La discusión que se vive en la Comisión de Hacienda del Senado sobre la modificación a la ley de royalty, impulsada por el Gobierno, y que en palabras simples busca un aumento y una nueva distribución que beneficie a las regiones mineras, las grandes olvidadas a la hora de definir este tipo de impuestos, sigue su avance.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en reciente reunión con los alcaldes del país entregó detalles de esta modificación tributaria a la gran minería que significará que el 35% de lo recaudado irá en directo beneficio de las zonas productoras. Todas y cada una de ellas recibirán un tratamiento especial, el que aún no se conoce en detalle pero que en la práctica, por ejemplo, implicará la llegada de más de 22 mil 800 millones de pesos para comunas como Calama, Antofagasta, María Elena, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama y Tocopilla.

El mensaje que acompaña esta nueva forma de repartir la tributación, alude a un reconocimiento a los habitantes de estos territorios, los que conviven a diario con las externalidades de esta actividad industrial.

Esta forma de justa compensación es lo que esperaban por años los municipios mineros. No era suficiente el discurso que la actividad generaba empleo y dinamismo a la economía local. Había que inyectarle un plus, más si se constataba que gran parte de esta ciudades presentan debilidades estructurales y un marcado retraso en su desarrollo.

Muchas veces ,y hasta hoy, las bromas sobre la fealdad de comunas de tradición minera se repetían, sin reparar que gran parte del desarrollo que se vive desde La Serena hacia el sur, es en gran parte producto de los recursos que ingresan por la minería extractiva de esas mismas comunas que reciben críticas por su falta de cuidado e inversión del Estado.

Por ello, hoy se habla de una justa compensación, y se define la entrega de mayores recursos ante la modificación del royalty.

De prosperar la iniciativa del gobierno hay casos que regiones y los municipios involucrados triplicarían su actual presupuesto. Una cantidad de dinero nunca antes vista y que requerirá de expertiz y sentido social para definir una buena inversión.

No es difícil detectar las falencias, lo importante es generar proyectos de calidad para que sean ejecutados con los nuevos recursos. Habrá dinero para la contratación de profesionales de excelencia que puedan planear las ciudades del futuro y concretarla a través de proyectos.

La construcción política de la realidad y, también, de los países, se aborda y se comprueba con palabras. Todos, además, nos comunicamos por ese movimiento de aire impulsado por los labios y que produce la emisión de palabras. Como explicación general, los vocablos son fundamentales para relacionarnos en la sociedad ya sea porque permiten extender las informaciones, influir en las personas para sus puntos de vista, generar aumento de conocimiento o legitimar muchas formas sociales. A su vez, los vocablos, las palabras, se vinculan con el poder y ese es un asunto complejo, no siempre entendido o estudiado a cabalidad.

Seguramente, para este breve texto, sea relevante preguntarnos ¿por qué algunas palabras que significan determinadas cosas se comprenden de otra forma? Un ejemplo: en el discurso público de autoridades, profesores, periodistas se ha exagerado el uso del término "territorio". Pero ¿qué significado tiene ese término repetido en los medios, en los políticos y en la opinión pública? ¿son los límites de una actividad, es un pedazo de superficie o son las delimitaciones en la cual observamos una población? De modo semejante, y como una curiosidad, ya no se habla de barrios, tampoco de poblaciones y menos de lugares. Tal vez, son las nuevas disciplinas denominadas geo-semántica y nano-geografía, las que han instalado un término que las personas, en general, no la entienden de manera completa, lo que significa, en rigor, que, de tanto utilizarla, se ha perdido el enfoque original de ella.

Una segunda palabra es la expresión "seguridad". ¿Cómo definimos el significado que tiene dicho término? ¿cuándo se ocupa como adjetivo o bien, como sustantivo? ¿cuando va unida al miedo al otro o a la palabra inseguridad que se asocia, casi espontáneamente, con la delincuencia? Si nos referimos en el ámbito de la educación y las ciencias sociales, la palabra seguridad, significa un estado mental que produce la sensación de estar a salvo; pero, ya sabemos todos, que el país vive un estado de enfermedad, donde la situación de salud y bienestar mental no se observa desde hace décadas. Visto así, la palabra seguridad, aunque tenga múltiples perspectivas, debiera ir por la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades de barrios. En otras palabras, la palabra seguridad debiera salir de las nociones o definiciones jurídicas y metafóricas porque, en verdad, lo que realmente importa es que se aumente el sentimiento del vínculo social y el sentimiento de barrio y de comunidad.

