"Son cifras duras", comentó a inicios de mes el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la comisión investigadora de criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados al detallar el contexto delictual en esta zona del país.

Un contexto de criminalidad que ha evolucionado en los últimos años y que se ha visto reforzado por diversas contingencias sociales. Entre estas: el impacto causado por el denominado estallido social, la pandemia y el aumento de ingresos de migrantes por pasos no habilitados. A este panorama se agrega la frecuencia de crímenes y delitos en contexto de crimen organizado, entre otros, según describió Valencia.

De acuerdo a datos del Ministerio Público, los ingresos de casos en la Macrozona Norte pasaron de 176.659 en 2021 a 198.665 durante 2022. Esta última cifra supera los casos ingresados en período prepandemia, 2018, cuando llegaron a 187.081. Mientras que durante 2019 y 2020, períodos determinados por la violencia del estallido social y las infracciones sanitarias cometidas en pandemia, las casos se habían elevado a 203.642 y 201.491, respectivamente. Un panorama que ha ido de la mano de un progresivo aumento de imputados desconocidos.

"No es un problema de percepción de la ciudadanía, en que habría habido un aumento de la delincuencia o la cantidad de delitos que se cometen en la Macrozona Norte, ni que tampoco habría una percepción equivocada respecto de que no se cometen (delitos); sino que efectivamente estos tienen sustento en los números. Se cometen más delitos, y tenemos menos información respecto de quienes los cometen", explicó Valencia.

De acuerdo con la presentación del Fiscal Nacional, las principales categorías delictuales registran aumentos casi en su totalidad en 2022. "No debe incurrir en error quien piense que la cantidad de 457 homicidios en la macrozona (en 2022), implica necesariamente una buena noticia, porque si uno se detiene a mirar las cifras en detalle, eso aproximadamente implica que entre el año 2021 y 2022 la cifra casi se duplica. Es un aumento muy significativo; y surgen a propósito de aquello formas comisivas que son especialmente relevantes. Aumentan en aproximadamente un 50% el uso de armas de fuego. Hoy aproximadamente un 50% de los homicidios que se cometen en la zona se cometen con armas de fuego. Hay un aumento muy significativo de la violencia, y todo eso impacta en el crecimiento de inseguridad en la ciudadanía", detalla.

Otra criminalidad

Valencia además detalló que en la Macrozona Norte el Ministerio Público requiere de un equipo humano que pueda responder a los desafíos que impone la evolución de la criminalidad. "Lamentablemente la dotación del Ministerio Público, fue prevista para una situación delictual completamente distinta. Fue prevista a principios del año 2000, para una situación delictual completamente diferente", dijo.

Según los registros del Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Antofagasta cuenta con una dotación de 45 funcionarios. Entre estos se cuentan un fiscal regional, un director ejecutivo regional, cuatro jefes de unidad, 18 profesionales, ocho técnicos, diez administrativos y tres auxiliares. Mientras que las fiscalías locales, incluida la dotación de la fiscalía regional, registran una dotación autorizada de 163 funcionarios (cargos vigentes). Entre estos se incluyen 31 fiscales adjuntos, 26 profesionales, 16 técnicos, 38 administrativos y siete auxiliares.

Entre los requerimientos urgentes para la Macrozona Norte en materia de dotación, el Ministerio Público, considera la incorporación de cinco personas ante la proyectada creación de un Juzgado de Garantía en San Pedro de Atacama. "No es razonable que se pueda instalar un nuevo tribunal en San Pedro de Atacama, sin que se encuentre aprobado el aumento de dotación del Ministerio Público para poder proveer el servicio que se requiere en esa zona", aseveró el Fiscal Nacional.

Reforzamiento

Mientras el fiscal regional, Alberto Ayala, comentó que los requerimientos del Ministerio Público en la Región de Antofagasta, como en el resto del país, han ido al alza los últimos años debido a factores como un mayor número de ingresos, una criminalidad más compleja, la aparición de nuevas figuras penales y un alza de los imputados desconocidos que obliga a realizar más tareas en las investigaciones.

"Hoy tenemos una dotación que no dialoga con magnitud de los desafíos que debe afrontar el Ministerio Público, ni en esta región, ni en el resto del país. Este es un problema que creemos debe abordarse para que podamos dar efectiva y oportuna respuesta a los requerimientos de la ciudadanía en una materia tan sensible como la persecución penal", explicó.

El fiscal recordó que actualmente la Fiscalía Nacional trabaja junto al Ministerio de Justicia en un proyecto de fortalecimiento y adecuación institucional que se hace cargo de esta realidad y que, entre otras medidas, debiera traducirse en un reforzamiento de los medios humanos y técnicos con que cuentan las fiscalías.

Hasta la zona aledaña de la ruta 1 llegaron los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Antofagasta tras el hallazgo de un hombre muerto la mañana del miércoles, específicamente en el kilómetro 259, a unos 10 kilómetros al sur de control aduanero El Loa.

De acuerdo a la información entregada por la PDI, la víctima fue encontrada en el borde costero por un recolector de orilla, concurriendo hasta la aduana El Loa donde dio aviso al fiscal de turno de Tocopilla, quien dispuso la concurrencia de la unidad.

El cuerpo presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y se trataría de un hombre de 20 a 25 años de edad que se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que hasta el momento no ha sido individualizada.

Al respecto, el jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Luis Galaz, indicó que, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, llevaron a cabo diligencias investigativas tales como el levantamiento de impresiones dactilares y el trabajo de sitio del suceso con el objetivo de conocer la dinámica de los hechos y determinar la identidad de él o los responsables del hecho.