El Presidente Gabriel Boric firmó ayer un compromiso de trabajo conjunto con gobernadores regionales y alcaldes en materia de seguridad, en el que se incluyen la transferencia de atribuciones en materia de prevención y fiscalización de delitos a las autoridades elegidas en cada región y la ampliación de las facultades para los municipios en estas materias.

De acuerdo con lo explicitado en el documento, que contiene 92 iniciativas legales, los gobiernos regionales enfocarán sus funciones en lo respectivo a prevención del delito, y la protección y apoyo a víctimas. Las municipalidades, por otro lado, verán modificada su ley orgánica constitucional, fortaleciendo su rol preventivo.

Para el primer caso, el convenio plantea dar atribuciones a los gobernadores regionales para trazar y diseñar planes y políticas de prevención, para lo cual se modifica la ley °19.175. Además estas autoridades podrán participar en instancias de coordinación y se fomentará la creación de convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y los GORE.

Las municipalidades, en tanto, tendrán las facultades de incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial. Y en cuanto a los inspectores municipales de seguridad, podrán participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección, retener personas sorprendidas en delitos flagrantes y ponerlos a disposición de las policías; y recibir denuncias y coordinar acciones de seguridad con las autoridades.

Gobiernos regionales

En su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores/as de Chile (AGORECHI), Ricardo Díaz firmó el compromiso y ofreció un discurso en el cual expresó que "nuestra sociedad necesita sentirse segura y protegida. Todos los gobernadores/as nos desplegamos por nuestros territorios y escuchamos las demandas sobre seguridad. Es por eso, por lo que estamos acá, porque tenemos la convicción que debemos proteger nuestros territorios. Hoy gracias a este acuerdo se reconoce el rol que ya de manera informal ejercíamos por mandato popular", recalcó el gobernador.

Desde la perspectiva política, el presidente de los gobernadores/as dijo directamente que "hay que proteger la democracia, pues cuando hay inseguridad aflora el miedo y el miedo es el peor consejero porque con el aumentan las malas decisiones. Y la más mala decisión es hacer de la inseguridad una plataforma de campaña política, con recriminaciones de un lado contra otro. Hay que desterrar de la política el cálculo pequeño, ese afán de individualismo que solo busca el protagonismo. Esa falta de coordinación, la falta de diálogo y acuerdos solo alimenta el miedo. Puedo asegurar que no se ha bajado ningún delito con recriminaciones entre políticos", aseveró.

Por último, Ricardo Díaz cerró su alocución emplazando al presidente Boric diciendo que "todos debemos cumplir normas, pero esperamos que todos también hagan su parte. Usted señor presidente también tiene que cumplir normas, los parlamentarios, los fiscales y también las policías. Sobre todo, ellos a quienes les damos la potestad y la tremenda responsabilidad del uso de armas. Nadie puede pretender estar fuera de las normas porque son precisamente las normas, las reglas, las leyes las que garantizan la libertad", enfatizó.

Compromiso Seguridad

Con relación a los gobiernos regionales el "Compromiso Transversal por la Seguridad", indica principalmente lo siguiente:

- Dotar a los gobiernos regionales de competencias en materia de prevención del delito, así como de protección y apoyo a víctimas, completando así la distribución competencial en esta materia hacia todos los niveles de gobierno y fortaleciendo la respuesta del Estado en su conjunto. Con esto, se reconoce el aporte que los gobiernos regionales ya realizan, en complemento a la acción del nivel local y central. Las modificaciones legislativas se ingresarán durante agosto, luego de lo cual se hará presente la urgencia para su tramitación. - Modificar el artículo 16 de la Ley N°19.175 para dotar a los Gobiernos Regionales de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para ello, deberá existir coordinación entre los Gobiernos Regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará lineamientos y orientaciones técnicas en la materia, del mismo modo como hace con los municipios, en los programas y proyectos. En particular, respecto de víctimas, la referida facultad permitiría a los Gobiernos Regionales otorgar asistencia en el ámbito social, legal y de salud mental, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos.

- Integración de los Gobiernos Regionales en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del o la presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile. - Proyecto de ley para otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas. Presentación en primer semestre de 2023.

-Incorporación de los gobernadores y gobernadoras regionales, o a quién se designe como su representante, a los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Esta medida requiere la modificación de la ley N°18.695.

- Desarrollo durante 2023 de seis convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y gobiernos regionales para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito que se ajusten a orientaciones técnicas y tipologías basadas en evidencia, entre otras indicaciones.

Gran revuelo generaron las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien afirmó que la propuesta gubernamental de campaña para impulsar un alza en el impuesto específico de los combustibles "está casi lista". De inmediato la oposición se mostró en contra de esta opción y anunció que de presentarse será rechazada y hasta parlamentarios oficialistas levantaron la voz contra la idea.

La polémica se inició con una entrevista concedida por la secretaria de Estado a Emol TV, en la que afirmó que "el ministro Mario Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados los impuestos correctivos: son impuestos que no tienen como objetivos recaudar, sino cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud".

Este solo planteamiento fue fustigado por parlamentarios de la UDI. El diputado Álvaro Carter, quien promueve una ley que rebaje el impuesto específico , dijo que "el Gobierno le va a propinar otro golpe a la clase media en un momento donde nuestro país vive una crisis económica con una alta inflación".

Desde el gremio de los camioneros también se expresó oposición a esta idea. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, la calificó como "un nuevo golpe a los transportistas, a la clase media y los sectores más vulnerables".

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, apoyó la idea, también en Emol TV. "Efectivamente están en el programa los impuestos verdes (...)Como dice Nicanor Parra, hay que hacerse cargo, no hacerse los lesos y actuar en concordancia (...)Estamos ahora con mi esposa discutiendo por tener un solo vehículo (...). Y claro, hemos estado tentados en comprarnos un vehículo de estos que usan diésel y dijimos no, hay que predicar con el ejemplo de que paguemos más".