Al menos 23 familias fueron desalojadas en el operativo realizado por la Delegación Presidencial Regional en conjunto a Bienes Nacionales y Carabineros. El operativo se realizó durante la mañana del miércoles en el sector alto de Costa Laguna, lugar en el que se constataron varios loteos ilegales sobre terrenos fiscales.

Dentro de las fiscalizaciones realizadas por las autoridades correspondientes, desde febrero hasta la fecha, se constató una toma de grandes dimensiones, pues alcanzaba más de 5 mil metros cuadrados. Asimismo, se identificó una segunda toma ilegal la que corresponde a 127.383 metros cuadrados, dentro de la que se encontró 90 lotes, entre los que se encontraban construcciones de material ligero.

La delegada presidencial, Karen Behrens, se refirió al tema, expresando que el desalojo corresponde al plan de fiscalizaciones y regulación de espacios. "La toma ilegal se produce a partir del mes de marzo, se realizan todas las instancias administrativas correspondiente para decretar el desalojo saliendo la resolución el día tres de abril previamente se realizan tres fiscalizaciones notificadas a las personas que se encuentran en esa ocupación irregular y con el uso de la fuerza pública se procede tras la negativa de las personas a retirarse del lugar", dijo la delegada.

Asimismo, la autoridad regional agregó que se cumplieron con las medidas judiciales y administrativas para realizar el desalojo. "Tenemos un plan de desalojo y todas las semanas se está haciendo alguna acción en distintas partes de la ciudad que tiene que ver con las tomas incipientes. Esto se coordina con la parte jurídica respecto a que no haya recursos pendientes", informó la delegada Behrens.

Visita ministra BBNN

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, visitó Antofagasta, estuvo presente en el sector y señaló que, "hay un trabajo serio que viene realizando la seremi de Bienes Nacionales con la Delegación, Carabineros y que tiene que ver con una coordinación a nivel nacional que nosotros tenemos para la recuperación de espacios. En menos de un mes, según las fiscalizaciones que nosotros tenemos como Bienes Nacionales, esta ocupación creció de media hectárea a tres hectáreas, por lo tanto, si no actuamos en este momento después se hace muchísimo más difícil".

De igual forma, enfatizó en que la comunidad no caiga en la compra de lotes en terrenos fiscales, puesto que se arriesgan a incurrir en delitos y a un posterior desalojo. "Tenemos que evitar estas ocupaciones y también evitar que las mafias de loteadores, que hemos visto que se han desarrollado en otras zonas del país, terminen adquiriendo la posibilidad de tener un control territorial sobre estos terrenos (...) Nadie les puede vender un terreno que es fiscal, que su administración corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, y sabemos que eso a veces se hace bajo la promesa que luego va a ser regularizado por el ministerio, por ello, señalar que eso no es así, nunca se va a poder regularizar", advirtió la ministra.

En tanto, el jefe de la II Zona Carabineros, general Gonzalo Castro, se refirió al balance del trabajo realizado por los oficiales en el desalojo, pues explicó que, "registramos tres detenidos y un adulto dos de ellos por ponerse la acción de servicio y a la acción del desalojo y uno por agresión a Carabineros y a raíz de las medidas de seguridad, el personal no resultó lesionado".

Además, agregó que, "aparentemente parte de los ocupantes de estos terrenos es una denuncia por estafa en atención a una venta ilegal de estos terrenos. Esta información ya fue puesta en función del Ministerio Público (...). Se trata de una denuncia que habla de adquisición de terrenos y lotes que van desde los 600 mil al millón de pesos", puntualizó Castro.

A lo anterior, la ministra Toro aseguró que han recibido una serie de denuncias con respecto a la venta de terrenos fiscales durante las últimas semanas. "Con respecto a esta ocupación como ministerio hemos recibido más de 500 denuncias en las últimas semanas y hemos reiterado las fiscalizaciones. Esas denuncias recibidas se tienen que revisar, y eventualmente, si nosotros constatamos que hay antecedentes de delitos (...). Vamos a hacer la denuncia al Ministerio Público", finalizó la secretaria de Estado.

En los salones del Congreso Nacional el gobernador regional, Ricardo Díaz, sostuvo reuniones con los diputados y senadores por la región a fin de coordinar acciones que permitan incluir a la zona en la discusión de la Estrategia Nacional del Litio. Esto, considerando que el recurso natural se extrae desde la región de Antofagasta "robusteciendo las arcas fiscales" aseguró el gobernador.

"En este contexto del cambio climático y de las nuevas energías, el uso del litio es un elemento clave y estratégico para nuestro país. Todos saben el gran aporte que se ha hecho producto de la industria del litio a la arca fiscal, es por eso, que queremos nosotros pedir desde la región con este sentido de unidad transversal desde la región de Antofagasta, es que no se puede hacer una estrategia nacional del litio sin considerar a la región de donde se extrae estos recursos", enfatizó Díaz.

En esa línea, el jefe regional llamó al gobierno central a entablar un diálogo en conjunto con las carteras correspondientes con el objetivo de incluir a los gobiernos locales y comunidades en el tema.

"Queremos establecer un diálogo con el ministro de Economía y con la ministra de Minería, de tal manera que haya incidencia desde los territorios a través de los alcaldes, de las comunidades que viven al lado del salar, y a través de los diputados, y también del Gobierno Regional para que podamos conversar una estrategia del litio que proyecte a este país , que le de riquezas, pero, que esa riqueza no sea a costa de aquellos que viven en los territorios" subrayó.

Tras las reuniones, los senadores también expresaron su opinión respecto a la Estrategia Nacional del Litio y cómo esta herramienta debe conversar con el territorio y sus comunidades.

"La política de desarrollo que el gobierno ha implementado respecto al litio tiene que partir en la región, la política de salares está justamente en la provincia El Loa, el salar de Atacama es política nacional del litio. Vamos a compartir riqueza, pero el gobierno tiene que pensar que para que haya desarrollo en el país tiene que atender las realidades locales", señaló el senador Esteban Velásquez.

Por su parte, la senadora Paulina Núñez se sumó a las declaraciones indicando que "no estamos dispuestos a aceptar una propuesta que venga desde Santiago sin tener en consideración a nuestro territorio", sentenció.

Por último, el senador Pedro Araya concluyó diciendo que "es importante que el gobierno del presidente Gabriel Boric cumpla con la descentralización comprometiendo que la política nacional del litio debe tener si o si un pronunciamiento de la región y escuchar qué queremos hacer con este recurso natural. En este sentido, queremos hacer un llamado al gobierno a escuchar la voz de las regiones y escuchar lo que la gente de la región de Antofagasta quiere decir respecto a la política nacional del litio".