advirtió que "es un buen proyecto, pero que también tenemos que revisar en detalle, pues se limita solo a las policías y no protege a las FF.AA. que cumplen funciones de orden público, estados de excepción constitucional, protección de infraestructura crítica o resguardo de la frontera".

Gustavo Sanhueza, jefe de bancada de la UDI, dijo que "la lucha contra la delincuencia no admite ideologías. La izquierda, el PC y el FA son expertos en sacarse el pillo mirando para el techo, pero son ellos con su actitud de denostar a Carabineros los que han fomentado que hoy estemos lamentando la muerte de la sargento Rita Olivares".

El senador Rojo Edwards (Republicanos) agregó que "la ministra Tohá pretende incorporar letra chica a la Ley Nain-Retamal dejando nuevamente desprotegidos a los Carabineros, toda vez que según su indicación dejaría la actuación de un carabinero, en circunstancias letales, a criterio de un juez. Si el Gobierno no va a colaborar y pretende maquillar o debilitar una ley que es para proteger a Carabineros, es preferible que simplemente que no se involucre con indicaciones".

Agenda de seguridad

A pesar de posponerse el proyecto más controvertido de la agenda de seguridad, otras iniciativas sí vieron avances durante la última jornada.

En total, el Senado aprobó ayer los cinco proyectos que había despachado desde el lunes la Cámara en el marco del llamado "fast track" legislativo, un grupo de 16 normas de seguridad que recibieron suma urgencia de La Moneda para su trámite.

La Sala visó de esta forma de manera unánime el proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito general de extorsión, quedando en condiciones de ser promulgada. Las penas para el delito de extorsión serían similares a las del robo.

También se aprobó la norma que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro: el sicariato.

Este proyecto sí tuvo modificaciones, por lo que continuará a tercer trámite a la Cámara, al igual que la ley que aumenta la pena por porte de armas en lugares altamente concurridos; la que agrava la pena del delito de secuestro; y la que amplía las facultades de control policial para aplicar las medidas de la ley de Migración y Extranjería.