Nunca resultó más claro lo siguiente: la sociedad de país se debilitó, en distintos porcentajes y formas. Por ejemplo, la organización de la familia y, también, lo que se conformaba en los barrios. Se fomentó el abandono de una serie de quehaceres, se trajo consigo el desarraigo, el aumento de las desigualdades sociales y la inestabilidad laboral. Por lo tanto, ¿cómo hablar del significado completo de la palabra seguridad si estamos en un paño de convivencia difícil más, todavía, con personas que no saben el significado de las palabras que usan? La seguridad es una creación cultural, dicen los sociólogos y antropólogos, que implica sociabilidad, interacción, desarrollo humano, bienestar común; pero, lo que vemos y sentimos, mientras leemos estas breves palabras, es la omnipresencia del miedo, temor, alarma, vigilancia, inseguridad, impunidad. Es importante, entonces, saber de lo que hablamos y de lo que leemos, como una forma de asumir la dimensión de nuestras propias vidas.

El debate ético sobre la desvinculación de esta reconocida periodista de Mega, "por diferencias en la línea editorial", deja al debe la arista legal que es la que sustenta si estamos frente a un despido justificado o no, más allá de las opiniones personales.

Según el Código del Trabajo, todo depende de la carta de despido que se le haya entregado, y que debe ajustarse al artículo 162. ¿Se habrá enviado a su domicilio o se le habrá entregado personalmente requiriendo su firma? En cualquiera de los dos casos, ¿Habrá sido fundamentada en alguna causal de despido del artículo 160, es decir, incumplimiento grave del trabajador que posibilita al empleador a despedirle sin indemnizaciones? O ¿se habrá fundamentado en las Necesidades de la Empresa? También cabe preguntarse, ¿La carta habrá contenido los fundamentos de hecho, es decir, las explicaciones varias del por qué el canal decidió su desvinculación?

Esas son las verdaderas interrogantes que debiésemos hacernos para calificar de justificado o injustificado el despido de la periodista.

Siguiendo con la opinión legal al respecto, es correcto analizar si estamos de acuerdo o no, a la forma en cómo se refirió Allende-Salazar al carabinero; ya que la bendita garantía Constitucional de la Libertad de expresión nos da la oportunidad de que sea igualmente válido criticar la falta de sensatez de Paulina al momento de referirse a un mártir de Carabineros como "Paco", cómo lo es defenderla al respecto. Siendo totalmente honestos con nosotros mismos y reconociendo que existe gran parte de la población que pese a respetar mucho la institución, se refiere a ellos con ese coloquio.

Pero ¿es motivo suficiente para motivar una desvinculación? Solo un Tribunal de Justicia de la República podría determinar si la decisión del canal se ajusta a derecho.

En cualquier caso, estamos frente a una tremenda oportunidad de que la gente conozca cómo actuar al momento de verse reflejado en el caso de la bullada periodista, porque una situación así podría extrapolarse, de alguna manera, a trabajadores de cualquier otra industria o servicio.

Por eso, es importante ir un paso más allá de la crítica de esta situación puntual, para que tanto empleadores como trabajadores actúen conforme a derecho. En el caso de estos últimos, si se enfrentan a una situación similar deben buscar información y asesoría legal y jurídica.

Porque, en definitiva, la gran problemática la tienen los trabajadores de este país, que se dejan llevar por las opiniones y el juicio público, desconociendo del todo que existen reglas a seguir en materia laboral, que están contenidas en el Código del Trabajo, las que norman que es deber del empleador conocer y respetar la ley al momento de ejercer su facultad o incluso, por qué no decirlo, su potestad de ejecutar un despido.

Se debe reflexionar sobre esta situación, dejando de lado lo jugoso y jocoso, para realmente informarse acerca de los derechos laborales y no solo continuar con el circo mediático, dándole a la gente lo que los mantiene alienados, pan y circo.

Cristina Melo

Abogada Laboral