En 2021, la ganadora del premio Pulitzer, Anne Applebaum, escribió sobre la fragilidad de la democracia frente al avance de modelos políticos autocráticos en Occidente (El Ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo). Por su parte, la periodista turca Ece Temelkuran nos entrega, prácticamente, un 'manual de cortapalos' de cómo caer desde la democracia a la dictadura de facto (Cómo perder un país: Los siete pasos que van de la democracia a la dictadura). En 2018, los académicos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias discuten el incremento de la corriente populista en Estados Unidos, liderada por un personaje como Donald Trump. Con anterioridad, los economistas turco e inglés Daron Acemoglu y James A. Robinson se refirieron a la relación directa entre la política económica dictada por los dirigentes y el desplome de algunas naciones-estado (Por qué fracasan los países, 2014).

Toda esta literatura contemporánea en política, nos habla del 'tufillo' a regresión autoritaria (Cristóbal Bellolio, La Tercera, 09/04/2023), o abiertamente al avance hacia concepciones dictatoriales de cómo gobernar un estado. Esta sensación de pérdida es en contra de la democracia. El cuestionamiento que nos surge es ¿en contra de qué tipo de democracia?, de la democracia representativa, cuya 'abstención' había venido 'ganando las elecciones' antes del voto obligatorio; de la democracia político partidista, cuyo declive en Chile comienza con la visibilización del financiamiento de la política y la eufemística expresión 'boletas ideológicamente falsas'; o de las democracias capitalistas de Occidente como Corea del Sur, cuyo desarrollo contrasta con tener a su haber uno de los índices más altos de suicidios (junto con Groenlandia) a nivel mundial. De una forma u otra, las gobernanzas democráticas sí entregan mayores garantías de sana convivencia a la ciudadanía y las libertades necesarias para alcanzar el deseado bienestar social, progreso, cohesión y equidad.

El punto es por qué la gente podría preferir actualmente formas autocráticas de gobierno en desmedro de lo que hemos tenido por más de 30 años. Los resultados de la Encuesta Barómetro (IPP, UCN, abril 2023) revelaron que el 71% (noviembre de 2021) de la población encuestada está pensando en formas autoritarias de gobernanza a diferencia de la valoración de la democracia observada en agosto de ese mismo año. Podríamos reconocer que lo que nos dice la literatura internacional es que se han ido instalando 'olas de pedagogía del miedo' en diferentes partes del mundo, que según Manuel Peña Díaz buscan "la interiorización de la desconfianza y la inseguridad. Con miedo es imposible recuperar el sentido de comunidad y la tranquilidad para habitar la ciudad" ("La Pedagogía del miedo", El Español, 10/03/2017). Si bien Peña Díaz se refiere a las campañas publicitarias de empresas de seguridad, pero esto pudiese ser aplicable a todo ámbito, sobre todo al noticioso en medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, habría una 'extensión' de este fenómeno a la fabricación y venta de armas, blindaje en viviendas y vehículos, y así todo un determinismo tecnológico (Marshall McLuhan, El Medio es el masaje, 1967) en favor de una población temerosa e insegura que busca protegerse de la delincuencia y enemigos invisibles/visibles.

Aun cuando Lorena Cabrerizo argumenta que la práctica del terror constituye un instrumento de dominación (Poder Popular, 12/10/2017), el contexto real nos golpea la cara. Según la información reciente de la Subsecretaría de Prevención del delito, entre 2021 y 2022, se aprecia un aumento de un 44,6% de los delitos de mayor connotación social (El Mercurio de Antofagasta, 09/04/2023). En este sentido, los dichos recientes de la Delegada Presidencial Karen Behrens sobre la dicotomía entre percepción y realidad carecerían de base empírica; pero el discurso de la CORE Katherine San Martín tampoco reflejaría una contundencia en el discurso al momento de buscar orígenes y soluciones a la problemática. La problemática está aquí: los niveles de evaluación de nuestras autoridades regionales y locales (con notas muy 'rojas') ayudan a justificar la hipótesis de que el debilitamiento o procrastinación institucional es la clave en la caída de las democracias (María Victoria Murillo, Steven Levistky y Daniel Brinks, 2021).

Es cierto que estamos lejos de alcanzar los niveles de corrupción que se ven a diario entre nuestros vecinos geográficos, pero es evidente que este flagelo también nos ha golpeado con bastante dureza de un tiempo a esta parte. En una sociedad democrática, abierta y pluralista como la chilena, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de los casos de corruptela y deshonestidad que hemos descubierto durante los últimos años.

Los políticos que la practican son con toda seguridad los principales responsables, promoviéndola o aceptándola, usualmente en forma de "aportes", o simplemente, "negocios turbios"; los sobornadores, como causantes de la misma; los partidos políticos, carentes a estas alturas de la capacidad moral para combatirla internamente, pero con demasiada frecuencia arrogándose una autoridad ética que no tienen, para denostar a sus oponentes; el estamento judicial (jueces y fiscales principalmente), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, a menudo negligentes en su tarea; algunos medios de comunicación excesivamente politizados, silenciando o minimizando el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida con su erradicación; y la ciudadanía en general, tolerante con los políticos corruptos y reeligiéndolos permanentemente en sus cargos, quizás porque aún no está consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo, siempre.

Las causas que propician esta perversión son múltiples, a saber: la excesiva partidocracia del sistema chileno, con sus imperfecciones y poder nebuloso; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión, es decir, como el hecho de "apernarse" en diferentes cargos públicos; o el aún deficiente sistema de financiamiento de las entidades políticas. Pero es en el ámbito municipal donde radica el mayor problema, con la crónica insuficiencia de sus recursos económicos más el débil régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales. Además, está el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-administrativos, y la extremadamente pobre lista de requisitos legales para ejercer dichas funciones. Una y otra vez vemos a gente poco preparada manejando municipios de manera turbia e inepta.

Pero, por encima de todas las razones mencionadas anteriormente, la causa primera de estos males en el sector político nacional es la falta de ética de muchos de nuestros servidores públicos, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (a pesar de que desde los partidos más ideologizados se hace un permanente mal uso de este concepto), sino por simple y puro interés propio. En términos generales, ética es el sentido o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se puede hacer y de lo que debe evitarse. Sin embargo, nuestra vida pública está colmada de maquinaciones, intrigas y "trampas" que conducen a las actuaciones reñidas con la moral, que la ciudadanía conoce y puede presenciar a diario, ante la actitud casi siempre indiferente de gran parte del mundo político.

Así, los valores clásicos de las personas que participan de la función pública - imparcialidad, honradez y probidad -, han de ser necesariamente complementados hoy con los nuevos valores de transparencia y eficacia, propios de las administraciones gubernamentales del siglo XXI, y que la sociedad chilena debe exigir en todo momento. Incluso en una nueva Carta Magna, de todas maneras.